Más ayudas por hijo, dentista público y otros planes de España para sacar a más de 700.000 niños de la pobreza

Los objetivos y medidas para sacar de la pobreza a más de 700.000 menores en España ya están sobre el papel. El Gobierno ha entregado a Bruselas este martes su hoja de ruta para la ejecución de la Garantía Infantil Europea, una iniciativa inédita y con una inversión histórica, de casi 1.000 millones de euros en el caso de España, el tercer país de la UE con más niños en riesgo de pobreza.

El Plan de Acción español recoge importantes avances hasta 2030, como una “ayuda a la crianza” para todos los menores en riesgo de pobreza, unos 2,3 millones de niños en la actualidad. También el acceso de la infancia al dentista de manera pública y el acogimiento en familias de todos los niños tutelados con menos de seis años, que ya no deberían estar en centros, entre otras medidas.

El Plan Estatal de Acción para la Garantía Infantil en España 2022–2030 ha sido remitido este 15 de marzo a la Comisión Europea. El borrador que facilitó el Ministerio de Derechos Sociales a las Comunidades Autónomas la semana pasada y que ha consultado elDiario.es contiene más de 80 medidas para los próximos ocho años, con dos metas en el horizonte: algunos objetivos se prometen para 2025, en tres años, y otros deben estar listos en 2030.

Una de las promesas cuantificadas es la reducción de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en más de 700.0000 personas desde los actuales 2,6 millones de menores, con datos de 2019. La meta supone pasar de la tasa de 2019 del 30,6% a una del 21,7% en ocho años, en 2030, cuando acaba el periodo de ejecución de la Garantía Infantil Europea (GIE).

Otro compromiso que queda retratado negro sobre blanco implica que España alcanzará el gasto medio en protección social de la infancia y familia de la UE al final del periodo. España dedica el 1,3% de su PIB, mientras la media europea es del 2,3% (Eurostat, 2019), recuerda el documento.

Muchas más ayudas por hijo

Ese incremento de los recursos específicos para políticas de infancia se debería ver reflejado en la promesa de extender una “prestación de ayuda a la crianza” para todos los menores que viven por debajo del riesgo de pobreza relativa en 2030. En la actualidad hay unos 2,3 millones de niños y niñas en esta situación y la ayuda por hijo existente –de reciente creación– llega por el momento a unos 150.000 hogares. Es decir, que las ayudas de crianza deberían multiplicarse sustancialmente en los próximos ocho años.

También supondrán una mayor inversión algunos de los compromisos en salud y educación. En tres años, en 2025, el Gobierno se compromete a ampliar “la cartera común de servicios del sistema nacional de salud en atención bucodental a la infancia”. Es decir, que el dentista para los menores será asumido desde lo público.

El documento recuerda que “el 4,5% de la población de 14 a 25 años no puede acceder a atención médica por su coste, el 33,14% a atención dental y el 7,99% a medicamentos recetados”. En 2025 se verá “incrementada la eliminación de copagos sanitarios a infancia vulnerable en servicios y tratamientos esenciales” y en 2030,  la inaccesibilidad por motivos económicos a estas tres cuestiones mencionadas debería “bajar a la mitad”.

Relevantes son también los compromisos de acogimiento en familias de los niños más pequeños tutelados por las Administraciones Públicas. El Estado mantiene a miles de niños en centros residenciales (16.991), casi la mitad del total (47%), pese a que por ley se establece que el acogimiento prioritario debe ser el familiar. El Plan de Acción contempla que en tres años “ningún niño menor de 3 años del sistema de protección” vivirá en un recurso residencial. Hoy lo hacen algo más de 500. En 2030 todos los menores de seis años deberían estar acogidos en familias; 640 están ahora en centros. El acogimiento familiar debería dar un salto importante en los próximos años para pasar del 53% actual a cubrir “al 70%” de los menores tutelados en 2030.

Objetivos aún por concretarse

Junto a estas medidas cuantificadas y con fecha, hay algunas otras que están pendientes por definir. Se espera que estén concretadas pronto para cuando el Plan de Acción de la GIE pase por el Consejo de Ministros, explican en el Ministerio de Derechos Sociales.

Por ejemplo, el documento contempla el aumento de los “especialistas para la atención en salud mental de la población infantil, a nivel de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social” desde lo público para “garantizar la atención en salud mental de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social”, pero no se cuantifica ese incremento. En lo relativo a la educación, hay varios objetivos por concretarse, como las metas de reducción del abandono escolar y de aumento de la escolarización entre los 0 y 3 años, en los que no se precisan cifras.

Todas las medidas contarán con una inversión histórica en infancia, de casi 1.000 millones de euros (983 millones) entre los fondos europeos y la inversión nacional de España. La inversión europea en la GIE española alcanza, por un lado, los 527 millones que corresponden al 5% del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el porcentaje obligado desde Bruselas dado el nivel de pobreza infantil de España, como adelantó elDiario.es el pasado octubre. Y, por otro lado, a este 5% el Gobierno ha decidido sumar otros 169 millones de euros del FSE+. Por último, España sumará recursos a nivel nacional, que ha concretado en 287 millones de euros.

Para seguir el cumplimiento de la hoja de ruta, el Gobierno se compromete a elaborar un informe “de planificación y seguimiento bianual”, cada dos años, que desde 2024 deberá presentarse también a la Comisión Europea. Por último, la evaluación final del Plan se realizará al término de su vigencia, en 2030.