La Audiencia Nacional desbarata las maniobras del Banco de Chile, investigado por blanquear dinero de Pinochet

El Banco de Chile ha logrado hacerse el longuis durante casi 10 meses y hasta ahora había logrado esquivar la notificación formal de la reapertura de la causa en la Audiencia Nacional, que investiga al banco privado por el presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet.

Pero según se desprende del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado 7 de octubre, esta especie de juego del gato y el ratón ha llegado a su fin: la sala ha advertido de que, una vez confirmada la notificación de las actuaciones, debe procederse “a nombrar a los querellados los profesionales que por turno les corresponda” en el caso de que no hayan designado unos de su elección.

La notificación formal de la reapertura de las actuaciones ya ha sido incluso materializada oficialmente en Chile y, por tanto, la cuenta atrás para la asignación de un abogado de oficio en España se ha iniciado tras diez meses de estrategias que en el mundo jurídico se conocen como de filibusterismo, que persiguen dilatar las consecuencias de una decisión. El abogado de los querellantes, Joan Garcés, en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, solicitó formalmente el pasado lunes que se nombren abogados de oficio a la cúpula del Banco de Chile, en un escrito presentado ante el juez de instrucción de la causa, Santiago Pedraz, incorporando el auto emitido por la Sala.

77 millones de fianza

La presente causa es una de las ramas que acabaron surgiendo de las investigaciones del juez Baltasar Garzón entre 1998 y 2010 contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, que en su día utilizó al Banco de Chile para burlar a la justicia a través de esquemas presuntamente fraudulentos en EEUU y en paraísos fiscales. Esta entidad es uno de los principales bancos privados del país suramericano y su cúpula directiva y societaria estuvo muy vinculada a la dictadura pinochetista. En 2009, un auto de Garzón le impuso una fianza cautelar de 77 millones de euros, pero tras la salida de éste de la Audiencia Nacional el banco adujo que los mismos hechos eran investigados en el país suramericano y logró que la fiscalía solicitara, y obtuviera, que España declinara su jurisdicción en favor de la de Chile.

Sin embargo, el tesón de Garcés, que representa también a familiares de víctimas españolas de la dictadura pinochetista como Carmelo Soria, Antoni Llidó y Joan Alsina, logró reabrir la causa al acreditar que los supuestos delitos cometidos en España no han sido nunca investigados en Chile. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad el pasado enero la reapertura del caso. Por tanto, tras un extraño y largo periodo de hibernación de casi una década, la causa resucitó justo donde lo había dejado Garzón: en el auto en que el magistrado imponía al Banco de Chile la medida cautelar de 77 millones.

Y aquí es donde empezó una nueva odisea, esta vez alrededor de un acto administrativo tan aparentemente simple como la mera notificación del auto de reapertura. En todas las sociedades democráticas, la notificación es un punto de partida de cualquier procedimiento, una garantía para la protección de los derechos de los acusados. Y a esquivar la notificación se dirigió la estrategia seguida por el Banco de Chile, cuyo despacho de abogados en España compareció ante el juez para subrayar que ya no representaba a la entidad suramericana, como refleja el reciente auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

“Ciertamente que este tribunal trató de notificar el indicado auto [de enero de 2021] a un letrado que había comparecido como mandatario de los querellados durante la tramitación del procedimiento en el juzgado a los efectos de una cuestión concreta, pero el indicado letrado a través del cual se pretendía hacerles llegar a los querellados la reapertura del procedimiento no asumió las obligaciones que la ocasión merecía al carecer de vinculación actual efectiva por parte de los querellados”, recalcan los magistrados españoles en su auto del pasado 7 de octubre.

Ante la situación de bloqueo, la Audiencia Nacional había cursado antes de verano una comisión rogatoria a Chile, con lo que el alto tribunal del país suramericano examinó la pretensión del banco de que los mismos hechos habían sido investigados en Chile. Y el pasado 23 de agosto, la Corte Suprema de Chile falló, también por unanimidad, que se notificara al banco y a su presidente la comisión rogatoria española.

Notificación en Chile

Los abogados del banco no han comparecido en España, pero obviamente sí que lo hicieron, y muy activamente, ante la Corte Suprema de Chile. No obstante, sus peticiones no prosperaron, la decisión de la Corte Suprema chilena fue rotunda y unánime y a través de este fallo acabaron siendo también formalmente notificados del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del pasado enero, que reabría la causa y que hasta entonces habían intentado esquivar.

Las autoridades chilenas no solo han comunicado ya el famoso auto de reapertura a los abogados del Banco de Chile sino que obviamente han dado cuenta también de ello a los tribunales españoles, con lo que la estratagema de “indefensión” por falta de notificación ha llegado a su fin, como ratifica el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el último escrito presentado esta semana por las víctimas españolas se esgrime además la jurisprudencia europea para el nombramiento de abogados de oficio a los querellados, una obligación ratificada además recientemente por el Tribunal de Justicia de la UE en una sentencia de marzo de 2020 a la cuestión planteada por un juzgado de Badalona sobre su aplicación vinculante en España.

El departamento de Comunicación del Banco de Chile no ha contestado nunca a las preguntas sobre la causa en España que le ha formulado por escrito elDiario.es. Tampoco a las del pasado lunes sobre si la entidad tenía intención de nombrar letrado en España para evitar que se le asigne de oficio.

La causa que ha reabierto la Audiencia Nacional no persigue únicamente objetivos de reparación simbólicos, sino que puede tener repercusiones económicas muy concretas en beneficio de las víctimas y de sus familiares, sobre todo teniendo en cuenta el precedente del banco estadounidense Riggs, hoy integrado en PNC Bank. Esta entidad, que había diseñado el mismo esquema que el utilizado por el Banco de Chile para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la Fundación Española Presidente Allende para indemnizar a las víctimas con más de ocho millones de dólares e intereses de demora, la exacta cantidad escondida por Pinochet en el Riggs para burlar el embargo cautelar de la justicia española para indemnizar a las víctimas de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas sistemáticas.