“Como preguntes algo que no está dentro del manual, no volverás a salir”. Esta frase es de Javier Tebas, presidente de LaLiga, la patronal de clubes de fútbol profesional que organiza la principal competición en España. No es nueva, es de 2019, pero ha vuelto a circular por las redes sociales después de que este medio señalara cómo el nuevo contrato televisivo da todo el control de la información, tanto de lo que se enseña como de lo que se dice, a la organización empresarial durante las retransmisiones. En aquella entrevista que concedió al programa 'El Partidazo' de la Cope, Tebas ya defendía lo que posteriormente se ha plasmado en el pliego de condiciones para las operadoras que desde esta temporada emiten el fútbol por televisión.
“Si estás con los micrófonos de LaLiga no vas a preguntar algo que consideramos que no sea apropiado”, añadía en aquel encuentro Tebas, apuntando que esto se produce porque LaLiga tiene una “línea editorial”. El último contrato televisivo incide en esta limitación y la amplía. Dos plataformas emiten actualmente el campeonato: Movistar y Dazn. La primera adquirió todo el paquete de LaLiga, lo que incluye a sus locutores y comentaristas. La segunda, apostó por tener sus propios profesionales. El contrato, sin embargo, también limita la información durante estas retransmisiones.
La CNMC ya advirtió que esta limitación, que obliga a los profesionales a dar una imagen “positiva” sobre clubes y la competición, chocaba con el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de información. “La CNMC tiene razón en sus apreciaciones”, señala Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE). “Supone un control que va contra el ejercicio objetivo de la información y atenta a la libertad de información y el derecho que tiene el ciudadano de recibir una información equilibrada”, asegura el representante de las asociaciones de profesionales de España.
Su predecesor en el cargo y vocal de la Asociación de Periodistas de Madrid, Nemesio Rodríguez, coincide con esta apreciación. “Estas condiciones limitan claramente el derecho a la libertad de expresión de los comentaristas y el de información de los ciudadanos, garantizados ambos en el artículo 20 de la Constitución”, apunta. “Las condiciones también limitan el derecho de crítica, expresado ya sea con imágenes o con voz, y esto es un elemento básico de la libertad de expresión”, añade el expresidente de la FAPE.
Hasta la fecha, Movistar+ tenía los derechos en exclusiva y contaba con un equipo de profesionales que retransmitían los partidos, aunque la producción técnica dependiera de LaLiga. En diciembre se realizó la subasta de los derechos para esta temporada y las cuatro próximas. En total, cinco años por los que Telefónica y Dazn abonarán 4.950 millones para repartirse este paquete de 10 partidos por semana. Movistar decidió dejar de contar con equipo propio ante la propuesta de LaLiga de incluir ellos también la narración y los comentaristas. Dazn, que se estrena en la emisión de esta competición en España, prefirió contar con sus propios profesionales.
“El adjudicatario se comprometerá a que la personalización de la producción sea realizada de forma positiva, evitando dañar la imagen de las competiciones, clubes, jugadores y público”, reza el pliego de condiciones para aquella adjudicación. Es decir, LaLiga se garantiza poder supervisar qué se dice durante las retransmisiones. En caso de “vulneración”, la patronal pedirá a la plataforma que “no reincida”. Se reserva, incluso, la capacidad de “solicitar el relevo de aquellos locutores, narradores, comentaristas y redactores que hayan incumplido los principios citados”. De este modo, se garantiza por contrato el control en ambas plataformas.
“Es una forma de censura previa”, señala Rodríguez, ya que se anticipa que no se van a emitir imágenes ni opiniones “negativas”. “Es evidente que, en determinados casos, tales imágenes o comentarios pueden ser imprescindibles para comprender lo que está ocurriendo en un determinado partido”, apunta. “Se hurta al ciudadano de la información que necesita para formar su propia opinión”, añade.
LaLiga marca incluso cómo se deben realizar las entrevistas en el estadio, tanto a los directivos como a jugadores o entrenadores. El pliego de condiciones plantea cuestiones como consultar con el entrevistado las preguntas antes de las entrevistas, o que no se realicen preguntas sobre los árbitros y que el contenido de las cuestiones se centre únicamente en aspectos del partido. El propio Tebas ya señalaba en aquella entrevista en 2019 que no se podía preguntar a un jugador sobre su renovación con su equipo.
“El libre ejercicio del periodismo, imprescindible sostén de las democracias, supone que el periodista tiene el derecho (y el deber) de preguntar lo que estime oportuno y sirva para garantizar el derecho de información de los ciudadanos”, señala Rodríguez al respecto.
Noceda, actual presidente de la FAPE, advierte que LaLiga está “jugando con fuego” con esta estrategia. “Cualquier manipulación de la información es perjudicial para el propio manipulador ya que las imágenes las ve todo el mundo y sobre ellas es difícil tergiversar”, apunta. “Es un control que no solo daña la pluralidad, ya de por sí afectada, por la ley del fútbol y los canales de pago, sino que en control ofrece una visión parcial de una parte interesada como es LaLiga”, subraya.
Un despido que podría ser anulado
Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma por la Libertad de Información y ha llevado casos en los tribunales frente a LaLiga por disputas sobre el copyright del fútbol. “El contrato de los derechos audiovisuales es contrario a la libertad de expresión”, asegura Almeida. “Es una barbaridad que el propietario de los contenidos controle lo que se informa”, añade. El letrado considera que el comentario que se realiza durante una transmisión se enclava en la “libertad de expresión”, si no apunta a que puede situarse en la “inconstitucionalidad”.
Almeida recuerda que el hecho de que estas limitaciones que establece LaLiga se encuentren en un contrato que han aceptado las operadoras no exime del respeto a la libertad de información. Esto afecta también a la cuestión laboral que se abre con el párrafo de los pliegos que señala que LaLiga pueda solicitar el cese de un comentarista o narrador si es reincidente en su incumplimiento a dar una imagen “positiva” de la competición. “Despedir basándose en el incumplimiento de un derecho fundamental es un despido nulo, no puede imponerse el incumplimiento de la Constitución Española”, enfatiza.
LaLiga ha defendido sobre este asunto que, si bien es cierto que estas capacidades están contempladas en el contrato, no significa que se apliquen medidas para limitar la libertad de expresión. “La línea editorial es evitar preguntas sobre temas no deportivos. Nada que ver con la libertad de prensa. Es algo obvio”, ha asegurado Tebas en Twitter sobre los límites al trabajo de los periodistas.