“Voy a pedir todas las ayudas que sean para familias numerosas”. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, cobra más de 100.000 euros anuales y reconoce un patrimonio de 1,4 millones de euros. Pese a eso, no solo percibe el bono social térmico para calefacción y agua caliente, concebido para familias vulnerables, sino que también reclamará otras subvenciones a las que pueda acceder. “Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España”, argumenta.
Su caso no es el único. Mónica García, líder de Más Madrid, también cobra el mismo bono, aunque asegura que va a estudiar “cómo devolverlo” porque asume que no lo necesita. Incluso el número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tenido que admitir que “por error” percibe la ayuda para vulnerables severos, aunque gana más de 80.000 euros.
Estos tres políticos han puesto de relieve que las ayudas para familias numerosas no tienen en cuenta su riqueza. Una constatación que ha llevado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a anunciar que se va a cambiar la regulación para introducir criterios de renta, aún por definir.
La evidencia de que un bono concebido para que los hogares con menos recursos puedan pagar la calefacción acaba llegando a alguien que no lo necesita no es un caso único. Lo mismo ha ocurrido con algunas de las medidas impulsadas para aliviar la inflación de los últimos meses, que también están revirtiendo más en las rentas altas y no tanto en las familias en situación de vulnerabilidad. Así lo señaló, por ejemplo, el Banco de España que ha cuantificado que la bajada del IVA y la bonificación de los carburantes ahorró 2.100 millones a las familias más pobres y 3.700 millones a las ricas. También, que el Estado o bien dejó de ingresar o gastó 1.600 millones más en el tercio de familias más ricas que en las más pobres a través de medidas con las que se ha buscado paliar la presión de los precios.
Si se pone el foco en las familias numerosas, estas reciben una docena de ayudas estatales, a las que se suman las diseñadas por las administraciones locales y autonómicas. En cuanto a las primeras, al igual que sucede con el bono social energético, no están directamente ligadas a la percepción de una renta determinada o per cápita, sino que en su mayoría están vinculadas al número de descendientes. Entre ellas, el descuento en la entrada a museos y centros culturales del Estado, la bonificación del 50% o del 100% en tasas educativas –esta última, si se trata de familias con más de cinco hijos–, así como descuentos en el transporte o la exención de tasas en la expedición del DNI o del pasaporte.
Además, a la hora de hacer la declaración de la renta, las familias con más de tres hijos o hijas pueden aplicarse una deducción específica o recibir su abono por anticipado cada mes. Es decir, 1.200 euros anuales a deducir en el IRPF o 100 euros al mes, si son tres hijos; 1.800 euros anuales o 150 al mes, si son cuatro; 2.400 euros anuales o 200 al mes, sin son cinco; o 3.000 euros anuales o 250 euros al mes para las familias con más de seis hijos o hijas.
A esas prestaciones se añaden las regionales y locales, que pueden ir desde ayudas para guardería o escuelas infantiles, hasta bonificaciones en impuestos como el IBI, en el tramo autonómico del IRPF o un menor impuesto sobre transmisiones patrimoniales, como sucede, por ejemplo, en Galicia o Valencia, hasta subsidios al transporte o al pago de la factura del agua.
Poner un tope de renta cambiaría el planteamiento de incentivos, como los bonos sociales eléctrico y térmico, ideados para disminuir la vulnerabilidad y evitar la pobreza energética. “Estamos desconcertados, toda esta polémica ha salpicado a las familias numerosas y somos los paganos”, se defienden desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). Consideran que se les ha puesto en el foco, entienden, generalizando. “Defendemos [que las ayudas] no sean por nivel de renta, sino que se dé protección social por el hecho de ser familias vulnerables, porque tenemos mayores gastos y más personas dependientes”.
Esta asociación argumenta que la mayor parte de las familias numerosas no son de rentas altas. “Son hogares con ingresos ajustados, por ejemplo, siete de cada diez tienen problemas para llegar a fin de mes y casi un tercio vive con rentas inferiores a 2.000 euros al mes”, según datos de la propia FEFN en base a 1.800 encuestas.
En cuanto al bono social en sí, apuntan que, del total de beneficiarios, las familias numerosas representan el 27% de los 1,2 millones de hogares en España acogidos a esta bonificación. También, que de las más de 757.000 familias numerosas con título en vigor, cerca de 348.000 disponen del bono social, según lo publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De ese último dato más de 244.000 son consumidores vulnerables y 103.722 familias numerosas vulnerables severas. Una de ellas, la del número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano. En su caso, lo ha atribuido a un “error administrativo”, porque su renta supera los 80.000 euros, cuando para ser vulnerable severo no debe exceder los 16.800.
Tras la polémica de esta semana, asumen que el Gobierno cambiará el criterio de este tipo de subsidios energéticos para introducir la variable renta. “Que sea un límite razonable”, piden. ¿Cuál? No lo cifran. En cambio, sí reclaman que se tenga en cuenta no solo los ingresos totales, sino también per cápita, en función del número de personas que integren cada hogar, se sea o no familia numerosa.
Las ayudas a estas familias de rentas altas han puesto en evidencia que hay resquicios en el estado de bienestar que, al final, derivan en que los impuestos que pagan las clases bajas y medias acaben repercutiendo de forma positiva en las altas. Y, como debate de fondo, la progresividad del sistema fiscal.
“Las ayudas sin mirar los niveles de renta generan un efecto perverso”, asegura Juan Laborda, profesor de economía financiera y derivados financieros de la Universidad Carlos III de Madrid. “Las ayudas sociales deben centrarse en las personas más desfavorecidas, en sus necesidades; y en su distribución tiene que haber prioridades. Es lo que ha pasado con este bono social [energético], que está mal diseñado”, explica.
Esa necesidad de priorizar bien adónde van las ayudas la han constatado diferentes instituciones, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a la OCDE, además del citado informe del Banco de España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos constató en un informe publicado en diciembre, aunque con datos previos a la pandemia, la brecha en la protección social en España. En concreto, antes del COVID, el 12% de las transferencias de rentas del conjunto del Estado iba a parar al 20% de las rentas más bajas. En cambio, el 20% de las rentas más altas llegaban a capturar el 30% de esas transferencias de fondos, como se ve en el siguiente gráfico.
La AIReF, en cambio, pone el foco en el plan de choque desarrollado en los últimos meses para contener la espiral inflacionista. “Las medidas que actúan sobre los precios de la energía no presentan especial focalización en los individuos de menor renta”, indica el organismo fiscalizador. Por ejemplo, cita que “la reducción del IVA o de los impuestos a la electricidad tiene un impacto homogéneo por niveles de renta, en tanto que la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible [ya eliminada] se concentran más entre las rentas altas”. También, que “los resultados que se obtienen para las bonificaciones al transporte metropolitano, cercanías o media distancia tampoco muestran focalización, al concentrarse estas infraestructuras en ciudades que en general presentan mayor nivel de renta”.
“En cambio, las medidas destinadas a compensar la pérdida de renta real provocada por la inflación como el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros a hogares vulnerables o el bono social térmico son, por definición, de naturaleza focalizada”, argumenta como actuaciones más efectivas. “Otras medidas como el complemento a las becas o la ampliación de la reducción de los rendimientos del trabajo afectan principalmente a hogares de rentas medias”, añade.
Cabe recordar que los hogares con rentas más bajas son los que más han sufrido la inflación, como se ve en el siguiente gráfico.
Las ayudas o los subsidios “tienen que tener como objetivo generar un cambio”, apunta Juan Luis Jiménez González, profesor titular del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “El Estado tiene que intervenir cuando el mercado no soluciona o para ayudar a aquellos individuos que no llegan a un mínimo que el Estado pretende”.
El problema surge, ahonda, en el diseño de las medidas, como se ha visto con el bono social eléctrico. Es decir, en la “utilización del dinero público para situaciones donde no incentivas cambios en los individuo ni ayudas a quien lo necesita”. Lo mismo puede ocurrir con ayudas públicas destinadas, por ejemplo, a poner paneles fotovoltaicos, donde se puede acabar subvencionando a rentas altas, aunque sea por una finalidad con un propósito positivo, como la transición ecológica.
Así ocurre también con la bonificación al transporte que reciben los residentes en territorios extrapeninsulares. “La AIReF expuso que el 1% de los residentes más ricos se lleva el 20% de las ayudas, 700 millones al año. ¿Por qué hay que pagar 18.000 euros de media al 1% más rico?”, se pregunta Jímenez.
“En España se utilizan en mayor medida que en otros países las desgravaciones y menos, las prestaciones sociales directas”, recalca Antonio González, vicepresidente de Economistas frente a la crisis. “Las menores rentas no tributan”, señala. “Mal puedes redistribuir si das ayudas a través de impuestos que no llegan a la gente que no paga” en el IRPF.
También Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, pone el foco en el IRPF, del que están eximidos las rentas inferiores a 22.000 euros anuales. “Hay familias que tienen deducciones que no pueden aplicarse quienes no declaran”, en referencia a esas rentas más bajas. Hogares vulnerables “de los que no se tiene información y, por lo tanto, no se puede diseñar políticas” para ellos, añade Cantó. “Para articular bien, no hay que cometer errores como llamar vulnerable a algo que no lo es. Hay que integrar el sistema, de impuestos y de prestaciones, combinando la universalidad y la focalización”.
Además, indica Antonio González, está “el problema estructural” de que el “el sistema fiscal en España sea muy poco redistributivo, mucho menos que otros países europeos”, por la “debilidad de las prestaciones sociales dirigidas a rebajar la pobreza”. Como se ve en el siguiente gráfico, España está por debajo de la UE en prestaciones destinadas a combatir la exclusión social.
Los datos de Eurostat también apuntan que España es uno de los países europeos que menos reduce la pobreza con las transferencias sociales, con los últimos datos publicados, que son de 2018.
“En España no se modulan las prestaciones sociales suficientemente en función de la renta, si quieres que sean más redistributivas, hay que modularlas con los niveles de renta, excluyendo servicios públicos que deben ser universales como la sanidad o la educación”, matiza González. El resto de prestaciones sociales, “o son solo para pobres, que son pocas; o cuando son para muchas personas, al final se dan también a los ricos”.
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