Basta con ver una pausa publicitaria en televisión o fijarse en los anuncios que aparecen cuando se navega por internet para comprobar la guerra de precios abierta entre las operadoras de telefonía durante las últimas semanas. Las distintas compañías buscan posiciones para el nuevo curso, captando clientes de rivales tras un estado de alarma en el que los cambios de compañía se vieron frenados. Ahora, con una renovada ley de telecomunicaciones en el horizonte y con la llegada de nuevos competidores durante los últimos meses, el sector vuelve a elevar la presión sobre los precios para engrosar su lista de clientes.
Los servicios de telecomunicaciones se han vuelto imprescindibles con la crisis del coronavirus, el confinamiento y el auge del teletrabajo y la educación a distancia. Sin embargo, las grandes telecos no están cosechando buenos resultados en Bolsa. Entre las tres grandes que operan en España, Orange se deja este curso un 32% de su valor; Vodafone, un 41%; y Telefónica, que esta semana tocaba sus mínimos desde la privatización, un 52%. Los analistas de Singular Bank señalaban esta semana que entre los inversores no hay confianza en el negocio de las empresas de telecomunicaciones: “Es un sector que no ha conseguido cumplir las expectativas del inversor en los últimos años a pesar del auge de la telefonía móvil”. A ello se suman otros factores como las dudas sobre el 5G o la gran deuda de estas compañías.
Con este contexto de fondo, las empresas del sector se están concentrando en mejorar su volumen de negocio a través de dos vías. Por un lado, se han hecho importantes inversiones en contenidos televisivos para lograr atraer a los clientes mediante contratos empaquetados (los que tienen varios servicios juntos), que son los que pagan una mayor factura mensual. Por otro lado, se ha buscado ganar clientes mediante agresivas ofertas de precios de móvil o de fibra. Las grandes compañías juegan en ambos ligas, ya que cuentan con segundas marcas para los segmentos de menor coste: Telefónica tiene O2, Vodafone cuenta con Lowi, y Orange juega con distintas enseñas como Amena, Simyo o República Móvil.
“Precios desfavorables” en un “mercado saturado”
La duda es si esta estrategia de precios bajos beneficia a un sector con mucha competencia. Un reciente informe de Morgan Stanley, citado por Europa Press, señalaba que “si bien el mercado (español) permanece polarizado entre la gama alta y la gama baja, consideramos que la tendencia se está desplazando hacia la dirección equivocada en todos los segmentos”. “Los precios desfavorables para el sector, con ofertas con más datos, velocidades más rápidas y/o precios más bajos reflejan el estado de un mercado saturado que recientemente vio entrar a dos nuevos competidores y donde las marcas de gama baja se vuelven más agresivas y las marcas premium se ven obligadas a reorganizar”, señalaba el informe. “No se vislumbra que esta tendencia tenga un final cercano”, zanjaba.
A la presencia de Movistar, Vodafone y Orange, se unió en los últimos años MásMóvil, que fue ganando clientes de las tres grandes mediante sus ofertas y la adquisición de pequeñas operadoras. Este año ha llegado para comerse su parte del pastel Euskaltel, que con una alianza con Virgin, ha lanzado sus servicios en todo el país, siendo el quinto operador en todo el territorio. A este mercado se ha sumado la creciente competencia de otros operadores más pequeños, como la rumana Digi. Aunque ya cuenta con una trayectoria de varios años, en un principio ligada a la comunidad rumana del país, en los últimos tiempos está capitaneando la ganancia de clientes en telefonía móvil entre los segmentos de menor coste.
Tanto Digi como Vodafone vienen de ser las compañías que más líneas móviles captaron en el pasado mes de agosto, según datos oficiosos del sector, a falta de que sean confirmados por la CNMC, responsable de las estadísticas de referencia entre las operadoras. Tanto la rumana como la británica, junto con MásMóvil, son las tres compañías que más clientes ganan en lo que va de año. Los últimos datos oficiales que se conocen se hicieron públicos este viernes y corresponden al mes de mayo, en pleno estado de alarma. En aquel mes, 295.000 usuarios cambiaron de compañía de telefonía móvil, lo que supone casi la mitad de los niveles que había en el mismo periodo de 2019. Las estadísticas están lastradas por la prohibición del Gobierno de portabilidades en las primeras semanas del estado de alarma.
Otro factor que asoma en el futuro de la batalla comercial entre las compañías de telefonía es el 5G. Para comienzos del próximo año está prevista la gran subasta del espectro radioeléctrico de esta nueva tecnología de conexión en todo el territorio. Algunas compañías como Movistar, Vodafone, Orange o Yoigo ya han lanzado servicios de esta nueva tecnología, llamada a ser una nueva generación para los servicios de conexión. Queda por ver las repercusiones en el mercado cuando este servicio se expanda en España, aunque los analistas de Singular Bank ya avisan: “los inversores son algo escépticos en confiar en que el 5G suponga una verdadera revolución y que esos miles de millones invertidos en la tecnología sean finalmente rentables”.
Esta dura pugna por el mercado llega justo cuando el Ministerio de Economía ha presentado el texto del anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. La nueva regulación está centrada en incorporar al ordenamiento español las directivas aprobadas por la Unión Europea. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones explicó que este nuevo texto pone el foco en armonizar los derechos de los usuarios a los vigentes en el resto de Europa y facilitar el proceso de portabilidad para los clientes que quieran cambiar de compañía telefónica. Por el momento se trata de un texto previo al proyecto de ley, que debería entrar en vigor a mediados del próximo año.
Las ofertas deberán ser claras y comparables
En un mercado donde el número de ofertas se multiplica, especialmente en periodos como el actual, con muchas diferencias entre velocidades, cantidad de datos o características técnicas, el nuevo proyecto de Ley remarca en su articulado la necesidad de que estas propuestas comerciales sean claras, comprensibles y comparables entre sí. Tal es así que la futura ley contempla que el propio Ministerio “garantizará que los usuarios finales tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparación independiente que les permita comparar y evaluar a los distintos servicios de acceso a internet y a los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles”.
Respecto a los contratos, la nueva ley obliga a las empresas a una mayor transparencia en cuanto a los servicios que incluye la oferta y cuáles son sus condiciones. Además, incluye un límite temporal máximo de dos años para estos contratos. Tras este periodo, que deberá ser consecuentemente informado por las compañías cuando venza, los usuarios no tendrán que pagar por rescindirlo. Además, los usuarios podrán rescindir un contrato si la operadora aplica cambios a las condiciones del servicio, salvo que sean modificaciones “exclusivamente en su beneficio”.
Otra de las novedades de la nueva ley es que esta vez si se contemplan dentro de la ley los contratos empaquetados. Estos contratos incorporan varios servicios, vinculando, por ejemplo, el móvil, el fijo, la conexión a internet y la televisión. La captación de este tipo de clientes ha sido el objetivo de las compañías de telefonía en los últimos años, al ser clientes con una factura superior. Los consumidores podrán cancelar sin coste estos contratos si uno de los servicios incluidos no cumple con lo acordado en el contrato.