La investigación sobre los sobresueldos concedidos de forma secreta a decenas de miembros de los órganos de dirección de Caja Madrid a través de tarjetas de crédito fue posible gracias a un artículo publicado en eldiario.es el 13 de diciembre de 2013. La noticia hizo que Bankia pusiera en marcha una investigación interna de la que informó posteriormente al Frob –dueña de las acciones del banco–, que a su vez la puso en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes del banco han confirmado a eldiario.es que fue “el detonante para buscar esas tarjetas”. También lo han confirmado a otros medios de comunicación, incluidos aquellos que no dieron excesiva importancia a la noticia a finales del año pasado.
En su momento, el artículo no provocó ninguna intervención judicial para investigar la posible comisión de delitos, como así está haciendo ahora la Fiscalía Anticorrupción. Antes al contrario, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, intentó promover acciones legales contra los medios de comunicación que difundieron los correos de Miguel Blesa y de otros directivos de Caja Madrid, básicos para entender la gestión de la mayor de las cajas que dieron lugar a Bankia y que tuvieron que ser rescatadas con 22.000 millones de euros de fondos públicos.
En un escrito enviado el 9 de enero de 2014 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Moix afirmó que la filtración de los correos podía suponer un delito de “infidelidad de la custodia de documentos y de revelación de secretos” por haber sido “ilicitamente obtenidos”.
La iniciativa del fiscal animó al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a enviar el 17 de enero un burofax a eldiario.es amenazando con entablar acciones legales si los correos se publicaban en el último número de la revista Cuadernos de eldiario.es. La revista se publicó con normalidad y Blesa no se atrevió a cumplir su amenaza.
Varios medios de comunicación recogieron las informaciones publicadas inicialmente por eldiario.es, y algunos de ellos también tuvieron acceso a esos correos, conocidos por este medio a través de una fuente anónima derivada por el Partido X. Curiosamente, sólo dos (20 Minutos y La Sexta) se fijaron en el asunto de las tarjetas 'black' (“black a efectos fiscales” les llamó la cúpula de Caja Madrid). De entrada, cabía la posibilidad de que se hubieran cometido delitos fiscales si las cantidades recibidas no se hubieran declarado a Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción deberá dilucidar ahora si también hubo delitos societarios y de apropiación indebida en el caso de los responsables de Caja Madrid.
El artículo publicado por eldiario.es en diciembre hacía referencia a un email enviado el 1 de septiembre de 2009 por Enrique de la Torre, secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, a la persona que le iba a sustituir en el cargo, Jesús Rodrigo. Cumpliendo órdenes de Blesa, al que pone en copia en el correo, De la Torre informa de la política de remuneraciones de los órganos rectores, lo que incluye a las ahora conocidas como tarjetas 'black'. Refiriéndose a los miembros de la Comisión de Control, se dice que “tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”.
Un email “confidencial”
El email estaba encabezado por la palabra “confidencial”, y había razones de peso para ello. El email es la prueba de que los responsables de Caja Madrid estaban recibiendo en la práctica una remuneración superior a la aprobada en la asamblea general de la caja. Además, el uso de la palabra black (negro) dejaba pocas dudas sobre la información que se había proporcionado a los que recibieron la tarjeta. También resulta discutible que dentro de la categoría de gastos de representación puedan entrar gastos en ropa y complementos, alimentación, viajes y retiradas de dinero en efectivo. Del total investigado –15,5 millones en diez años–, un tercio se sacó en efectivo directamente del cajero automático.
En realidad, la tarjeta era un cajero automático del que cada receptor disponía libremente siempre que no superara el límite anual de fondos asignado.
La aparición de ese email en el artículo de eldiario.es hizo que Bankia ordenara una investigación interna sobre el uso de esas tarjetas. El veredicto, encargado al despacho jurídico Herbert Smith Freehills, fue muy benévolo con sus usuarios al no apreciar indicios de delito. Pero Bankia decidió no asumir riesgos. Además de reclamar la devolución de los fondos retirados a un grupo reducido de antiguos directivos de esa misma entidad, entre los que estaba Rodrigo Rato, envió ese informe y otros al Frob, al que debió de llamarle mucho la atención la parte en la que se decía que “las disposiciones y gastos realizados se registraban contablemente en una cuenta de gasto (de Caja Madrid) cuyo título y conceptos registrados no permiten identificar la naturaleza de los apuntes contabilizados”.
Bankia trasladó toda la información al Frob el 26 de junio de este año. El organismo público no necesitó mucho tiempo para digerirla. El 4 de julio, la envió a la Fiscalía Anticorrupción. Las sospechas de ilegalidad eran sólidas, así como la intención de Caja Madrid de ocultar la existencia de los fondos concedidos gracias a las tarjetas con la artimaña de asignarlas a la cuenta de “errores del servidor informático”.
Toda la documentación aportada por el Frob está ahora en manos del juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional.