Más dinero público para defender a España de la lluvia de denuncias presentadas por inversores internacionales en energías renovables ante el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial (el frustrado destino en el que el Gobierno intentó colocar hace un mes al exministro de Industria José Manuel Soria). La factura en servicios de asesoría externa para este fin ya ronda los 15 millones de euros, de los que la mayor parte corresponde a contratos adjudicados con el Gobierno en funciones.
El último concurso se publicó el pasado viernes en la web del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, y está valorado en un máximo de 1,2 millones, sin contar el IVA del 21%. El plazo de presentación de ofertas para el concurso, por procedimiento abierto, está abierto hasta el próximo 12 de diciembre.
Se trata de un nuevo servicio de “asistencia especializada” al ministerio y a la Abogacía del Estado para dos demandas de arbitraje presentadas a finales de junio ante el CIADI por un grupo de empresas liderado por la israelí Sunflower (con tres plantas fotovoltaicas en España) y por Infracapital (del fondo británico del mismo nombre). Cada lote está valorado en 600.000 euros más IVA: 500.000 euros para el servicio en sí, 20.000 euros para gastos de viaje y auxiliares y otros 80.000 para “ampliaciones y/o eventual prórroga”.
Las demandas de Sunflower e Infracapital son, hasta la fecha, la antepenúltima y la penúltima de este tipo contra España ante el Ciadi. De momento, la última ha sido la planteada en agosto por las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish project companies. Fue la número 27 ante esa instancia.
España es líder en el ranking mundial de demandas relacionadas con la política energética, a gran distancia del segundo, República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía (seis cada uno).
Con más de 1.000 millones de euros en juego, las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno socialista aplicó a finales de 2010 y, muy especialmente, en los acometidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con Soria como ministro de Industria.
Desde marzo de 2014, el ministerio ha adjudicado veinte contratos de asesoría de este tipo por un importe de 13.339.115 euros, IVA incluido, a los que se sumarán los hasta 1,4 millones (IVA incluido) que el IDAE va a gastar en los pleitos abiertos por Sunflower e Infracapital.
La mayor parte de esos contratos (trece) se ha adjudicado ya con el Gobierno en funciones. De ellos, casi todos (doce contratos que suman 8,4 millones) con Soria, que dimitió el 15 de abril por el escándalo de sus sociedades en paraísos fiscales, ya fuera del ministerio, actualmente a cargo de su amigo Luis de Guindos. El ministerio de Economía propuso hace un mes nombrar a Soria como representante de España en el Banco Mundial, pero el político canario finalmente renunció por el escándalo generado.
Las beneficiarias de los más de veinte contratos de asesoría adjudicados desde 2014 han sido cinco firmas: Accuracy (4.628.250 euros), Econ One (3,5 millones), BDO (3.394.050 euros) y la UTE entre la española MacGroup y la francesa Altran (1.816.815 euros), según datos recopilados del portal de Contratación del Estado y la web del IDAE.
El CIADI es una institución internacional independiente y es una de las cinco organizaciones que integran el grupo del Banco Mundial. Los casos del Ciadi son decididos por árbitros independientes, quienes deciden en base a los hechos y el derecho invocados por cada una de las partes. “Estos procedimientos son separados e independientes de la labor del Grupo del Banco Mundial”, destaca el Ciadi.