La Audiencia Nacional investiga al Banco de Chile por blanqueo de capitales de la familia Pinochet

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de Chile, una de las principales entidades financieras del país suramericano, con esquemas en EEUU y paraísos fiscales. El procedimiento, impulsado por el abogado Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, es consecuencia de las acciones de justicia universal que empezaron a instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez Baltasar Garzón, y estaba paralizado de facto desde 2010, cuando el Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de Chile con el argumento de que esta investigaba los mismos hechos.

En aquel momento, la Fundación Presidente Allende opuso que en realidad se trataba de una treta para evitar la acción de la justicia, y se armó de paciencia, puesto que solo el paso del tiempo podría demostrarlo. La paciencia, combinada con el tesón y el afán de justicia, es precisamente una de las mayores cualidades de Garcés, que en 1973 era asesor del presidente socialista Salvador Allende en La Moneda cuando Pinochet dio el golpe de Estado, origen no solo de una de las más brutales dictaduras suramericanas, que se prolongó hasta 1990, sino también de múltiples litigios impulsados por el abogado español en organismos internacionales, algunos de los cuales se mantienen abiertos casi cinco décadas después.

La paciencia y el tesón pueden acabar dando sus frutos: en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día– ni afectó a las personas concretas señaladas por el procedimiento español: la cúpula directiva del Banco de Chile, encabezada por el que todavía es su máximo ejecutivo, Pablo Grafino Gavín.

En consecuencia, la sala, integrada por los magistrados Carmen-Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, ha ordenado reabrir la causa penal y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una década al juzgado de instrucción número 5, actualmente dirigido por Santiago Pedraz, a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la Fiscalía. El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse, por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado de instrucción número 5, Baltasar Garzón.

Implicaciones prácticas

Ello supone que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional podría tener ya implicaciones inmediatas prácticas de enorme calado para el Banco de Chile: el auto de 2009, que de pronto se ve resucitado, incluía la exigencia a la entidad financiera privada, que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la acción de la justicia española.

Hasta ahora, los directivos del Banco de Chile, cuyo accionariado está controlado por la familia Luksic, con fuertes lazos con la dictadura, rehúsan personarse formalmente en la causa, lo que ha sido clave para tenerla, en la práctica, congelada durante más de una década. Y esta ha sido también la estrategia seguida desde el auto del pasado junio, que no se ha podido comunicar formalmente aún a los querellados al no estar personados, razón por la cual estos no se dan por enterados, logrando así mantener la causa en una especie de limbo.

La Fundación Presidente Allende ya ha solicitado a la Audiencia Nacional que asigne a los querellados un abogado de oficio, les exija que depositen la fianza prevista en el auto de Garzón y, en caso de que sigan ignorando los autos, se proceda al embargo. elDiario.es se dirigió el pasado 17 de junio a los portavoces oficiales del Banco de Chile designados por la propia entidad financiera para plantearles por escrito varias preguntas relacionadas con la causa, pero no ha obtenido respuesta.

Ante esta situación de bloqueo, la Audiencia Nacional remitió el pasado 8 de julio una comisión rogatoria a la Corte Suprema de Chile para que se notifique los autos a los representantes legales de los querellados en este país suramericano, su base de operaciones, y en particular a Pablo Granifo, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos. A esta comisión rogatoria sí ha contestado finalmente la representación legal de los querellados, asumida por el letrado Raúl Antonio Tavolari, que recientemente ha presentado un escrito en el que trata de bloquear la notificación con el argumento de que “vulneraría el orden público nacional” al considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados.

Resarcir a las víctimas

El procedimiento tiene una gran importancia moral y simbólica en un tema tan sensible como el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes, supuestamente cometidos a través de las delegaciones del banco en Nueva York y Miami por el dictador Augusto Pinochet, uno de los más sangrientos e icónicos de los años de plomo en América Latina. Pero, además, también aspira a resarcir económicamente a víctimas del dictador con estos 77,34 millones, lo que el Banco de Chile supuestamente trata de evitar orillando la justicia española con un esquema que la acusación tipifica como fraude procesal consumado.

Hay un precedente muy alentador para la acusación popular y, además, está en los orígenes de la misma causa ahora resucitada en la Audiencia Nacional: el banco estadounidense Riggs, con sede central en Washington y hoy integrado en PNC Bank, que había diseñado uno de los esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la Fundación para indemnizar a las víctimas de la dictadura pinochetista con 8 millones de dólares, más intereses de demora, cantidad equivalente a la fianza que entonces tenía que depositar ante la Audiencia Nacional.

La Fundación Presidente Allende representa a más de 20.000 víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, de 15 nacionalidades y que viven hoy en hasta 25 países, incluyendo la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y la Agrupación de familiares de ejecutados políticos. Entre los impulsores de la causa ante la Audiencia Nacional están Laura González-Vera, viuda del editor y diplomático madrileño Carmelo Soria, torturado y asesinado en 1976; Josefina Llidó, hermana del sacerdote Antoni Llidó, alicantino de Xàbia, que fue detenido y desaparecido en 1974; y Marina Alsina, hermana del sacerdote catalán Joan Alsina, fusilado en 1973, ocho días después del golpe de Estado.

La presencia de víctimas españolas blindó en su momento la competencia de la Audiencia Nacional en la causa, que ahora vuelve a ser esgrimida tras constatar que los muy concretos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes denunciados y supuestamente cometidos por el Banco de Chile siguen sin haberse investigado ni enjuiciado jamás, ni en el país suramericano ni en ningún otro lugar.

Las posibilidades para instar a un embargo de los fondos exigidos para la fianza, en caso de no materializarse, son incluso superiores ahora con respecto a las que existían en la década de 2000, cuando el Banco Riggs se vio obligado a llegar al acuerdo extrajudicial para indemnizar a las víctimas de Pinochet. Además de la vía de los convenios bilaterales de asistencia mutua en materia penal firmados por España, el pasado diciembre entró en vigor el Reglamento 2018-1805, la nueva normativa europea sobre el reconocimiento mutuo de embargo y decomiso, aprobada en 2018 y que facilita mucho los procedimientos de embargo judicial dentro de la Unión Europea ante presuntos delitos investigados en cualquier Estado miembro.

En su última comunicación ante la Security and Exchange Commission (SEC), el regulador de los mercados estadounidenses, preceptiva para poder operar en EEUU, el Banco de Chile informaba que la entidad cuenta con depósitos en una quincena de países extranjeros, incluidos EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia, México, Perú, Japón, así como en varios países de la UE, como Suecia, Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Los fondos en la gran mayoría de estos países son susceptibles de ser judicialmente embargados a petición de los tribunales españoles, ya sea invocando los convenios bilaterales o las nuevas herramientas europeas que acaban de entrar en vigor.