La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pide un “ajuste” de más de 6.000 millones de euros al año para reducir la deuda pública y cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE). Exactamente, calcula que es necesario un “ajuste anual” del 0,43% del PIB (Producto Interior Bruto) hasta 2031 del “gasto primario” de las Administraciones para lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas según el marco europeo que empezará a funcionar en 2025.
La AIReF, un organismo “independiente” del Ministerio de Hacienda, advierte de que hace falta un ajuste “exigente” que limite el crecimiento promedio del gasto neto al 2,7% cada ejercicio en los próximos siete, desde el 3,8% que estima con la inercia actual. Este incremento del gasto primero neto se ha situado por encima del 4,5% desde 2018, con la excepción de 2021 (3,8%).
Hay que entender que este “ajuste” puede abordarse por la vía de los “recortes” y también por la vía del aumento de los ingresos, aunque ambos caminos suponen un 'golpe' para la actividad en general (es decir, para el avance del PIB y, por tanto, para la creación de puestos de trabajo) y podrían suponer un deterioro del Estado de Bienestar y de los servicios públicos. El modelo de la AIReF busca reducir la deuda pública al 80% del PIB en 2038, desde el 105% actual. Según la misma previsión, se elevaría a casi el 113% en el mismo plazo si no se hiciera nada.
El nuevo marco de la UE hereda del anterior (responsable de la austeridad posterior la crisis financiera de 2008) el objetivo final de rebajar la deuda pública al 60% del PIB (“aunque la meta ahora es una trayectoria descendente”) y de mantener el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos) por debajo del 3%.
Por encima de este 3% de desequilibrio, la Comisión Europea activa el proceso de déficit excesivo, que España ha esquivado este 2024. Este “brazo correctivo”, que implica la exigencia recortes más profundos, también se activa si “el crecimiento del gasto primario neto supera en 0,3 puntos el PIB en un año el pactado con la Comisión Europea o en 0,6 puntos de forma acumulada [dentro del plan de cuatro años]”.
La propia AIReF ha reconocido que la variable del “gasto primario neto de medidas de ingresos” de estas nuevas fiscales podría ser motivo de discrepancias entre los Estados miembros y la Comisión Europea, porque no todas las estimaciones que incluye son datos observables publicados por Eurostar o por el INE.
“Según las estimaciones actuales de AIReF, la aplicación de las reglas fiscales en España exigirá un ajuste fiscal de 0,63 puntos de PIB al año [9.000 millones aproximadamente] durante el periodo 2025-2028 [el primer plan fiscal que España tiene que presentar a la Comisión Europea en septiembre es de cuatro años] o de 0,43 puntos al año [más de 6.000 millones] durante periodo de 2025-2031, en caso de que el periodo de ajuste se extienda a siete años, ligado a la realización de reformas e inversiones [según prevén las nuevas reglas fiscales]”, explica la AIReF.
“Este ajuste se plasmará en una senda de gasto primario neto de medidas de ingresos comprometida para los próximos cuatro años. El cumplimiento de esta senda fiscal garantizará con una probabilidad alta que la ratio de deuda desciende en el medio y largo plazo, aun en escenarios más desfavorables que el considerado como escenario central”, continúa la Autoridad fiscal.
Los cálculos de la AIReF concluyen que, “a medio plazo, será necesario un ajuste menor al de la anterior crisis, pero mantenido en el tiempo”. La aplicación de las nuevas reglas fiscales de la UE supondrá “grandes retos, como fomentar consensos para dar estabilidad a los planes y fortalecer la apropiación nacional, adaptar el marcado nacional al europeo, distribuir los objetivos y ajustes entre todas las Administraciones Públicas (Central, Comunidades Autónomas, locales) y hacer compatible la reducción de la deuda con las necesidades de gasto e inversión”.
Estos “retos” incluyen abordar con más ambición “la reforma fiscal” pendiente, según todos los expertos, y que desde el Gobierno de coalición no se llega a confirmar si avanzará en los próximos meses. Además, atañe al 'melón' de la reforma de la financiación autonómica que se ha abierto con el debate sobre “la financiación singular” de Catalunya. Por último, implica al crecimiento del gasto en pensiones, que obligará a “priorizar” en qué partidas hacer un mayor esfuerzo de contención.