El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha aconsejado revisar los bienes gravados con los tipos de IVA más bajos, reducido y superreducido, para conseguir aumentar la recaudación ante la elevada deuda pública y déficit consecuencia de las medidas para hacer frente al COVID-19.
Hernández de Cos ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso que el sistema impositivo español tiene un volumen “muy elevado” de bonificaciones fiscales que hacen reducir los tipos medios efectivos.
Ha puntualizado que “mirar al resto de países europeos puede ser una vía útil” para ver que no solo España recauda menos, sino que por ejemplo la imposición sobre el consumo es más baja.
“Y no debido a que el IVA sea más alto o más bajo, sino porque el número de bienes sujetos al IVA reducido o superreducido es mayor”, ha puntualizado, tras incidir en que “este es un elemento de interés a tener en cuenta en el debate”.
En su opinión los impuestos españoles (IVA, IRPF o sociedades) no son muy distintos al resto de los de los países europeos, pero sí las deducciones y bonificaciones, por lo que ha abogado por considerar los informes que emita la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para ver qué deducciones son prescindibles o no.
Como ejemplo ha puesto analizar las deducciones del impuesto de sociedades al I+D y ver si cumple su objetivo o solo son una financiación de gasto que se hubiera producido en todo caso.
Hernández de Cos ha evitado entrar en el debate ideológico sobre si hay que subir o bajar impuestos, aunque ha incidido en que el elevado nivel de beneficios fiscales existente “genera pérdidas importantes de recaudación, y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo”.
“Los resultados que arroje la segunda fase del proceso de revisión del gasto público que está llevando a cabo la AIReF, que incluye explícitamente el análisis de los beneficios fiscales supondrán una contribución importante de cara a este proceso necesario de revisión integral de la eficiencia del sistema impositivo”, ha señalado.
Sobre los impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, actualmente en tramitación parlamentaria, ha dicho que su capacidad recaudatoria dependerá del grado de coordinación fiscal a escala internacional.
Y ha avisado también de cara a la introducción de nuevos tributos, como los medioambientales o sobre la actividad de algunas empresas multinacionales.
La reforma fiscal debería acometerse a medio plazo para rebajar el déficit público, cuyo proceso de reducción se debe retomar “una vez que se hayan disipado los efectos de la crisis, no antes”, con recortes anuales del déficit estructural del 0,5 % del PIB que permitirían situar la deuda por debajo del 100 % a finales de 2030.
Al respecto ha advertido de que mantener unos niveles de deuda pública permanentemente altos lastra el potencial crecimiento económico, deja la economía expuesta a cambios de sentimiento en los mercados y reduce el margen para afrontar perturbaciones imprevistas como la crisis actual.