Las ocupaciones de vivienda llevan meses reduciéndose, pero el discurso 'antiokupación' es creciente, alimentado por las formaciones políticas de derecha. Un contexto que da pie a nuevos tipos de negocios. Así está ocurriendo en el caso de las aseguradoras que han comenzado a comercializar productos que otorgan a los clientes coberturas en caso de que ocupen su vivienda, su segunda residencia o algún inmueble que tengan vacío. Algunos productos incluso abarcan la contratación de empresas especializadas en 'desokupar' pisos.
“Existe una necesidad que hay que cubrir, fundamentalmente por la sensación de desprotección que vemos en los propietarios ante la ocupación ilegal de la vivienda”, asegura a elDiario.es Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, compañía que ha lanzado un producto específico, de “protección por ocupación ilegal”.
En este caso, comercializa un seguro que incluye cobertura jurídica para la recuperación del inmueble, así como una compensación económica por los daños que los propietarios puedan sufrir. Entre ellos, cita los suministros que gasten los ocupantes o el alojamiento alternativo si se trata de una primera vivienda. También, la “pérdida de rentas del alquiler y la responsabilidad civil por los daños a terceros derivados de la ocupación”, cuando sean inmuebles arrendados.
“Cada año se vienen registrando en España una media de 15.000 denuncias por ocupación”, indica Mar Garre. Y apunta a la percepción que tienen la ciudadanía. Precisamente, Línea Directa acaba de presentar un informe donde argumenta, en base a 1.700 encuestas, que el 24% de los españoles creen que hay posibilidades “medias o altas” de que le “okupen” su vivienda y el 77% considera que ya se trata de un problema social. “Es un fenómeno que está ahí y ante el cual, como aseguradores, creemos que podemos ofrecer protección”, ahonda.
Los datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que la ocupación es una realidad en retroceso. En el primer trimestre de este año, se produjeron 3.898 delitos penales relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles, según los datos que publica el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Es un 11% menos que un año antes, cuando se alcanzaron los 4.385. También es menos que en los tres primeros meses de 2021, cuando fueron 4.634 delitos.
La comunidad autónoma que registra más casos, casi la cuarta parte, es Catalunya. En el primer trimestre de este año, 1.673; pero también caen, porque en el mismo periodo de 2022 fueron 1.875; y, en 2021, 1.966, según las citadas estadísticas de Interior.
Por detrás están Andalucía, con 594 infracciones penales ligadas a la ocupación durante los tres primeros meses del año -no hay datos posteriores-; Comunitat Valenciana (420) y la Comunidad de Madrid (369).
Otra estadística oficial son los desahucios, que publica el CGPJ. En el conjunto de 2022, el número total de lanzamientos se redujo en un 7,5%. En total se practicaron 38.266 actuaciones para desocupar inmuebles.
De ellas, siete de cada diez estuvieron vinculadas a impagos de alquiler y, el resto, a ejecuciones hipotecarias y otras causas. Y, de nuevo, los desahucios por ambos motivos caen. En concreto, un 5% los realizados por impago de alquileres y casi un 16% los vinculados a ejecuciones por no pagar la hipoteca.
Sin embargo, el debate político sobre la ocupación ha sido constante a lo largo de este 2023. Lo fue durante la tramitación de la Ley de Vivienda, en vigor desde el pasado mes de mayo, donde las formaciones políticas de derecha alimentaron la premisa de que es un “chollo” para los okupas. Algo que trató de rebatir el Ejecutivo.
También en los programas electorales de las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las generales de julio se fomentó la idea de que la ocupación es un problema creciente.
El PP propuso, por ejemplo, que se impida que los “ocupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados”, algo que dejaría sin derechos básicos, como la educación o la sanidad, a las personas -menores incluidos- que por el motivo que sea estén ocupando.
Al hablar de su cobertura 'antiokupas', que lleva tres meses en el mercado, Línea Directa desglosa que el perfil del asegurado es “hombre, casado, de entre 40 y 55 años” y que el seguro fundamentalmente se ha contratado en Andalucía, Catalunya y, en menor medida, Madrid y la Comunitat Valenciana.
Hay más aseguradoras que también ofrecen seguros con coberturas ligadas a la ocupación. También, corredurías que comercializan los productos de otras entidades.
La multinacional francesa Axa indica que en uno de sus seguros de hogar “ofrece la posibilidad de contratar la garantía 'Allanamiento de morada y ocupación ilegal' para proteger al cliente en caso de sufrir una ocupación ilegal en su vivienda”, explica Francisco Olmedo, director de Particulares de Axa España. Cubre, por ejemplo, daños derivados del allanamiento u ocupación ilegal; el alojamiento, si se produce allanamiento, hasta el momento del desalojo; gastos judiciales y los “daños causados a la hora de acceder a la vivienda para su desalojo a cargo de la autoridad competente”, añade. En cuanto al porqué de poner en el mercado este tipo de coberturas, Olmedo argumenta que “es normal que el cliente quiera proteger su vivienda”.
Otra aseguradora que ha entrado en este nicho de negocio es el Grupo Catalana Occidente (GCO), a través de un seguro enfocado a hogares no habitados, en un contexto donde, en España, existen cerca de 4 millones de pisos vacíos. En esta información desglosamos donde están esos inmuebles sin habitar.
En el caso del seguro de GCO explica que incluye “un servicio jurídico completo formado por responsabilidad civil y protección jurídica específica ante procesos de ocupación ilegal”.
Junto a las aseguradoras, hay corredurías que ofrecen productos más enfocados en la asesoría legal y en la reclamación de los daños que puedan derivar de una ocupación, como el que ofrece la división de seguros del grupo de distribución Carrefour.
Otros, como el de Mio Seguros, afirman que se han basado en la experiencia personal de su consejero delegado, Suilem Fernández. “Él tenía una vivienda en proceso de venta y no pudieron desalojar a esas personas”, explica Yago Vidal, executive manager de Mio. “Perdieron el negocio de la venta y tuvieron que contratar a una empresa de desocupación. Fue un golpe psicológico”. Esta correduría comercializa un producto de la aseguradora Ges y sí incluye una empresa de “mediación con okupas”. “La mayoría son segundas residencias y alguna casa vacía en proceso de venta”. Los desalojos se hacen con una empresa dedicada a la mediación, que no indica por “confidencialidad”.
Al margen de este tipo de seguros están las alarmas “antiocupación” que comercializan empresas como Securitas Direct o Prosegur. Estas, básicamente, avisan a la policía en caso de allanamiento. “La rapidez es la forma más fácil de echarles de tu hogar”, asegura la empresa presidida por Helena Revoredo.
Sin embargo, no todas las aseguradoras respaldan esta estrategia de lanzar productos específicamente centrados en la ocupación. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, cambió el paso del sector durante un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. “Tenemos que ser serios, hay que ofrecer productos que respondan a las necesidades de la gente”, aseguró en un auditorio donde también estaba la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, quien defendió que “nadie se plantea que no sea necesario un seguro contra incendios. Igual que nadie lo hace sobre un seguro contra la ocupación”. Mapfre no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre por qué considera que este tipo de seguros no son necesarios en el mercado.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.