El Ayuntamiento de Madrid y Cristóbal Montoro tienen una guerra abierta desde hace más de dos años por las restricciones presupuestarias que el Gobierno central impone a los municipios. Pero pese al protagonismo mediático que acapara la capital de España, este año ya más de la mitad de grandes ayuntamientos del país (los que superan los 250.000 habitantes) se declararán en rebeldía con las reglas fiscales impuestas por Montoro.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las cuentas públicas, emitió el miércoles un informe con el repaso de la previsión de cierre de 2017 de estas grandes corporaciones municipales. Al menos cinco no cumplirán con la regla de gasto (Madrid, Valencia, Bilbao, Córdoba y Gijón), Palma de Mallorca no ha accedido a contestar a Airef (aunque el organismo ya presupone que no respetará la norma), Murcia está pendiente de aprobar el plan económico y financiero después de incumplir los propósitos de 2016, y Barcelona y Zaragoza no cumplirán con el Objetivo de Estabilidad.
En realidad, solo cuatro de estos grandes consistorios va a seguir al pie de la letra lo establecido por Hacienda. Se trata de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Alicante y Sevilla. Y otros dos, Hospitalet de Llobregat y Valladolid también tienen todas las papeletas (bajo riesgo) de ser cumplidores.
El color político de los ayuntamientos rebeldes es muy variado. Madrid y Barcelona tienen dos listas unitarias (Ahora Madrid y Barcelona en Comú), Valencia está gobernada por Compromís, Zaragoza por una coalición de Zaragoza en Común, Palma de Mallorca por Mes al frente de una coalición con los socialistas y SOM, Bilbao por el PNV, Córdoba por el PSOE, Gijón por FAC y Murcia por el PP. El denominador común es que el agujero del cinturón que Montoro quiere que sigan abrochándose aprieta demasiado después de un lustro de régimen.
Esto supone que el grueso de los ayuntamientos de mayor relevancia en España ya no se ajustarán a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno del PP lanzó en 2012 y que estrechaba el cerco sobre las finanzas públicas de los ayuntamientos.
Según la norma, los municipios tienen que cumplir con dos exigencias: el objetivo de estabilidad, esto es, que la deuda no supere el 2,9% del PIB, y la ya famosa regla de gasto: no aumentar el presupuesto por encima de una tasa de referencia del PIB a medio plazo que se fija anualmente y que este año está en el 2,1%.
Capacidad o necesidad de financiación en millones de euros
Estas duras restricciones, especialmente la regla de gasto, llevaron a los municipios a atesorar en su conjunto más de 7.000 millones de euros en superávit en 2016 y salvar así los muebles a las maltrechas cuentas públicas del Estado. Sin este ahorro aportado por los ayuntamientos (algo más del 0,6% del PIB), Montoro no hubiera podido cumplir con el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas, tras las desviaciones del Gobierno central y la Seguridad Social.
La Airef dice que algo muy similar volverá a ocurrir en 2017 y que serán los ayuntamientos los que volverán a salvar los compromisos del Estado, pese a que lo que se les pide a priori no es que tengan superávit, solo que logren equilibrar sus cuentas. Pero como las otras restricciones presupuestarias les impiden gastar, al final los municipios atesoran estos superávit que tienen que destinar a amortizar deuda en caso de tenerla.
Pero 2017 va a marcar un cambio de tendencia. Los grandes ayuntamientos ya se han cansado de las exigencias de Hacienda y, aunque seguirán teniendo superávit, lo reducirán en un 40% respecto al ejercicio de 2016. De ahí que varios pasen a incumplir la exigencia de la regla de gasto. Pero esta disminución será compensada por los pequeños ayuntamientos, que en 2017 lograrán acumular importantes superávit hasta superar incluso el ahorro del 0,6% cosechado el año pasado.