El Gobierno de Mariano Rajoy encargó varios informes a la ingeniería pública Ineco para evaluar la implantación de un peaje en autovías como el que ha planteado poner en marcha en 2024 el Ejecutivo socialista dentro de las reformas del Plan de Recuperación, una medida que los populares ahora rechazan. “La imposición de peajes es una medida muy dañina para el conjunto de la sociedad”, ha dicho este miércoles en la sesión de Control el diputado del PP Andrés Lorite.
En el informe más reciente, y tal y como avanza la SER, el Ministerio de Fomento que entonces dirigía Íñigo de la Serna pidió a Ineco en febrero de 2018, a unos meses de la moción de censura que descabalgó a Rajoy, y “con carácter urgente”, la realización de cálculos estimativos “orientados a obtener las tarifas a aplicar a las dos tipologías fundamentales de vehículos (vehículos ligeros y vehículos pesados)” para el año 2021.
El documento estimaba una recaudación de 2.743 millones de euros para este ejercicio con la implantación de ese pago por uso. Planteaba “considerar la aplicación de tarifas tanto a vehículos pesados como a vehículos ligeros” como la alternativa “más acorde a las políticas europeas basadas en el principio de internalización de costes (”quien contamina, paga“) y a las tendencias observadas en otros países de la Unión”.
En enero de 2018, Ineco realizó para Fomento un “Análisis de Sistemas de Financiación para la Gestión Óptima de la Red de Carreteras del Estado” que recomendaba la adopción de un pago por uso de la red de carretera de alta capacidad. Era la alternativa que permitiría “avanzar en la definición de un modelo coherente, completo, sostenible, eficiente y convergente con las tendencias europeas”.
No obstante, el documento advertía de la “muy baja” aceptación social que tendría esta opción, por la que el peaje “podría ser cobrado directamente por las Sociedades Concesionarias o podría asignarse a un Fondo Sin Personalidad Jurídica que respaldaría el pago de inversiones necesarias para los sistemas de cobro, así como de las labores de mantenimiento ordinario y extraordinario” de las infraestructuras.
El estudio señalaba que esta opción sería la más ajustada a las directivas europeas, la que “mejor permite afrontar las carencias” del sistema de financiación y gestión de la red y la que permitiría “afrontar el proceso de reversión de autopistas de peaje al usuario por vencimiento del plazo concesional”.
Otro informe de 2012
Hay otro informe elaborado también por Ineco para el Gobierno del PP y que es mucho más antiguo. Data de junio de 2012, poco después de la llegada de Rajoy a Moncloa y con Ana Pastor al frente de Fomento. Consiste en un “Estudio para la implantación de un sistema de peaje abierto en la red de carreteras de alta capacidad del Estado”. Realizaba un análisis comparativo con otros países europeos y ya planteaba la posibilidad de un pago por uso de la carretera en función de la distancia recorrida.
El estudio advertía de que el sector español de transporte de mercancías por carretera, “económica y socialmente muy relevante”, sería “el más afectado” si se pusiera en marcha.
“La introducción del gravamen por el uso de las carreteras afectará esencialmente al sector español dado el limitado tránsito de transportistas extranjeros por la red viaria española. Se estima que el impacto directo en el empleo sería de entre 3 y 5 mil puestos de trabajo que se verían en parte compensados por el incremento en la actividad en otros modos de transporte. En todo caso la incidencia en el empleo es significativa dada el bajo nivel de formación del sector y su difícil empleabilidad”.
“En caso de que se opte por una tarificación en función de la distancia recorrida, el ingreso anual estimado incluyendo vehículos pesados estaría entre los 2.700 – 3.000 millones de euros en los primeros años de la implantación. Estos ingresos se derivan de aplicar una tarifa legal de 3 céntimos por vehículoâ€km, aunque el ingreso medio sea algo inferior como consecuencia de la ubicación de los pórticos en las vías”, añadía el informe.
Ese documento pronosticaba que la repercusión a corto plazo de la inflación sería de “entre el 0,03 y el 0,2% dependiendo de la cuantía y alcance del gravamen”, aunque a medio plazo “el impacto será prácticamente imperceptible”, y apuntaba que los estudios sobre las experiencias alemana y austríaca “apuntan a un ligero aumento de los precios del 0,1%”.
Este miércoles la diputada del PP Carolina España ha asegurado en el Congreso que un peaje a las autovías, junto al aumento de las tasas aeroportuarias que prevé Aena, “se cargan el turismo”. El informe encargado por Ana Pastor en 2012 pronosticaba que el impacto del pago por uso sería “menor”, aunque recomendaba implantar “un sistema de pago claro y sencillo de aplicar. Esto es esencial ya que la recaudación que se espera obtener de los excursionistas (unos 33 millones de euros anuales) es relativamente escasa en comparación con la importancia de su gasto para la actividad económica”.
Tras plantear el pago por uso en todas las autovías españolas a partir de 2024, el Gobierno ha descartado que vaya a llevar a cabo la medida que ha propuesto a la Comisión Europea si no cuenta con el apoyo del resto de los partidos políticos.
“Como es una reforma estructural e importante, cuando haya una propuesta real el Gobierno vendrá a las Cortes para debatirlo entre todos los grupos parlamentarios para ver qué se hace, pero si no hay consenso, la propuesta no saldrá adelante”, ha explicado esta semana el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
“Queremos abordar el debate, nada más. Somos conscientes de que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo mantener la red de alta capacidad, pero eso no es un problema nuevo, sino bastante recurrente. El cómo y el cuándo habrá que decidirlo entre todos”, dijo Ábalos el martes en el Senado.