La reforma de las pensiones que prepara el Gobierno, con el ministro José Luis Escrivá como máximo responsable, ha incorporado un nuevo e inesperado elemento: la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de los 25 a los 35 años. El viernes pasado el ministro de la Seguridad Social anunció la medida para su análisis en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que preside Nadia Calviño, como adelantó El Mundo. La propuesta emerge como una baza ante Bruselas ante otros cambios que el Gobierno pretende aplicar para acabar con la reforma de Rajoy de 2013, explican fuentes del Ejecutivo.
El ministro ya había afirmado que el Gobierno estaba abierto a evaluar una ampliación de este periodo de cálculo para hacer “más contributivo el sistema y más equitativo”, como adelantó en esta entrevista con elDiario.es. Sin embargo, este punto no es de los que han centrado sus intervenciones sobre la futura reforma de las pensiones y, en cualquier caso, Escrivá nunca había concretado un periodo de años de esta extensión. Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social rechazan comentar elementos concretos de la reforma de pensiones, dado que aún está “en el diálogo social”. Aun así, recuerdan que el ministro ya ha sostenido que la reforma de pensiones no solo hay que abordarla con los sindicatos y patronales, sino también con Bruselas.
Los años cotizados que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación han ido aumentando en varias reformas de pensiones. En la de 1996, pactada con los sindicatos, se amplió de 8 a 15 años y la última que prolongó este periodo fue la de 2011 de José Luis Rodríguez Zapatero, también pactada con los agentes sociales, en la que se acordó avanzar progresivamente hasta los 25 años en 2022. Este 2020, se valoran las bases de cotización de los últimos 23 años para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación.
La noticia ha sorprendido a los sindicatos, que avisan de que esa propuesta no se ha planteado en el diálogo social para la reforma de las pensiones y que, además, no es una recomendación de las conclusiones del Pacto de Toledo, recién aprobadas. Pero también dentro del Gobierno a los ministros de Unidas Podemos. En la confluencia de izquierdas se han mostrado en contra de la medida, por entender que recorta las pensiones, como afirmó esta semana Isa Serra, portavoz de Podemos.
La propuesta no está enviada formalmente a Bruselas, ha explicado este miércoles la vicepresidenta económica, Nadia Calviño: “Se ha trabajado en el seno del Gobierno, en el ámbito parlamentario, en el Pacto de Toledo, se está trabajando con los agentes sociales y se trabajará también con la Comisión Europea”. La ampliación en diez años estaría dentro de un programa de reformas más amplio.
La Comisión Europea, por su parte, afirma: “La Comisión mantiene un diálogo intenso con todos los Estados miembros sobre la preparación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. Todavía no estamos en la etapa de realizar evaluaciones de los planes de recuperación y resiliencia y no entraremos en un comentario continuo sobre los contactos en curso. Corresponde a los Estados miembros proponer las diversas reformas e inversiones que quieran emprender. La titularidad nacional de sus prioridades de inversión y reforma será clave para la implementación exitosa del mecanismo”.
La reforma del PP de 2013 incluyó el denominado IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones), como sustituto de la actualización en función el IPC. Las pensiones pasaron a subir solo el 0,25%, una medida que acabó por parchear el propio Rajoy en su último año de mandato ante las protestas de los pensionistas. Ahora, el Gobierno de coalición pretende derogar el IRP y volver a revalorizar las pensiones según el IPC de forma permanente, como ha consensuado el Pacto de Toledo. Este mecanismo, más generoso, supondrá mayores niveles de gasto en pensiones.
¿Y qué ocurre ahora? Que en Bruselas recelan por acabar con una de las reformas de Rajoy en tiempos de crisis y que afecta a un pilar esencial como son las pensiones. En ese toma y daca con la Comisión Europea, para compensar medidas que elevan el gasto estructural en pensiones, se incorporan ideas para mejorar la sostenibilidad del sistema. Algunas de ellas, las que más ha mencionado el ministro Escrivá, ya están acordadas en el Pacto de Toledo, como que los autónomos pasen a cotizar por sus ingresos reales y acercar la edad efectiva de jubilación a la legal. Para alcanzar esta última meta, el ministro pretende endurecer la jubilación anticipada voluntaria.
Pero el ministro también ha puesto encima de la mesa la ampliación del conjunto de años que se cuentan para calcular la pensión, para que pasen de 25 a 35 años. En el debate abierto, también está presente la discusión sobre si se puedan excluir algunos años de cotización. Esto permitiría eliminar los peores años de una carrera laboral (si un año se ha estado en paro, por ejemplo) para que el aumento de los años que se tienen en cuenta penalice menos la pensión, algo que ya ha pedido el Pacto de Toledo con el actual sistema de 25 años.
Reforma que puede conllevar recortes
Ampliar los años cotizados para el cálculo de la pensión es una medida controvertida. Por un lado, se suele decir que hace más contributivo el sistema: si se tienen en cuenta más años de la vida laboral de una persona, el sistema de pensiones le devuelve una pensión más ajustada a lo que ha aportado. Por otro lado, también puede conllevar recortes en la pensión, ya que tradicionalmente los trabajadores alcanzan mejores salarios al final de su carrera. Así, si se incluyen más años en el cómputo, se suelen incluir salarios inferiores y las pensiones luego son más bajas.
Esto no es siempre necesariamente así. De hecho, la pasada crisis económica dejó importantes 'agujeros' de cotización en muchas carreras laborales y ampliar los años de cálculo podría beneficiar a personas que se quedaron en paro a edades avanzadas. Más aún si, como ha recomendado el Pacto de Toledo, se permite eliminar ciertos años del cómputo.
Otra cuestión relevante es el posible perjuicio que tienen estas ampliaciones en la brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres suelen tener más interrupciones de su carrera laboral, sobre todo debido a la maternidad y el cuidado.
Desde CCOO y UGT han pedido explicaciones al Gobierno tras conocer la noticia. “Aún no nos han respondido, pero preguntaremos en la mesa”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Este jueves hay convocada una reunión de diálogo social sobre pensiones. En UGT advierten de su sorpresa al conocer la información ya que la ampliación de este periodo no está en la lista de temas a tratar que elaboraron con el Ministerio que dirige Escrivá al comienzo del diálogo social, explica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social Confederal de la organización.
Bravo reconoce que en el pasado se han pactado ampliaciones de este periodo, pero dentro de un conjunto de medidas y destaca que en el presente este debate no se ha abierto. El representante de CCOO cree que el Gobierno puede debatir internamente cualquier medida, pero le inquieta que esta sea una propuesta que se haya presentado ya a Bruselas o se esté preparando, sin que se haya advertido al diálogo social. “Si es así, es una deslealtad”, señala Bravo
La medida salió del texto del Pacto de Toledo
La ampliación del periodo de cálculo estaba presente en los borradores que manejaba el Pacto de Toledo hasta muy avanzadas las negociaciones, pero en el texto definitivo que aprobó la comisión y el Pleno del Congreso ya no figuraba.
En textos previos, se emplaza al Gobierno a analizar el impacto de la ampliación del periodo de los 15 a 25 años y añadía: “Dicha evaluación debe contemplar, también, la posibilidad de efectuar futuras ampliaciones del periodo de tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora, alcanzando incluso, en su caso, la totalidad de la vida laboral, así como la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables”.
La frase se recortó y, finalmente, el texto aprobado se quedó solo con la segunda parte: “Dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión”.
Una medida que sí plantea el Pacto de Toledo –y que a veces se confunde con el periodo de cotización para el cálculo– es la posibilidad de ampliar el tiempo cotizado para acceder al 100% de la pensión. En 2020 se tiene que haber cotizado 36 años para alcanzar el 100%. Con 15 años, se tiene derecho al 50% de la base reguladora. Las recomendaciones de la comisión plantean la posibilidad de ampliar estos años, pero no se refieren al periodo de cálculo.