En su informe anual, el Banco de España hace sus acostumbradas recomendaciones sobre mercado laboral, que tantos problemas le trajeron ya al anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero en esta ocasión, va un paso más allá. En el primer capítulo del informe, el organismo dibuja el desolador panorama laboral español que, reconoce, no se ha logrado paliar pese a los “esperanzadores logros” alcanzados por la reforma laboral “en materia de flexibilidad interna y de moderación salarial”.
En este sentido, recomienda barajar la posibilidad de que se puedan hacer contrataciones al margen de los convenios colectivos, saltándose líneas rojas en materia laboral como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es el suelo para hacer un contrato en España.
Literalmente el texto pide “explorar la posibilidad de establecer nuevas fórmulas que permitieran, en casos especiales, la desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva, o mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad”. Es decir, que el organismo cree que un sueldo de 645 euros al mes puede suponer una barrera para que se contrate a gente.
El supervisor bancario, dice que los resultados en materia de contratación son “insuficientes” pero lo disculpa entendiendo que “muy probablemente esta sea una de las áreas en las que las medidas necesitan tiempo para desplegar todos sus efectos”. Por supuesto, en línea con su argumentario habitual, el Banco de España también incide en que los sueldos se dejen de actualizar con el IPC.
Eso sí, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ganó 81.320 euros entre junio y diciembre de 2012, los primeros seis meses que estuvo al frente del organismo, mientras que el subgobernador, Fernando Restoy, recibió 89.550 euros.
El sueldo de Linde está en línea con el de su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que cobró 79.250 euros desde enero de 2012 hasta el 10 de junio de ese año, cuando abandonó su cargo, según consta en el informe. En 2011, el exgobernador había obtenido un salario bruto de 176.000 euros, por debajo de su “número dos”, Javier Aríztegui, que ganó 199.000 euros.
Acelerar la reforma de las pensiones
Por otro lado, el Banco de España aconseja que se acelere tanto el retraso en la edad de jubilación (que según lo estipulado ahora irá aumentando progresivamente hasta llegar a los 67 años en 2027) como el alargamiento del periodo de cómputo para calcular la pensión (que pasará de 15 a 25 años de aquí a 2022).
El informe considera esos plazos “muy dilatados” atendiendo a la “intensificación del problema” desde que se efectuaron esos cálculos en la última reforma del sistema de pensiones hace dos años.
Además, el organismo cree que se debe aprobar, como está previsto en la actualización del programa de estabilidad, una definición adecuada del “factor de sostenibilidad” de las pensiones que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema para garantizar su mantenimiento a medio y largo plazo.
A su juicio estas actuaciones serían “muy potentes” para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reportarían “una gran certidumbre” sobre la voluntad reformista “sin impacto apreciable en las condiciones laborales y sociales actuales”.
Según la entidad, además deben afianzarse las ganancias de credibilidad logradas en el terreno fiscal, a lo que ayudaría, dice, el establecimiento de un horizonte presupuestario de medio plazo, así como una “revisión en profundidad” del sector público, que acompañaría a la nueva autoridad fiscal independiente.
Para impulsar la competitividad -terreno en el que las reformas han sido “menos profundas”, advierte- vería necesario una mayor capacidad de ajuste de precios, márgenes y costes relativos, así como “mejoras genuinas de productividad”.