La Audiencia Nacional ha confirmado tres multas impuestas en 2022 a José María Castillo Lacabex, histórico directivo de ACS y hoy consejero delegado de su antigua filial industrial, Cobra, y a la madre del ejecutivo y a su cuñado, por usar a finales de 2017 información privilegiada sobre la inminente venta de una filial de ACS, Saeta Yield.
La Audiencia acaba de ratificar las sanciones por importe total de 180.000 euros que impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Castillo, su madre, Victoria Lacabex, y su cuñado, Arturo Sotillo. Los hechos constan en una sentencia dictada el 29 de mayo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha rechazado el recurso de Castillo y sus dos familiares.
El ex ejecutivo de ACS y actual CEO de Cobra, compañía española que fue adquirida en 2021 a ACS por el gigante francés Vinci, fue multado en junio de 2022 por la CNMV con 100.000 euros por la comisión de una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores, la “comunicación a terceros” de información privilegiada en relación con una inminente oferta pública de adquisición (opa) sobre el emisor Saeta Yield, S.A.
La sentencia de la Audiencia Nacional ha confirmado ahora que esos “terceros” eran los citados familiares de Castillo Lacabex. A su madre y a su cuñado el regulador bursátil les multó respectivamente con 65.000 y 15.000 euros, por sendas infracciones graves, con la compra de acciones de Saeta Yield “disponiendo de información privilegiada” sobre esa empresa, que en aquel momento todavía cotizaba en Bolsa.
Ambos adquirieron esos títulos tras recibir el soplo del entonces directivo del ACS de que estaba al caer una opa sobre la filial de energías renovables de la constructora de Florentino Pérez. La oferta del fondo canadiense Brookfield se anunció dos meses después.
“Es claro”, dice la sentencia, que José María Castillo, “que pertenecía al personal directivo del grupo ACS, poseía información privilegiada del proceso de opa de referencia, y prueba de ello es que intervino directamente en el acuerdo por el que se aceptó el precio de la acción de la sociedad afectada y estaba incluido en el registro de iniciados creado por el grupo ACS en relación con la meritada operación”.
Ese registro es una lista que recopila las personas que van teniendo conocimiento de esa información y que debe incluir el motivo y la fecha en que acceden a ella.
“La cuestión”, dice la sentencia, es si Castillo “comunicó dicha información privilegiada a su madre” y a su cuñado, “y si estos realizaron las compras de acciones de Saeta valiéndose de la información privilegiada”.
Algo que da por bueno la Audiencia, aunque por una cuestión formal los magistrados han anulado, como pedían los sancionados, el primer indicio en el que se basó la CNMV: una llamada telefónica que realiza el entonces directivo de ACS a su madre a principios de diciembre de 2017, en vísperas de que ella y el cuñado se lancen a comprar acciones de Saeta Yield.
La Audiencia da la razón a los recurrentes en este punto porque los requerimientos de información que les hizo la CNMV para que aportaran los registros telefónicos de determinadas fechas se hicieron “sin informar expresamente a los interesados del alcance incriminatorio que dichos documentos podrían tener y de su derecho a no autoincriminarse”. “Se hizo con un consentimiento no informado y, por tanto, viciado”, dice la sentencia.
Sin embargo, la Audiencia ha dado por buenos el resto de indicios. Cree especialmente relevantes “las circunstancias de lugar y tiempo de las compras de Saeta por los inculpados. Aquí hemos de prescindir de la llamada telefónica del día 5 de diciembre de 2017 que hemos analizado más atrás. Pero no podemos prescindir de otras fechas”.
Así, el 2 de diciembre José María Castillo “interviene directamente en el acuerdo de cierre del precio de la opa de referencia”. El 5 de diciembre se produce esa llamada a su madre y el 7 de diciembre sus familiares compran un primer paquete de acciones, con Saeta cotizando a unos 9,6 euros, un 22% por debajo del precio de la oferta que luego anunciaría Brookfield. La madre vuelve a comprar títulos el 13 de diciembre. Y el 7 de febrero de 2018 se comunica a la CNMV un hecho relevante con el anuncio de la opa sobre Saeta a 12,2 euros por acción.
“Esta cronología es en sí misma altamente significativa en relación con los hechos imputados”, dicen los magistrados.
A la “simultaneidad” de esas compras se suma que esas operaciones “no se acomodaban a su previo perfil inversor, a lo que se añade la relación de parentesco de ambos” con el directivo de ACS que tenía esa información privilegiada. Además, las declaraciones de los sancionados durante el expediente de la CNMV no fueron demasiado convincentes: “No son suficientemente suasorias para desvirtuar el conjunto de circunstancias e indicios que los inculpan”.
También se rechaza el argumento de “una desproporción” de las multas impuestas. Todas están “en el tercio inferior del abanico sancionador”, por lo que “respetan el principio de proporcionalidad, si tenemos en cuenta, además, que en todos los casos se apreció una agravante para incrementar el reproche sancionador”.
Ingeniero industrial nacido en 1971, Castillo desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en ACS, donde trabajó más de dos décadas. Fue director gerente de la filial IMESAPI (mantenimiento de carreteras) o ejecutivo en Cobra, en la que ascendió a la posición de CEO en 2016. Lideró la división de Servicios Industriales de la constructora en 2019 y en 2020 asumió el cargo de consejero delegado de Dragados, manteniendo sus responsabilidades en el área industrial. También ha estado vinculado durante años a la CEOE y ha formado parte del comité ejecutivo de su patronal del metal, Confemetal.
En 2021, la prensa especializada se preguntaba si Castillo Lacabex sería “the special one”, el elegido por Florentino Pérez para sucederle, tras el abortado relevo de Marcelino Fernández Verdes, al que el propio presidente del Real Madrid había señalado como sucesor. No fue así y se desvincularía del grupo constructor tras la adquisición de Cobra por parte de Vinci.
A finales de 2021 el grupo francés selló la compra de la antigua filial de la constructora, que este año ha cumplido 80 años de historia. El gigante galo pagó más de 4.900 millones de euros por Cobra, con plusvalías de más de 2.900 millones para ACS y un pago extra de hasta 600 millones condicionado a la puesta en marcha de proyectos de energía renovable a lo largo de los próximos años.
En 2022, tras completarse la adquisición de Cobra por parte de Vinci, Castillo fue designado consejero delegado de Cobra. Se integró en el Comité Ejecutivo del grupo francés, que forman 13 personas, incluyendo a su CEO, Xavier Huillard. En junio de ese año la CNMV anunció esas sanciones por información privilegiada que ahora la Audiencia Nacional ha confirmado.
En una reciente entrevista en El Economista, el ejecutivo se refería a su empresa en términos futbolísticos: “Ser parte de Vinci es serlo del mayor grupo constructor, de servicios industriales y concesiones del mundo occidental. Vinci vale en bolsa seis o siete veces más que ACS y tres o cuatro que Ferrovial. Es jugar en el Real Madrid de la construcción y los servicios. Y, además, tiene una peculiaridad, y es que comparte con nosotros algo que pedimos cuando nos incorporamos, que es la independencia y descentralización de la gestión, en la que ACS también creía mucho y cree mucho. Nos lo prometieron (Vinci) y lo están cumpliendo”.
La filial, con más de 40.000 empleados en todo el mundo, batió en 2023 su récord de ingresos y beneficios, con 6.500 millones de facturación (el 45%, en España) y la perspectiva de superar los 7.500 millones de cifra de negocios en 2025. elDiario.es contactó con Cobra, Vinci y Castillo para preguntar sobre este asunto, sin obtener respuesta.
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