El presidente de la patronal madrileña CEIM y exconsejero de Bankia, Arturo Fernández, ha asegurado en la Audiencia Nacional que votó a favor de las primeras cuentas de la entidad para 2011, que tuvieron que ser reformuladas con una inyección de ayudas públicas de 19.000 millones de euros, sin haberlas estudiado. “Si Deloitte dice que están bien las cuentas, no me las voy a leer”, ha asegurado en su declaración, según fuentes jurídicas.
Fernández, que ha comparecido durante algo de menos de una hora como imputado en la causa que instruye el juez Fernando Andreu para investigar la fusión y salida a Bolsa de la entidad, ha explicado que en los consejos de administración no se analizaron en profundidad las cuentas y que cuando tuvieron que rehacerlas el tema se abordó de “una forma muy escueta”. “Queríamos quitárnoslo de encima de la forma más rápida posible”, ha señalado.
Durante su comparecencia, en la que ha asegurado que estaba en Bankia para defender los intereses de los empresarios madrileños, ha dicho que tras conocer la nacionalización de la entidad quiso presentar su dimisión aunque no se la aceptaron y le pidieron que esperara a que tomara posesión el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Su mujer le pide explicaciones
Tras revelar que entre su mujer y él adquirieron 30.000 euros en acciones, el empresario ha señalado que ella le pregunta ahora si le va a devolver el dinero. Esta afirmación, según las citadas fuentes, ha provocado una carcajada de los abogados que asistían a la declaración.
A su salida de la Audiencia Nacional un grupo de afectados por las participaciones preferentes ha increpado al presidente de los empresarios madrileños con gritos de “chorizo”, lo que le ha obligado a abandonar el lugar de forma apresurada en un vehículo de alta gama.
Actitud “pasiva” de Deloitte
Por su parte, el presidente del Comité de Auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez, ha defendido que el Consejo aprobó en marzo pasado las primeras cuentas, que presentaban unos beneficios de 305 millones de euros, sin informe de auditoría por la complejidad de la fusión de las siete cajas de ahorros que formaron la entidad y después de que Deloitte dilatara el procedimiento y adoptara una actitud que ha llegado a calificar de “pasiva”.
Ibáñez, que también compró 20.000 euros en acciones, ha dicho que tuvo relación con los representantes de la auditora desde julio de 2011, cuando abordaron las cuentas del primer trimestre del año, aunque no fue hasta el 27 de marzo de 2012 cuando estos plantearon varias objeciones a las cuentas, entre ellas la valoración de los créditos fiscales.
En abril, según ha apuntado, les llamó reiteradamente por las cuestiones que habían quedado pendientes sin obtener respuesta. De igual modo, ha explicado que los exconsejeros conocieron el informe final 24 horas antes del 25 de mayo, cuando se reformularon las cuentas.
También ha declarado el exsecretario de Estado de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras José Manuel Fernández Norniella, que presidía la Comisión de Riesgos de la entidad. Ha asegurado que revelado que Deloitte debía haber entregado su informe sobre las cuentas el 30 de abril aunque luego lo retrasó al 7 de mayo, día en que estaba prevista la Junta General de Accionistas.
Por su parte, la exdirectora de Desarrollo de Morgan Stanley Carmen Cavero ha avalado la declaración de Ibáñez y ha señalado que los cambios que se efectuaron en los balances se debieron a una modificación de las perspectivas motivada por el deterioro general de la economía española.
Recta final de las declaraciones
Hasta el momento han comparecido ante el juez un total de 26 exconsejeros del BFA y Bankia en el marco de este procedimiento, que se instruye después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 admitiera a trámite una querella de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y otra del colectivo '15MpaRato'.
Las declaraciones judiciales de los imputados se prolongarán hasta el próximo 20 de diciembre, día en el que tendrá que declarar el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
A los 33 exconsejeros imputados, así como a Bankia y a BFA en calidad de personas jurídicas, se les atribuyen indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.