Las organizaciones territoriales de la Federación Nacional de Transporte (Fenadismer) han acordado por unanimidad no secundar el paro indefinido en el sector convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte a partir del próximo lunes, 14 de noviembre.
En una asamblea extraordinaria celebrada este miércoles, Fenadismer se desmarca así de la convocatoria de la Plataforma, a la que sí apoyó en el paro del pasado mes de marzo.
La organización ha explicado en un comunicado que las medidas legislativas, tanto estructurales como económicas, aprobadas en el último año “no justifican en la actualidad llevar a cabo esta medida de presión límite”.
Fenadismer es una de las asociaciones más representativas del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es el interlocutor oficial que reconoce el Ministerio de Transportes. La entidad se desmarca así de la convocatoria de esa plataforma, que no está incluida en el CNTC. Se suma a otras patronales, como la mayoritaria CETM o UNO Logística, que ya se han desvinculado del paro y lo rechazaron frontalmente al poco de convocarse.
La entidad considera que “en la actualidad no se dan las circunstancias para convocar en este momento un paro del transporte, que no ha sido demandado por sus bases, al no haber motivos suficientes para llevar a cabo esta medida extrema”. Asimismo, “las medidas legislativas aprobadas tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno en este último año, tanto estructurales como económicas, no justifican en la actualidad llevar a cabo esta medida de presión límite”.
Subraya que el sector del transporte por carretera “no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica que atravesó a principios de año como consecuencia de la brutal escalada de los precios de los combustibles”. Si bien estos “se encuentran en precios elevados, las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y asimismo disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar dicho impacto”, que “confía” que el Gobierno prorrogue a partir de enero.
La federación considera asimismo que “se ha dotado al sector de nuevos instrumentos legales para mejorar la actividad de los transportistas, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la morosidad en el sector, la limitación de la participación de los conductores en las labores de carga y descarga, la generalización de la contratación por escrito para dotarles de mayor seguridad jurídica y la prohibición de la contratación a pérdidas”, sobre la que está trabajando en con los diferentes Grupos Parlamentarios “para conseguir que se amplie a todos los servicios de transporte”.
“Además los transportistas tienen a su disposición diferentes canales para denunciar cualquier incumplimiento que se produzca a las nuevas leyes de transporte aprobadas, tanto anónimamente ante la propia Administración como a través de las propias asociaciones”.
Por ello, si finalmente los convocantes del paro “no lo suspendieran y decidieran llevarlo adelante, pese a su previsible baja participación”, apela “a la responsabilidad de los convocantes para que respeten la decisión de la mayoría de los transportistas de continuar prestando sus servicios que en este momento demanda la sociedad y la economía española”.
Rechazo de CEOE, Cepyme y ATA
También rechazan el paro la patronal CEOE, Cepyme y la asociación de autónomos ATA. Estas entidades dicen “respetar la decisión de aquellos que decidan ejercer su derecho a secundar el paro, pero de ninguna manera pueden imponer su voluntad a quienes deseen seguir trabajando. No pueden repetirse los actos violentos, las coacciones y los bloqueos y cortes de tráfico que sucedieron en marzo de 2022”.
Por ello, instan al Gobierno a “que coordine e imparta las instrucciones precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se garantice la libre circulación y la seguridad vial, y para exigir las responsabilidades oportunas a quienes actúen de forma irresponsable e ilegal”.
En un comunicado conjunto, y “tras recibir las consultas de asociaciones sectoriales y empresas afectadas”, manifiestan su “oposición” a la convocatoria al entender que “agravará la difícil situación económica en la que ya nos encontramos las empresas y la población en general”.