No aplicar en casa lo que se exige de puertas para fuera. Es lo que hacen muchas Administraciones Públicas, que no cumplen con la obligación de tener planes de igualdad para sus propios empleados y empleadas, mientras que esta exigencia se ha ido extendiendo en el sector privado y se requiere para contrataciones con el sector público. Incumplen desde la Policía Nacional, organismos como el Banco de España, empresas públicas como el Canal de Isabel II, la Administración de Justicia, más de la mitad de las Comunidades Autónomas y la inmensa mayoría de Ayuntamientos. “Esto demuestra la falta de interés de estas Administraciones, en las que siempre hay algo más urgente que la igualdad”, lamenta Carmen López, responsable de Igualdad de FSC-CCOO.
Este 7 de marzo los planes de igualdad volvieron a ser protagonistas. Se acababa el plazo de tres años que el Gobierno dio en 2019 para que las empresas a partir de 50 trabajadores elaboraran sus planes de igualdad y se sumaran a las compañías de más de 250 empleados que ya estaban obligadas a ello. No cumplir con este mandato supone una infracción grave de las relaciones laborales, que puede acarrear multas de 7.500 euros.
Los planes de igualdad son una herramienta negociada entre empresas y plantillas para alcanzar “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres” en los centros de trabajo y para “eliminar la discriminación por razón de sexo”, como explica la Ley de Igualdad. Deben incluir un diagnóstico, que analiza de forma objetiva la situación de la empresa en este tema (salarios, acceso de mujeres y hombres, promoción profesional, techo de cristal, etc.). Sobre esa imagen de partida, se deben diseñar medidas para eliminar las desigualdades detectadas o sobre los retos hallados para alcanzar la igualdad.
Pero no solo las empresas están obligadas a tener planes de igualdad. También las Administraciones Públicas, desde mucho antes: la Ley de Igualdad de 2007. Desde entonces es un mandato para ellas, recuerda Carmen López, han pasado quince años y todavía hay muchas que no lo cumplen.
A nivel estatal, por ejemplo, la Policía Nacional, con más de 68.000 agentes y dependiente del Ministerio del Interior, no tiene plan de igualdad. Tampoco protocolo contra el acoso sexual, otra exigencia para las administraciones públicas. Fuentes de la Policía confirman a elDiario.es la carencia de un plan de igualdad aunque apuntan que está “en avanzado estado de elaboración”.
Fuentes policiales recuerdan también que el organismo cuenta con una Oficina Nacional para la Igualdad de Género desde 2018. Con más de un año de funcionamiento, la oficina promocionó como principal logro un folleto. En estos momentos, desde la Policía destacan que se ha elevado la presencia femenina en el cuerpo, “de un 14,3% en 2018 a un 16,25% ahora”, y también se ha eliminado el mínimo de estatura como criterio de acceso para hombres y mujeres, que condicionaba sobre todo la incorporación de mujeres.
Tampoco tiene plan de igualdad la Administración de Justicia, que afecta a unos 50.000 empleados. Sí cuentan con la medida los jueces y juezas, mediante el Plan del Consejo General del Poder Judicial, pero no estos otros trabajadores y trabajadoras dependientes del Ministerio de Justicia. “El Ministerio no tiene plan y de las Comunidades que han asumido la transferencia, solo lo tiene la Comunidad Valenciana”, que tiene una plantilla de unas 5.000 personas, apunta Jacinta Navas, responsable de Mujer en CCOO en la Administración de Justicia. “Ahora mismo Euskadi y Andalucía están en negociación y Madrid quiere incluirlo en un Plan para todo el personal autonómico”, añade Navas.
Otro organismo público de referencia en la lista de incumplidores a nivel estatal es el Banco de España. El banco central nacional y supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo (BCE), con unos 3.000 empleados y empleadas, no tiene plan de igualdad. “Estamos en la fase final del desarrollo del plan de igualdad, junto a los representantes sindicales. Esperamos darle impulso definitivo en próximas semanas”, responden a este medio en el organismo público. Ya en 2018, cuando el Tribunal de Cuentas tiró de las orejas al regulador por este motivo, el Banco de España respondió a este medio que estaba negociando la medida. Han pasado cuatro años.
Desde UGT explican que en 2018 hubo un plan de igualdad prácticamente terminado, pero en el último momento no hubo un acuerdo. Finalmente, ahora están en los trabajos finales para firmar el que será el primer plan de igualdad, esperan en el sindicato. Fuentes del Banco de España ponen en valor que “el 51% de los trabajadores” del organismo son mujeres y que “el 60%” del Consejo de Gobierno lo componen mujeres: “Tenemos más consejeras que consejeros”.
“En muchas ocasiones cometemos el error de que cuando hablamos de planes de igualdad y del registro retributivo para hacer acción sindical en las empresas, parece que eso no va con los servicios públicos. Y sí que va”, destacaba la semana pasada Cristina Antoñanzas, responsable de Igualdad en UGT en un acto con la federación de servicios públicos. Los planes de igualdad pueden aflorar desigualdades ocultas en los centros de trabajo, como dificultades de promoción de las mujeres, carencias de formación o brecha salarial, por lo que negar su existencia perjudica a las mujeres de estos organismos.
“Hay una falta de interés, siempre hay un motivo para no abordar la igualdad, pero también es una cuestión de recursos, porque hay que poner dinero para eliminar muchas desigualdades”, considera Carmen López.
En niveles inferiores al Estado, los incumplimientos están todavía más extendidos. La Administración General del Estado (AGE) y sus organismos asociaciones sellaron el tercer plan de igualdad en 2020, durante la pandemia. Aun con retraso, el Estado se puso al día de esta obligación. Sin embargo, de las 17 Comunidades Autónomas, “solo ocho tienen planes de igualdad para su personal: Aragón, Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares, Euskadi, Castilla y León y Castilla-La Mancha”, recuerda López. Los 'planes estratégicos' que intentan vender muchos territorios como tal “no lo son”, advierte la sindicalista, ya que no cumplen con las exigencias laborales requeridas.
“Otras seis Comunidades están negociando los planes, están en proceso”, continúa la responsable sindical de CCOO. Carmen López insiste en que, aunque los planes han sufrido un impulso con la legislación de 2019 para ampliarlos, las Comunidades tenían la obligación de implementar esta herramienta en favor de la igualdad de sus empleados y empleadas públicas desde 2007. Reitera: hace quince años.
En la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II, con más de 3.000 trabajadores, tampoco están al día con esta obligación. Tuvieron un plan de igualdad con su primer convenio colectivo, pero este caducó y por el momento la empresa pública no ha elaborado uno nuevo cumpliendo con la regulación actualizada. Desde CCOO en Canal de Isabel II denuncian “mala fe” de la compañía en la negociación con los representantes de la plantilla. Por ejemplo, con “la presentación de un plan de igualdad no negociado a espaldas de la comisión de igualdad” cuando las conversaciones aún están abiertas. En el organismo no responden sobre esto último y se limitan a apuntar que “se está negociando ahora” con los trabajadores.
Desde la regulación de 2019, con dos reglamentos que han concretado cómo deben ser los planes y añadido nuevas obligaciones como las auditorías retributivas, los sindicatos están intentando que “la Administración dé ejemplo”, sostenía Cristina Antoñanzas, “aunque muchas veces no lo hacer”. Pese a que los reglamentos sobre registros y auditorías retributivas no son obligatorios aún para las administraciones, Antoñanzas consideraba inaudito que las instituciones públicas nieguen datos desglosados por sexos de lo que cobra el personal, como le indican desde la representación de UGT. “Eso no puede ser”, criticaba.
En el último escalón de la Administración Pública, los ayuntamientos, la falta de planes de igualdad está generalizada. “Los Ayuntamientos, alrededor de 8.000, hay una gran dificultad de conocer los datos. En el estudio que pedimos a Función Pública en 2018, que incluso incluía 'planes estratégicos', no se llegaba a un 2% de ayuntamnientos con planes de igualdad. La cifta no habrá subido mucho”, apunta Carmen López. Las responsables de igualdad de los sindicatos urgen a que las instituciones públicas “den ejemplo” y garanticen los derechos laborales de su personal. Antoñanzas recordaba que a menudo se cree que el personal público es “privilegiado, pero no es cierto” con muchas trabajadoras en situaciones muy precarias, como demostró la pandemia con las empleadas de cuidado a domicilio y de residencias, por ejemplo.
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