Hace años que la impersonal nomenclatura inglesa de los fondos de inversión forma parte del vocabulario común de las asambleas vecinales del barrio de Orcasur. Tanto, que uno ya puede ser de Oaktree, de Blackstone o quizás de Cerberus, en función de quien sea en cada caso el propietario del piso del que lo quieran echar. Las historias son múltiples, de la hipoteca impagada cuando la gran crisis inmobiliaria, del alquiler que sube de precio drásticamente cuando aterriza el nuevo gran dueño, del piso vacío que fue tabla de salvación de una familia desahuciada y ahora es objetivo de los olfateadores de la rentabilidad fácil. De todos esos casos se habla en el humilde local de la asociación de vecinos, donde el jueves hay una energía particular. “Vamos a acabar con esto”, dice Rosario Reyes, de 59 años, casi una década entrampada para que su casa vuelva a ser suya.
La manifestación por la vivienda del domingo se perfila como una de las más concurridas de los últimos años, con más de 40 organizaciones convocantes. En su despegue ha tenido un papel destacado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), miembro de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid y cuyo presidente ha sido hasta este mes Enrique Villalobos. “La gente está teniendo problemas muy grandes para, sencillamente, tener una vivienda digna y […] nadie le pone el cascabel al gato”, dice. “Por supuesto que no hay vivienda social suficiente, pero es que el simple hecho de intentar conseguir una es algo que solo está al alcance de unos pocos que tienen mucho dinero”, explica. La idea de celebrar una marcha empezó a tomar cuerpo antes del verano, pensando en buscar un amplio apoyo. “No solo es el techo, sino vivir en un barrio digno, que haya rehabilitación, que no se tale un bosque entero para montar una urbanización”, añade Villalobos, que entiende que existe una estrategia de “expulsión y sustitución” de vecinos y que “o se cambian con contundencia las normas y las políticas o esto no va a tener solución”.
Se trata de “cuestionar la legitimidad del sistema rentista”, según explica desde el Sindicato de Inquilinas Lucas, uno de los portavoces. “Entendemos que la vivienda es una cuestión de Estado y que los gobiernos, con independencia de su signo político, han fracasado a la hora de ofrecer políticas públicas que mejoren la situación”, expresa. En el Sindicato han visto sobrepasadas las expectativas de movilización. “Nuestra militancia, a nivel colectivo, le ha dado una dimensión y un alcance que hasta a nosotros mismos nos sorprende”, señala de una convocatoria que se espera masiva y que los movimientos sociales han venido calentando en asambleas y acciones autoorganizadas .
Gonzalo, uno de los coordinadores del nodo Centro-Arganzuela-Retiro y miembro del Sindicato, salió el jueves por la tarde a repartir octavillas por Callao y la Gran Vía, una de las múltiples actuaciones de sensibilización que se celebran casi a diario. “Llevamos dos semanas priorizando la ‘mani’, con más de 250 personas autoorganizadas saliendo todos los días a la calle a pegar carteles, hablar con las vecinas, en brigadas inquilinas y repartiendo panfletos. Ayer [por el jueves] llegaba la última tanda y a última hora, cuando fui a recogerlos, ya quedaba solo un taquito. ¡Parece el concierto de Taylor Swift!”, bromea. Estos nodos ciudadanos llevan días organizándose por grupos de Whatsapp. “El nivel de compromiso es muy alto, se nota el hartazgo”, explica Gonzalo. Sabela, que lo acompaña, está en varios de esos grupos y sus notificaciones no paran de saltar. “Hay cientos de mensajes”, apunta otra compañera.
Las asambleas se suceden en Getafe, en Fuenlabrada o en Alcorcón, entre otras localidades. También en los barrios del sur capitalino, como Orcasur, donde el jueves la asociación de vecinos hace las veces de taller de cartelería. “La única forma es salir, aprender, empoderarnos. ¿Los jóvenes tienen que vivir así? No ven una luz, ni siquiera compartiendo, dice Alicia Madueño, de 63, que enseña el cartel que llevará el domingo. ”Todo por hacer“, reza.
“Venimos de un nivel tan grande de atonía social y de un discurso público monopolizado por la derecha que (la manifestación) es positiva aunque no se hable (del problema de la vivienda) desde nuestra perspectiva”, explica Diego Sanz, que es portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. En un país donde el 70% de la población tiene una vivienda en propiedad, este movimiento evita centrar el discurso en el alquiler y se decanta por la “cuestión de clase”, también desde la crítica a las organización políticas. “No creemos que los partidos de izquierda tengan un plan B. ¿Cuál es el plan B cuando el Constitucional te tumba un artículo? ¿Y cuando la derecha gane las elecciones? ¿Vótame más fuerte?”, plantea, poniendo como ejemplo la sentencia que tumbó la parte de la Ley Estatal de Vivienda que pretendía ampliar los periodos de protección de la vivienda social o la que ha echado abajo la intención de la Generalitat de Catalunya de prohibir los desahucios sin ofrecer un alquiler social.
Desde Más Madrid han incentivado la protesta, a la que acudirán la portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, y en el ayuntamiento, Rita Maestre. “Puede ser muy crítica con nosotros y está bien que así sea. Con todo, queremos contribuir a soplar esas brasas para que la emergencia nacional en materia de vivienda no se convierta en desesperación, sino en organización y movilización para que lo que hoy la mayoría considera justo, que la vivienda sea un derecho, se haga mañana políticamente inevitable”, advirtió esta semana el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón.
El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que respeta “totalmente” la manifestación, aunque ha lamentado la “equidistancia” de las críticas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el Ejecutivo central. “Algunos colectivos han querido enfocar esta movilización no solo desde la reivindicación de las políticas que hacen falta en la Comunidad de Madrid, sino como una especie de exigencia al Gobierno de España”, ha lamentado. Las Juventudes Socialistas han confirmado su asistencia.
Desde el Sindicato de Inquilinas han pedido ya la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “La gestión de este gobierno se ha caracterizado por la connivencia con los caseros, ya sean grandes o pequeños, y por la negligencia, que demuestra que la Ley de Vivienda no se esté aplicando”, indica su portavoz, que señala que, “con independencia de su signo político”, las diferentes administraciones “han fracasado a la hora de ofrecer políticas públicas que mejoren la situación”.
Lucas señala que la presencia de políticos, de cualquier partido, será “una presencia incómoda” este domingo, pero defiende la capacidad de movimiento para “hegemonizar esta manifestación”. “Eso no lo han conseguido los partidos, sino los colectivos de base, que no vamos a dejar de acudir a espacios o regalar momentos que hemos construido nosotras”, reivindica. Desde la Fravm señalan que su mensaje va “a las tres administraciones” y reclaman que “no basta con escuchar y luego no hacer lo que se tenga que hacer”.
“Hemos escuchado y estamos atendiendo las propuestas que nos han hecho llegar desde las asociaciones y sindicatos, así como de las administraciones, para conseguir llegar al objetivo de que ningún ciudadano o ciudadana de este país tenga que dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda”, señalan fuentes ministeriales, que afirman entender “la dimensión del problema y sus consecuencias en la vida de las personas, especialmente los jóvenes de nuestro país”.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.