Arturo Fernández dejó de pagar facturas al Estado ya en 2005
Las administraciones públicas llevan años acumulando problemas con las concesiones de Arturo Fernández, aún presidente de la patronal madrileña. Según avanzó El Economista, Turespaña, donde Esperanza Aguirre se reincorporó durante unos meses cuando dejó la presidencia de Madrid, le reclama una deuda de 2,7 millones de euros, punto que este medio ha confirmado con la sociedad dependiente del Ministerio de Industria. La deuda que le reclama el organismo estatal tuvo su origen en 2005, cuando Arturo Fernández dejó de pagar las facturas del canon que la sociedad le remitía por la adjudicación de la cafetería del Palacio de Congresos.
La Abogacía del Estado tuvo que intervenir ya en 2005 para asesorar a Turespaña sobre un recurso que el grupo Arturo Cantoblanco interpuso para no atender las facturas que el organismo estatal le requería. Las deudas tienen como origen la gestión de la cafetería del Palacio de Congresos con sede en la Castellana (frente al estadio Santiago Bernabéu). El grupo Arturo lleva gestionando la restauración del edificio, que forma parte de Patrimonio del Estado, desde al menos 1997.
En origen, el contrato era por servicio y estaba a nombre de “Restaurantes y Hoteles Cantoblanco”. Sin embargo, las condiciones con Turespaña fueron cambiando y el organismo estatal fue imponiendo tarifas más elevadas. Así, en la adjudicación de noviembre de 2003 Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un canon variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo. Esta adjudicación se la llevó la sociedad “Arturo Grupo Cantoblanco”.
Apenas un año más tarde de quedarse con el servicio, el grupo del vicepresidente de la CEOE interpuso un recurso de alzada por sus discrepancias con las facturas que le remitía el organismo. Un recurso de alzada es un instrumento por el cual los ciudadanos pueden recurrir las decisiones de la Administración Pública y revisar un acto administrativo por el superior jerárquico del órgano que lo dictó. En este caso, el recurso quería revocar una decisión tomada por el director del Palacio de Congresos, cargo que ocupaba Octavio González Manteca.
Finalmente, el grupo de Arturo perdió la concesión en 2008 frente a la oferta de Husa, la empresa de su amigo, y rival, Joan Gaspart, también vicepresidente de la CEOE. Husa ha aclarado a eldiario.es que no tiene nada que ver con la gestión anterior que el Grupo Arturo había hecho de la cafetería. Algunas informaciones apuntan a que el servicio se prestó de común acuerdo entre ambas empresas de restauración, punto que descartó tajantemente un portavoz oficial de la cadena hotelera a este medio.
Turespaña ha vuelto a licitar el servicio en diciembre de 2012. Las condiciones han cambiado radicalmente desde aquel contrato que se quedó Arturo Fernández. El canon que pide ahora el organismo oficial es de un fijo de 45.000 euros anuales y un variable sobre la condición de los servicios del 0,2% el primer año con una subida escalonada hasta el 0,5% en el cuarto año de la concesión. El concurso, según publicó el BOE este mismo miércoles, ha quedado desierto.
Lo cierto es que el Palacio de Congresos está temporalmente cerrado para someterse a unas obras de restauración después de que se detectaran numerosas irregularidades que hacían que las instalaciones fueran inviables para celebrar actos públicos.
Requisitos para contratos públicos
En cualquier caso, llama la atención cómo el Grupo Arturo Cantoblanco se siguió quedando con contratos públicos durante todos estos años que lleva con el litigio abierto con Turespaña (que según los intereses de demora acumulados le reclama ya 3,1 millones de euros). Normalmente, la exigencia mínima para acudir a los concursos públicos es hallarse al corriente de pago con las Administraciones Públicas y ser solvente.
Según el registro mercantil, la sociedad coincidente con esta denominación (bajo la dirección de Arturo Fernández hay cerca de medio centenar de empresas con nombres muy similares) tiene una deuda con la Seguridad Social de 44.000 euros, por lo que en diciembre se dictó una orden de embargo contra la empresa. Esta deuda, como la sociedad, es diferente a la deuda que ya había trascendido de más de 400.000 euros y que se contrajo con la marca Cantoblanco Colectividades, que presta servicios a la Asamblea de Madrid.
Esta empresa tampoco es la misma que lleva el servicio de cafetería del Congreso de los Diputados. El amigo íntimo del rey, y de Esperanza Aguirre, se presentó al hemiciclo bajo la denominación de “Grupo Cantoblanco Alimentación”. En declaraciones a eldiario.es, Fernández aseguró estar al corriente de pagos con la Seguridad Social ya que dice haber negociado el aplazamiento de todas sus deudas. Fernández recuerda que este procedimiento es muy normal en tiempos de crisis entre los empresarios.
Bajo la denominación deudora del Estado, se han prestado servicios a Moncloa, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Universidad Carlos III o Aena. También a Telefónica, una de las contratas en la que el empresario ha sido acusado de hacer pagos en dinero negro.
