El banco húngaro señalado por financiar a Vox tiene como mayor accionista al Gobierno de Orbán

El banco húngaro señalado por financiar a Vox tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar presidido por Viktor Orbán. Se trata, además, de una de las firmas que estuvieron detrás de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Magyar Vagon sobre el fabricante de trenes Talgo, que el Gobierno vetó por razones de “seguridad nacional”.

Vox recibió en 2023 un préstamo de más de 9 millones de euros para hacer frente a los procesos electorales, como publicó elDiario.es en este tema. En ese momento, el portavoz de la formación, José Antonio Fúster, rechazó en una rueda de prensa dar más información sobre esta financiación y aseguró que el origen de ese crédito “lo sabe quien lo tiene que saber, el Tribunal de Cuentas”. Tras estas informaciones, el medio de investigación Vsquare, ha señalado directamente a una entidad financiera: MBH Bank, “un gigante financiero formado a partir de la fusión de tres entidades” y que en parte “es propiedad de Lőrinc Mészáros, el empresario más rico de Hungría y amigo de la infancia de Orbán”, según indica esta publicación.

Vox ha confirmado a elDiario.es que ha pedido financiación a entidades extranjeras, sin desvelar cuáles. Sin embargo, Europa Press asegura que “fuentes de la Ejecutiva de Vox reconocen haber pedido un préstamo de algo más de nueve millones para financiar las campañas de las elecciones municipales y generales de 2023 al banco húngaro MBH”.

“Podemos confirmar que Vox ha pedido préstamos a bancos extranjeros después de que numerosos bancos españoles, entidades que prestan dinero a Partido Popular y PSOE, hayan rechazado prestar dinero a Vox. Tenemos un listado de casi 25 entidades bancarias que prestan dinero a PP y PSOE y que lo deniegan a Vox”, afirman al elDiario.es fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal.

Asimismo, añaden que “podemos confirmar que hemos pedido dinero a los bancos por el retraso –no sabemos si deliberado– del Gobierno en devolver a los partidos los gastos electorales. Y podemos confirmar que esos créditos están ya pagados a cierre de 2023. Y nos preguntamos por qué hay entidades españolas que se niegan a prestar dinero a un partido que votan tres millones de personas. ¿Por qué rechazan el dinero que les supondría concertar estos créditos? ¿Por qué rechazan lucrarse? ¿Es lógico que los bancos traten de influir en política de esa manera?”

Por su parte, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, también ha reconocido que se tiró de financiación húngara. “Yo no sé si ese banco es cercano a Orbán o no, yo sé que es un banco húngaro”, ha señalado en declaraciones a los medios. “Ante la imposibilidad de obtener ese préstamo, que obtienen todos los partidos políticos sobre todo en época electoral y ante el retraso, no sabemos si deliberado o no, de la Administración General del Estado con esos gastos electorales que le corresponden a cualquier partido político y la imposibilidad, puesto que ningún banco se abrió a prestárnoslo, pues acudimos a un banco húngaro”.

Lo que dice la Ley de financiación de partidos

En el caso de que Vox se haya financiado a través de un banco controlado por un Estado, en este caso el de Hungría, podría llegar a suponer un incumplimiento de la Ley sobre financiación de los partidos políticos. 

En concreto, esta establece que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”, según se refleja en su Artículo 7. En este caso, sería la financiación por parte de un banco que tiene como primer accionista al Estado húngaro.

La Ley también refleja que “los partidos” políticos “podrán recibir donaciones no finalistas, procedentes de personas físicas extranjeras, con los límites, requisitos y condiciones establecidas en la presente ley para las aportaciones privadas, y siempre que se cumplan, además, los requisitos de la normativa vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales”.

Un banco participado por el Estado fruto de una fusión

El banco húngaro señalado, Magyar Bankholding (MBH Bank) es la mayor entidad crediticia del país. Es fruto de una fusión a tres bandas y tiene como primer accionista a Corvinus International Investment, según figura en sus cuentas anuales de 2023. En concreto, Corvinus posee algo más del 30% del capital. Se trata de un banco que cuenta con cerca de 2,4 millones de clientes, más de 500 oficinas y el equivalente a más de 19.000 millones de euros en depósitos, según figura en su página web.

La propia entidad reconoce, al hablar del proceso de fusión que ha llevado a cabo en los últimos años, que está en manos estatales. “El Estado húngaro es propietario del 30,35% de las acciones a través de Corvinus International Investment”, reconoció al hablar de la integración de Budapest Bank Group y MBH Bank. Posteriormente, materializó su integración con Takarékbank. En este sentido, dos entidades ligadas a esta última –Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási y Magyar Takarék Holding– figuran como segundo y tercer accionista del banco, con el 25% y el 12,5% del capital, respectivamente, según las citadas cuentas anuales. En ese accionariado aparecen otras dos firmas, Metis Magántőkealap y Global Alfa Magántőkealap con un control del 11,5% y el 3,29%. 

Estas últimas estarían ligadas a Lőrinc Mészáros, amigo personal de Orbán, según las informaciones publicadas por VsQuare. El periodista Szabolcs Panyi, autor de la información que relaciona a esta entidad con la financiación a Vox, también menciona en declaraciones a elDiario.es otra firma que aparece en el accionariado de MBH Bank: Blue Robin Investments, con el 10,8%. Esta última estaría ligada a György Matolcsy, “un antiguo aliado de Orbán, con el que ahora está enfrentado”, asegura Panyi. 

No es la primera vez que se habla del papel del estado húngaro en MBH Bank. En este artículo publicado por Financial Times ya se explica cómo el Gobierno de Orbán ha impulsado la integración de entidades financieras magiares para crear un gran banco nacional con capacidad de influencia en el exterior y llevar a cabo su propia agenda. Fuentes del Ejecutivo aseguraron al medio británico que el hecho de que el Estado tenga el 30% del capital del banco significa que “no hay ni puede haber influencia política en su funcionamiento diario” y que estaba “sujeto al mismo marco legal y estándares operativos bastante estrictos que cualquier banco nacional”.

El periodista Szabolcs Panyi también explica a elDiario.es que el fondo estatal Corvinus “es utilizado por el Gobierno” de Orbán “principalmente para adquisiciones y negocios internacionales”. “Recientemente, por ejemplo, el Gobierno húngaro junto con el operador aeroportuario francés Vince compraron el aeropuerto de Budapest”, apunta. “Corvinus es básicamente el Estado húngaro”, resume. 

Detrás de la OPA por Talgo

Corvinus era una de las firmas que estaban detrás de la oferta de Magyar Vagon por Talgo. En la documentación que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde explicó la oferta, se detallaba que el vehículo que realizaba la propuesta de adquisición era Ganz-Mavag Europe Zrt. De esta firma, el 55% del capital estaba en manos de Ganz-Mavag Holding y el otro 45% de Corvinus Zrt. (Corvinus International Investment Private Limited Company). “Corvinus es una compañía controlada en su totalidad por el Estado húngaro”, reconoció al supervisor del mercado. “Los derechos de esta propiedad son ejercidos por el Ministerio de Economía Nacional de Hungría”, sentenció.

El pasado 30 de agosto, el grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) retiró la OPA sobre Talgo, que valoraba el constructor de trenes en 620 millones de euros. Dio ese paso atrás después de que el Gobierno vetase la operación.

“El análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización de esta operación conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público. En este contexto, el Consejo de Ministros ha declarado la información contenida en este expediente como clasificada”, resumió el Ejecutivo. “Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España”, concluyó.