Las Audiencias provinciales dieron la razón a nueve de cada diez preferentistas que decidieron demandar a los bancos por la mala comercialización de estos productos el pasado año y también a siete de cada diez afectados, en su mayoría pymes, por contratos de permuta financiera o “swaps”.
Así se desprende del Observatorio de la Jurisprudencia de Productos Financieros Complejos, elaborado por Jausas por tercer año consecutivo, en el que ha analizado más de 1.800 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo en 2014 en relación con participaciones preferentes, “swaps”, productos estructurados y obligaciones subordinadas.
De ellas, la mayor parte, un total de 1.057, estuvieron relacionadas con “swaps”, permutas financieras que en teoría buscaban proteger a los clientes de la subida de tipos de interés, de la inflación o de las oscilaciones del mercado de divisas.
En tres de cada cuatro casos, un 74,17 %, las Audiencias Provinciales avalaron a pymes y particulares, y también a otros actores menos habituales como comunidades de propietarios, religiosas y algún ayuntamiento, como el de Masquefa, en Barcelona, que llevaron a la banca a los tribunales por la mala comercialización de estos productos.
Un 70,9 % de las pymes obtuvo el fallo favorable de los tribunales, mientras que un 75,22 % de particulares consiguió la anulación de sus “swaps”, la mayoría de ellos vinculados a hipotecas.
Fue el año pasado cuando el Tribunal Supremo empezó a dictar las primeras sentencias sobre estos productos, dando la razón a cuatro de los cinco casos estudiados.
“La gran cantidad de sentencias, unido al hecho de que condenan mayoritariamente a las entidades financieras, debería obligar a la CNMV a tomar medidas contundentes contra las entidades financieras por la mala colocación de estos productos”, señala Jordi Ruiz de Villa, socio de Litigación Bancaria de Jausas, que considera que “podría tratarse de un abuso de mercado”.
Además, precisa que la “gran asimetría de información” hace que cada vez más se dé la razón a empresas y grandes corporaciones, ya sean públicas o privadas.
Mientras, en 2014 los tribunales dictaron 514 resoluciones referidas a participaciones preferentes, de las que el 90,4% fueron favorables a los inversores, un porcentaje que dobla al registrado en 2012, cuando fue del 40,3 %.
La mayor parte de los demandantes fueron particulares y solo una pequeña cantidad correspondió a pymes, ya que este producto no tuvo una comercialización masiva entre empresas, señala el estudio.
En 2014 se resolvieron por primera vez demandas presentadas por asociaciones de consumidores como ADICAE, OCU o AUGE, que en todos los casos recibieron fallos favorables.
También el Alto Tribunal se pronunció sobre los primeros recursos relacionados con preferentes, beneficiando al demandante en dos de los tres casos analizados, si bien tuvieron como protagonistas a las entidades que originaron la crisis financiera (Lehman Brothers y bancos islandeses).
Asimismo, los tribunales resolvieron 181 recursos sobre obligaciones subordinadas, una cifra diez veces superior a la de 2013, cuando estos casos empezaron a llegar a las audiencias provinciales, y en un 89,5 % de los casos ampararon a los demandantes, ya fueran un particular o una empresa.
Por último, se dictaron 55 sentencias sobre productos estructurados, aquellos que combinan normalmente renta fija con derivados, y de ellas solo el 41,81 % tuvo un fallo favorable.
“Todo indica que la avalancha de reclamaciones judiciales no ha hecho más que empezar y que a medida que vayan accediendo a las audiencias provinciales, el porcentaje de condena a los bancos ser irá incrementando”, remata Ruiz de Villa.