El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea.
La cifra, que en función del desenlace de litigios aún en curso podría superar holgadamente esa cantidad, equivale a un 4% del PIB y a toda la inversión del Estado para 2022 prevista en los últimos Presupuestos, que este ejercicio se va a situar en una cuantía récord. También se acerca a lo que recaudaría entre 2023 y 2032 la subida de cotizaciones que propone el Gobierno para financiar el aumento del gasto en pensiones por las jubilaciones de los nacidos en el baby boom.
La mayoría de ese multimillonario importe se ha materializado en las últimas semanas. El grueso corresponde a los 35.000 millones de deuda de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que va a asumir el Estado después de que el pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobase la toma de control de esa entidad. Lo ha hecho por imperativo de la UE, que a través de Eurostat, ha conminado a que España se haga cargo de ese pasivo en su contabilidad nacional.
Con ello, se van a socializar las multimillonarias pérdidas del denominado banco malo y se engrosará la factura del rescate a la banca que el PP dijo que no costaría “un euro” y del que el Banco de España ya da por perdidos más de 54.000 millones, sin contar el fiasco de Sareb. Un fracaso anunciado, consecuencia del diseño inicial de este instrumento creado en 2012 por el entonces ministro Luis de Guindos, ahora en el BCE, para sacar el ladrillo tóxico del balance de la banca con la promesa de venderlo más adelante a mejor precio.
Entonces, con la economía española en situación límite por el reventón de la burbuja inmobiliaria, y para no disparar aún más la deuda del Estado, se impuso que la Sareb tuviera mayoría accionarial privada, a cambio de otorgar aval del Estado a su pasivo. Pero como los activos adquiridos a los bancos se sobrevaloraron, las pérdidas multimillonarias que afloraron luego se fueron comiendo el capital de Sareb.
A ello contribuyeron también la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.
Modelo 720
También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que va a suponer otro roto millonario para las cuentas públicas y que fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.
El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.
Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos y se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.
Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.
Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.
Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. Ahora, Hacienda deberá cambiarlo y el Estado se enfrenta a la devolución de los 230 millones recaudados en multas para los infractores, entre los que hay grandes patrimonios con activos fuera de España. Un ejemplo es la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, que aspira a recuperar los 1,75 millones que Hacienda les cobró en 2014 al regularizar sus cuentas andorranas.
El IVA de las CCAA
Hacienda también va a resolver por fin otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, según lo calificaba el Gobierno el pasado lunes, al anunciar la próxima aprobación de una orden ministerial para “desatascar un problema generado por un Ejecutivo anterior” y compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.
Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció el año pasado el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.
Como resume gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”. Este experto recuerda que también está en duda otra norma del entonces ministro, el Real Decreto-Ley 3/2016 que modificó diversos aspectos del Impuesto de Sociedades y está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y advierte de que una anulación de las disposiciones referidas a la reversión de las pérdidas por deterioro en el Impuesto de Sociedades y la limitación de las bases imponibles negativas supondría otro roto millonario para el Estado.
El Constitucional ya anuló en julio de 2020 otra norma hermana de este decreto, el Real Decreto-ley 2/2016, que estableció un pago fraccionado mínimo del 23% del resultado contable en Sociedades. Pero evitó pronunciarse sobre una posible vulneración del principio de capacidad económica, lo que habría abierto la puerta a la devolución de más de 1.000 millones procedentes del erario público.
Canon hidroeléctrico
Sí hay sentencia firme, en este caso del Tribunal Supremo, sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. El pasado abril, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se ha reintegrado a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se ha cargado al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.
El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.
Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.
Castor y autopistas
También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.
La indemnización emanaba de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.
Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.
Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.
Por ahora, el actual Gobierno calculó a finales del año pasado un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.
Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno ha reconocido que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló.