“Reformulación completa” de los beneficios fiscales a las aportaciones a los planes de pensiones privados por “regresivo”, eliminar la tributación conjunta en el IRPF por discriminación hacia las mujeres, modificar la reducción por arrendamiento de vivienda por no facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, revisar los tipos reducidos del IVA por “escaso efecto redistributivo” y replantear las sicav por la “alta concentración de un número reducido de accionistas”. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha analizado 13 beneficios fiscales, con un coste de 35.000 millones, que supone el 60% del total de los beneficios existentes en la segunda parte de su informe sobre 'Spending review' que ha hecho público este miércoles. Dichos beneficios totales suponen un coste de 60.000 millones de euros, equivalente a cinco puntos del PIB, de los que dos terceras partes corresponden al IVA. Este agujero sin embargo se ha reducido en la última década en 1,2 puntos del PIB debido a la desaparición de reducciones y deducciones del IRPF.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha insistido en la principal conclusión del estudio: “Los beneficios fiscales tienen un coste de oportunidad en términos recaudatorios por lo que es clave garantizar su eficacia para que cumplan el objetivo para el que fueron creados”.
Los ingresos que pierde la Administración pública van desde los 17.787 millones por el IVA reducido a los 2.392 millones por la tributación conjunta del IRPF o los 323 millones que se dejan de cobrar por los tipos reducidos de las sicav y socimis.
De los 13 beneficios fiscales analizados, la autoridad fiscal solo propone cambios o eliminaciones en cinco de estas reducciones, aunque algunas cumplan con sus objetivos hay problemas de eficiencia o el mercado al que están dirigidos tiene problemas específicos como es el caso de la vivienda. Estos son los análisis y las propuestas de las bonificaciones afectadas:
Reducción por aportaciones a planes de pensiones privados
La AIReF propone en su informe una “reformulación completa” del beneficio fiscal de los ingresos en los planes de pensiones privados, que se traduce en un gasto para el Estado de 1.643 millones, pero especifica que se debe hacer “de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo”. En su estudio, la autoridad fiscal apunta que no cumple con el objetivo de ahorro para el que fueron creados estas reducciones fiscales, ya que en teoría persigue fomentar el ahorro a largo plazo mediante la posibilidad de diferir el pago de impuestos en hasta 8.000 euros.
Aunque es es un incentivo que existe en muchas economías, la AIReF recuerda que en España coexiste con un sistema público de pensiones que, en media, garantiza el 75% de la última renta antes de la jubilación. La evaluación que ha hecho el organismo fiscalizador demuestra el escaso atractivo del beneficio fiscal una vez que se tienen en cuenta los tipos marginales y las comisiones que cobran las entidades financieras, de hecho, es el activo financiero que menos ahorro acumula, solo 11.000 euros de media.
Uno de los motivos que pueden explicar este escaso atractivos, según la AIReF, es que los rendimientos del plan de pensiones tributan en la base general que tiene un tipo máximo del 45% en lugar de tributar en la base del ahorro al tipo máximo del 23%, como los fondos de inversión.
Pero además, el beneficio fiscal solo lo utilizan las rentas altas: de los 1.643 millones que dejan de ingresar Hacienda, el 66% lo deja de pagar el 10% de los ciudadanos con mayor renta, con lo cual la autoridad fiscal apunta al claro carácter “regresivo” de la bonificación fiscal.
Reducción por tributación conjunta del IRPF
En este caso, la AIReF propone “acelerar su paulatina desaparición mediante el establecimiento de un régimen transitorio para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación a la nueva situación”, pero “compensar el efecto negativo que continuará teniendo con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres que disminuyan la brecha de género”.
Esta bonificación fiscal supone un coste 2.393 millones para las arcas del Estado y tiene como objetivo adecuar el impuesto a la estructura de rentas del hogar mediante una reducción de 3.400 euros. El problema viene dado, según la AIReF, en que aunque el beneficio fiscal consigue su objetivo al beneficiar a los hogares que solo tienen un perceptor de rentas, genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres, acentuando los problemas de brecha de género de la economía española. Por otro lado, la autoridad fiscal que España es uno de los poco países que mantiene esta bonificación, ya que la tributación conjunta está desapareciendo progresivamente en las economías de nuestro entorno.
Reducción por arrendamiento de viviendas
Para este beneficio fiscal, la AIReF recomienda cambiar el incentivo reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las especiales necesidades en áreas metropolitanas de España. En este sentido, la autoridad fiscal le ha dado uso al índice de alquiler de vivienda por sección censal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que permitiría una “modulación de la intensidad del incentivo” según las tensiones de pecios que haya en determinadas zonas de las ciudades o la inscripción como vivienda de alquiler social.
El beneficio fiscal persigue fomentar la oferta de vivienda en alquiler mediante una reducción del 60% de los rendimientos del alquiler del arrendador con un coste de 1.039 millones de euros, y aunque la AIReF admite que cumple su objetivo también apunta que es claramente “regresivo” en un contexto en el que saca los colores a la Administración central por el escaso papel del Estado en la promoción de viviendas de alquiler social y ayudas públicas en este campo.
Tipos superreducido del 4% y reducido del 10% del IVA
Para estas tasas la AIReF propone una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para “mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, en relación con aquellos bienes gravados actualmente a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas”, en definitiva lo que propone es elevar estos tipos. Ahora bien, para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de renta es necesario articular paralelamente medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a dichos bienes, así como planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal.
Estas bonificaciones son las que más coste supone para la Administración: 17.786 millones de euros. Aunque según la autoridad fiscal, el impuesto cumple con el objetivo de facilitar el acceso al consumo de bienes de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos, no lo hace de forma eficiente desde el punto de vista distributivo. De hecho, el 61% de estos beneficios fiscales se concentra en las rentas más altas.
En el informe de la AIReF se pone como ejemplo de cómo algunos de estos productos que tienen un IVA reducido benefician especialmente a las rentas más altas como es el caso de restaurantes, cafeterías, transporte de pasajeros, Hostelería, libros y prensa, paquetes turísticos y jardinería. Desde la autoridad fiscal se destacó la contradicción en el caso de bienes como las bebidas en restauración, con un tipo reducido en restauración pero en supermercados está en tipos normales.
La AIReF además apunta que estos bienes contribuyen a que la proporción del gasto a tipos reducidos sea mayor en España, lo que explica la diferencia en imposición al consumo con respecto a nuestros socios europeos. En España tenemos una media es del 11,1%, mientas que la media de la Unión Europea es del 14%.
Tipos reducidos en las sicav
Este instrumento de ahorro paga un Impuesto del Sociedades del 1% en lugar del 25%, en teoría para fomentar la inversión colectiva y diversificada. El coste para las arcas públicas es de 323 millones de euros. El problema es que la autoridad fiscal ha descubierto que hay una alta concentración de las acciones en un número reducido de accionistas que hace dudar del cumplimiento de la naturaleza colectiva de la inversión.
Ante esta situación, la AIReF propone reforzar los requisitos para mejorar el cumplimiento efectivo de la naturaleza colectiva de la inversión y señala un medida concreta como “fijar un límite máximo de participación por accionista”.