La batalla judicial de Santander por la posible mala comercialización de los Valores Santander tiene un nuevo capítulo difícil de creer. La entidad dio por muerto en 2013 a un asesor comercial de una sucursal madrilena para evitar un juicio por la venta de estos productos financieros complejos cuya correcta comercialización se dirime ahora en la Audiencia Nacional.
Sucedió en julio de 2013. El día 23 de ese mes, el abogado de Lola Fernández Lado, viuda de 58 años, recibió un escrito en el que el banco comunicaba que se acomodaban a las pretensiones de la demandante, cuando apenas quedaban 48 horas para su celebración. En el texto de allanamiento (que así se llama jurídicamente esta operación), la entidad justifica su decisión porque:
“En un escrito de allanamiento no es necesario dar ninguna justificación”, explican a eldiario.es varios abogados consultados y el procurador de los tribunales que llevó este caso. En este sentido, el argumento levantó sus sospechas.
Mucho más sorpresa causó el escrito en Juan Carlos Basoco, abogado de Unive, que llevaba el caso de Lola Fernández personalmente. “Argumentaban que no se podía proponer como testigo a Julio Sepúlveda por haber fallecido. Pero ellos mismos, en la nota de prueba de la audiencia previa lo habían propuesto como testigo, aceptado por el juez, e incluso facilitaron su dirección de contacto. Con la pulcritud con la que suelen trabajar los abogados de Banco Santander, si hubiera fallecido habrían aportado la partida defunción, pero nunca lo hicieron ”, explica Basoco.
En ese documento de Banco Santander también aparecen citados María Nieves González Espiga, por ser conocedora de los hechos y en calidad de representante de la entidad. Además del perito solicitado por el Banco, Julián José Barrio Sánchez. “Por lo tanto, el juicio se habría podido celebrar incluso aunque el testigo estuviera muerto, porque otras dos personas estaban citadas”, asegura Basoco.
Pero es que además, el muerto estaba vivo. “En el barrio me dijeron que se había jubilado, pero paseaba habitualmente por la calle”, asegura Lola Fernández. “Lo llamé y se puso al teléfono. Le felicité por estar vivo. Tuvimos una conversación en la que al final me dijo que iba a recuperar mi dinero y qué más quería”, asegura la afectada.
Desde eldiario.es también hemos llamado a Julio Sepúlveda Areste, quien nos ha confirmado su identidad, pero se ha negado a hablar sobre este tema.
“La única explicación que puede tener todo esto es el interés que tiene el banco de evitar los juicios”, comenta Juan Carlos Basoco. Asegura que su clienta, Lola Fernández, en contra de la mayoría de los afectados por la incorrecta comercialización de estos complicados bonos convertibles, quería algo más que recuperar su dinero y rechazó, “al menos cuatro propuestas de acuerdo diferentes. Algunas muy atractivas económicamente”, que le propuso Banco Santander.
Ella lo ratifica: “quería ver al empleado del banco que me había engañado sentando en el banquillo de los acusados. Les dije que estaba dispuesta a ir al Supremo si hacía falta”, explica la afectada.
Desde el Banco Santander explican el caso, alegando que el fallecido al que se refiere su documento “fue el empleado comercializó el producto” (por consideración con la familia consideran que no debe ser citado en esta información*). Lo cierto es que el nombre que nos indican no figura en ninguno de los documentos firmados por Lola Fernández ni en ninguno de los documentos que forman el expediente judicial del caso. “El motivo es que quien firmó y registró la orden y firmó todos los documentos de la comercialización fue Julio Sepúlveda no el empleado que informó a la cliente de los Valores Santander”, explican en el Banco. Desde la entidad reconocen que sí fueron ellos quienes solicitaron que el testigo del caso fuera Julio Sepúlveda, como consta en la información a la que ha tenido acceso eldiario.es. Pero no explican por qué 48 antes de que se celebrar el juicio los testigos propuestos pues el banco dejaron de ser los testigos válidos.
Por su parte, la afectada asegura que la única persona con la ella habló es con Julio Sepúlveda. “Él mismo me lo reconoció en la conversación que tuvimos por teléfono cuando le llamé para felicitarle por estar vivo”, explica Lola Fernández. “Lo único que querían evitar es tener que venos las caras delante de un juez”, insiste.
Esa convicción hizo que con ella no triunfara la estrategia que el banco ha seguido en este caso para evitar basada en acuerdos de confidencialidad . De hecho, la estrategia iniciada por Emilio Botín para acallar este escándalo se ha intensificado desde que su hija se hizo con la dirección del banco. Aunque en su primera intervención como presidenta se reafirmó en la correcta emisión de Valores Santander, según comentan varios abogados especializados en este tema “cada vez son más generosos con los clientes para evitar ir a juicio”.
Los jueces cada vez están más sensibilizados con los abusos económicos y en su contra está la multa de 17 millones de euros que les impuso en 2014 la Comisión Nacional del Mercado de Valores por irregularidades en la comercialización. El caso tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que el próximo 25 y 26 de mayo está previstos que comparezcan ante el juez Ismael Moreno los que fueran responsables en 2007 de la Unidad Control-División de Medios y Costes, Juan de Dios Fontecha, y de la Dirección del Área de Operaciones y Servicios Gabriel Escalante.
Nota: el banco ha facilitado la identidad del fallecido incompleta (sin segundo apellido), por lo que desde este diario ha sido imposible confirmar la existencia de un parte de defunción a su nombre)