Un castillo al pie del Mediterráneo, un refugio de montaña en la sierra madrileña y un catálogo de hoteles y apartamentos turísticos. Los trabajadores del Banco de España cuentan con un extenso abanico de posibilidades a la hora de planificar sus vacaciones. Y, además, a un precio reducido, ya que el organismo les financia buena parte del gasto de la estancia con dinero público. Se trata de un histórico beneficio del que disfrutan estos funcionarios desde hace décadas y que, a día de hoy, sigue suponiendo una factura millonaria al presupuesto del supervisor bancario.
Los más de 3.000 trabajadores del Banco de España figuran entre la élite del funcionariado español. Acceden a estas plazas por oposición, que se traduce posteriormente en un nivel elevado de ingresos que está al alcance de muy pocos trabajadores públicos. La media en 2021, según las cuentas del banco, se situó en 67.000 euros anuales; pero esta media también incluye a las categorías peor pagadas. Un subdirector general del Banco de España cobra alrededor de 160.000 euros al año, el doble que lo que se paga por ese mismo puesto en el resto de la Administración. Y ese es un salario sobre el que se construyen otros privilegios adquiridos durante la dictadura franquista, como el caso de las vacaciones. Unas prebendas que contrastan con las recetas que propone el Banco de España para las reformas estructurales de la economía, o contra la subida del salario mínimo, el gasto público o las pensiones.
Son dos las vías que ofrece el Banco de España para las escapadas turísticas de sus trabajadores. Por un lado, se encuentran dos “residencias de empleados” propiedad del organismo público: un castillo reformado a mediados del siglo XX situado en Roda de Bará, en la provincia de Tarragona, pegado a la costa, y una construcción en la localidad madrileña de Cercedilla, ubicada cerca de pistas de esquí y en plena sierra de Guadarrama. Y además de estos dos complejos, el banco también contrata con varias agencias de viajes para pagar una parte de las estancias de sus trabajadores con sus familias en hoteles y apartamentos turísticos.
El Banco de España no explica en sus cuentas anuales el coste de estos derechos adquiridos por los trabajadores por negociaciones en el pasado y que se mantienen a día de hoy. Este gasto se engloba en una partida genérica de “acción social” en el presupuesto del supervisor de 19,65 millones y que incluye todas aquellas “prestaciones y beneficios que tienen por objeto mejorar las condiciones personales o familiares del empleado”. En total, estos beneficios laborales le cuestan al banco 6.016 euros al año por cada funcionario. No se sabe qué porcentaje de este gasto va para subvencionar las vacaciones.
A preguntas de elDiario.es, el organismo ha evitado dar un importe más concreto sobre este presupuesto. El Banco de España no detalla ni el coste total ni el número de pernoctaciones anuales que financia a sus empleados, aunque otras fuentes señalan que son dos semanas al año. “El coste de estos servicios, así como las licitaciones asociadas, se realizan de acuerdo a la normativa vigente y se sujetan a los límites establecidos anualmente en la ley de presupuestos”, responden desde el Banco de España. “Las licitaciones se publican en el portal de contrataciones de la administración pública de acuerdo a lo dispuesto con la normativa vigente”, añaden, sin dar cifras concretas.
Una consulta al portal de transparencia de contratación pública y del propio Banco de España permite desentrañar una maraña de más de medio centenar de contratos en los últimos cuatro años que apuntan a que el gasto total para subvencionar apartamentos y hoteles, sumado al que suponen las dos residencias vacacionales, alcanza al menos los 4,5 millones de euros anuales.
En lo que respecta a las contrataciones de hoteles, apartamentos turísticos y “viajes culturales”, la factura de este año se eleva a 663.157,09 euros, sin contar impuestos, repartidos en una docena de contratos con distintas agencias de viajes. Es una cifra sensiblemente superior a la del año pasado (567.000 euros), si bien el dato estaba condicionado a que durante parte del año el turismo estuvo todavía afectado por la pandemia.
Estos contratos se engloban en un “acuerdo marco” que el Banco de España firmó el pasado año con seis agencias de viajes. Son con ellas con quien contrata el organismo estas estancias. Según figura en el documento de adjudicación pública, el presupuesto máximo del banco para este año y el próximo es de 2,68 millones de euros.
Gracias a estos convenios, los trabajadores del Banco de España pueden marchar en los periodos de vacaciones a distintos destinos con precios reducidos, ya que el organismo les financia parte de la estancia. Según figura en los pliegos de condiciones: “el 60% del precio total del programa se financia con las aportaciones de los empleados y el resto a cargo del Banco de España”. Sin embargo, si se trata de vacaciones invernales, el empleado aporta solo el 40%. Es decir, les sale más económico.
Este derecho adquirido por los empleados del Banco de España viene de muy lejos, y apenas ha cambiado en toda la etapa democrática. Las relaciones laborales en el organismo se rigen por su Reglamento de Trabajo: un convenio colectivo que fue firmado en 1979. Desde entonces sigue en vigor, con periódicas actualizaciones. Algunos de los beneficios sociales más anacrónicos han desaparecido con el tiempo: como un plus conocido como “Bono de Reyes”, para pagar regalos a los hijos de los empleados, que se eliminó en 2009. Pero las residencias de vacaciones siguen en funcionamiento, más de cuatro décadas después de que se firmara aquel convenio.
En aquel documento de 1979 figura que “con arreglo a la normativa también en vigor, se seguirá confeccionando, con periodicidad anual, un calendario de viajes y excursiones. Parte del coste de tales viajes será subvencionado por el Banco de España” y que “seguirá procediendo a la contratación de apartamentos en zonas turísticas para el disfrute de las vacaciones de sus empleados”. “Estos beneficios de los que disfrutan los empleados del Banco de España están recogidos en la normativa convencional vigente, de obligado cumplimiento para la institución, y que es resultado de la negociación colectiva con los sindicatos representados en el comité de empresa de la institución a lo largo de los años”, añade el organismo.
Esta subvención para las vacaciones no es el único privilegio turístico que tienen los empleados del Banco de España. El supervisor también cuenta con dos “residencias de empleados”, una en la sierra de Madrid, en la localidad de Cercedilla, y otra en la costa de Tarragona, en Roda de Bará. “El Banco de España continuará sosteniendo las residencias que, para el descanso de sus empleados, tiene instaladas”, reza el convenio de 1979, aún en vigor. El verbo, “continuará”, es la clave de ese párrafo: el Banco de España no aclara cuándo empezó a subvencionar las vacaciones de sus empleados, pero algunas fuentes apuntan a que son privilegios que vienen de los años de la dictadura y que llevan más de medio siglo en vigor. Desde 1962, cuando fue nacionalizado, el Banco de España tiene como único propietario al Estado.
Desde el Banco de España aseguran que estas residencias “se usan como centro de formación y reuniones de trabajo”. Pero elDiario.es ha podido comprobar que esta no es, ni mucho menos, su principal función. Estas instalaciones, especialmente la ubicada en la costa de Tarragona, sirven fundamentalmente como residencia vacacional, tal y como ha constatado in situ este medio y otras fuentes corroboran. De hecho, el castillo de Roda de Bará cuenta con distintas instalaciones deportivas, incluido un minigolf y un frontón, o zonas de juegos para niños. Es una suerte de hotel de lujo en la costa, en primera línea de playa.
Los gastos de las residencias vacacionales de Cercedilla y Roda de Bará no son menores. La gestión y la explotación de ambas está subcontratado a la empresa Eurest Colectividades, filial del grupo Compass. En 2017, el Banco de España adjudicó el contrato por dos años, prorrogables, por un importe conjunto de 8,2 millones de euros: 4,1 millones al año. En 2020, dentro del plan de contratación anual, se añadió la puesta en marcha de un nuevo proceso “plurianual”, que elevó el precio a los 4,3 millones anuales.
A ello se suman las continuas tareas de mantenimiento, reformas o renovaciones de mobiliario que aumentan la factura de estas dos instalaciones. En total, son más de 2 millones de euros, antes de impuestos, los que ha destinado el Banco de España en apenas cuatro años en decenas de contratos. Medio millón corresponde a más de 50 adjudicaciones de contratos menores. Desde un nuevo lavavajillas a un sistema adecuado de aire acondicionado, pasando por la mejora de un dormitorio para personas con movilidad reducida. Se suman a ello otros contratos de mayor envergadura que incluyen aspectos como la contratación de una alarma para evitar “eventuales ocupaciones” en el castillo de Roda de Bará o una reforma de las carpinterías de la fachada. Todos estos gastos se pagan con dinero público.
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