La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho este jueves un diagnóstico global positivo de cómo evolucionan las cuentas del país: creen que España cumplirá con su objetivo de déficit del 2% del PIB para 2019, tal y como se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea.
Sin embargo, ha pedido al Ministerio de Hacienda que “llame a capítulo” a varias administraciones públicas por su elevado gasto durante el presente ejercicio, entre ellas la Comunidad de Madrid y su ayuntamiento.
En concreto, recomiendan la activación de mecanismos de control y prevención sobre las comunidades de Canarias, Madrid y Navarra y sobre los ayuntamientos de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y el cabildo de Tenerife.
En las tres regiones citadas el crecimiento de los gastos es “elevado”, advierten, y oscila entre el 5 y el 8% una vez descontadas las operaciones no recurrentes (gastos extraordinarios que solo han de realizarse puntualmente un ejercicio) y la distorsión de los fondos de la UE. Este último efecto se refiere a la inyección extraordinaria de millones que recibieron las comunidades autónomas en 2018 por la liquidación final de una serie de programas europeos, y que ya no se va a repetir.
Los mayores gastos en los que están incurriendo las comunidades se refieren a conciertos educativos y sanitarios, advierte la AIReF.
En cuanto a los ayuntamientos (Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Tenerife), se recomienda la activación de medidas preventivas “por el fuerte incremento registrado y previsto de los gastos, con tasas de variación en el entorno del 10%”.
Se trata de aplicar el artículo 19 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que implica que una vez que las citadas administraciones han hecho caso omiso a la recomendación de “autodisciplinarse” para ajustar sus cuentas, el Ministerio toma la iniciativa de “llamarles a capítulo”, según la expresión usada por fuentes de la AIReF. El proceso comienza con un trámite de audiencia pública en el que la Administración Central reclama a la comunidad o ayuntamiento que expliquen qué van a hacer para resolver la situación. Estas últimas administraciones tienen un mes para responder. De no considerarse suficiente, se podrían activar medidas correctivas adicionales.
Más allá de los ayuntamientos citados, el organismo que preside José Luis Escrivá recuerda los problemas estructurales de sostenibilidad de Almonte, Jaén, Jerez de la Forntera, Parla y Navalcarnero, que vuelven a presentar un elevado riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2019.
Cumplimiento global
Con todo, la AIReF cree que España cumplirá con su objetivo de déficit del 2% del PIB para 2019, tal y como se comprometió el Gobierno con la Comisión Europea. La última revisión que la Autoridad Fiscal ha efectuado de las cuentas de las distintas administraciones públicas del país, y que ha presentado este jueves, mejora ligeramente sus anteriores estimaciones, que situaban en el 2,1% del PIB el desequilibrio entre ingresos y gastos previstos.
Esta mejora de las previsiones se sustenta en una mejora de las cuentas de la Administración Central, que disfruta de mayores ingresos y menos intereses de su deuda, frente al peor desempeño de comunidades autónomas y corporaciones locales. En estas últimas administraciones va a pesar sobre todo el gasto en personal, la distorsión que han producido los fondos de la UE y el gasto autonómico corriente, que es sobre todo el de los conciertos educativos y sanitarios, han explicado las fuentes de la AIReF.
Los mejores ingresos principalmente se esperan por el IRPF en la campaña de renta de 2018 y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Dicha mejora compensa el peor desempeño de otros impuestos como el IVA (ha habido más devoluciones). Dentro de la Seguridad Social, se ha revisado al alza el gasto en pensiones, por el incremento en el número de las mismas, pero su peso en PIB se ha mantenido constante.
Solo la administración central cumple la regla de gasto
La Autoridad Fiscal señala que solo la administración central va a cumplir este año con la regla de gasto. Pero en comunidades como Madrid, Catalunya y el País Vasco se ha disparado el riesgo de incumplimiento, entre otras cosas por la citada menor entrada de fondos de la UE. Tampoco se espera que se cumpla en el conjunto de administraciones locales.