El impuesto a la banca, como el de las energéticas, está en el aire, como ha reconocido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y la decisión sobre su continuidad coincide con las presentaciones de resultados de los grandes bancos. El primero en presentar su evolución en los nueve primeros meses del año ha sido Bankinter, que ha ganado 731 millones de euros, casi un 7% más que hace un año.
Su consejera delegada, Gloria Ortiz, ha vuelto a seguir el argumentario de los bancos de los últimos meses, que consideran el impuesto “discriminatorio”, pero no abre la puerta a llevarse negocio de España, como sí ha dejado entrever alguna compañía energética. Eso sí, reconoce que tendría opciones para poder hacerlo.
Ortiz ha apuntado que la continuidad del impuesto no sería “ninguna sorpresa” y que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya “dijo que la voluntad política es que se mantuviese dentro de la política fiscal. No conocemos más que lo que publican ustedes. Saben que hemos tenido defectos técnicos y jurídicos importantes que deberían solventarlos”, ha añadido. También, que si los bancos consideran “que el impuesto no se atiene a la legalidad lo recurriremos igual que hicimos con el anterior”.
En los últimos días, alguna compañía energética, como Repsol, ha hablado de llevarse inversiones de España si se mantiene el gravamen. Bankinter lo descarta. “No hay amenaza de que nos llevemos nuestro negocio a ningún sitio”, ha asegurado su consejera delegada, pero sí tendría opciones de ampliar su actividad en otros mercados. “Claro que tenemos posibilidades de llevarnos negocio”, ha reconocido en rueda de prensa. “El negocio internacional se puede hacer desde Portugal o desde Irlanda, quien dice eso dice las actividades de tesorería o las inversiones de la cartera de bonos, se puede depositar en el Banco Central de Portugal”, ha puesto como ejemplo.
“Pero hay que tener un nivel de discusión de adultos”, ha matizado. En cuanto a las energéticas, ha asegurado que se trata de un debate en el que participan algunas fuerzas políticas. “No tiene que ver con que los bancos tengamos más o menos fuerza, es un debate político”. “Nuestra estrategia no nos la dictan los impuestos. Estamos donde creemos que podemos hacer negocio y vemos que tenemos potencial de seguir creciendo”, ha concluido, en referencia a Portugal e Irlanda.
Lo que sí sería más positivo, en su opinión, es que el impuesto no solo grave a los bancos sino al conjunto del sector financiero. En línea, con lo que dijo hace unos días el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que pidió que se cambie el impuesto para que sea “neutral”.
“Escrivá lo ha dicho”, ha asegurado Ortiz. Esa visión, de un impuesto más amplio “eliminaría uno de los factores” de oposición a la banca. Sobre este gravamen ha indicado que “la primera falacia es decir que el impuesto grava los ingresos extraordinarios. No hay ingresos extraordinarios, pensamos que es discriminatorio, pero ya no se discrimina porque nuestro impuesto de sociedades es el 30%. Vamos a leer hasta la más mínima letra pequeña, nosotros nos debemos a nuestros accionistas. Tenemos que proteger lo que es suyo y si creemos que no se ajusta a la ley lo recurriremos, pero no tenemos ninguna información. Claro que es discriminatorio, lo tengo clarísimo”, ha recalcado.
Y respecto a las inspecciones de Hacienda sobre su liquidación, las ha calificado como “algo normal sobre todo en las grandes empresas, tenemos inspecciones de Hacienda continuas y no hay nada extraordinario en que se revise el impuesto a la banca. El impacto no tiene mucha relevancia y el impuesto está recurrido y cualquier cosa que surja se firmará en disconformidad.
No respalda la hipoteca regulada propuesta por Sumar
Sobre la hipoteca regulada, siguiendo el modelo de las eléctricas, que ha propuesto Sumar, Ortiz la descarta como una idea positiva. “Referenciar una hipoteca al bono a 10 años sería un error”, ha asegurado la consejera delegada de Bankinter. “Si nos ponemos a mirar la crisis financiera” de hace una década, este bono a 10 años “tuvo una prima de riesgo descomunal que llegó a 600 puntos básicos”, lo que hubiera dañado a los hipotecados con esa referencia.
“Un cliente no puede entender cómo funciona un bono a 10 años. El euribor es una referencia con muchísima liquidez, que se comporta de una forma mucho más estable”, ha asegurado. También, que “la oferta de hipotecas que tenemos en España es de las más amplias, tenemos a tipo fijo, mixtas, variables. Nosotros tenemos la dual que protege muy bien de los movimientos de tipos de interés. Muchas veces el acceso a la vivienda tiene que ver con el acceso, con tener que pagar un 10% de gastos, que también se podría condonar y eso podría ayudar a más de uno. Tenemos una oferta muy extensa. La competencia es enorme”.
Sobre el diálogo de la banca con el Ejecutivo en materia de Vivienda, Ortiz ha asegurado que el sector tiene “una conversación fluida con el Gobierno. El problema fundamental es un problema de oferta, hasta que no ataquemos ese problema poco podemos hacer. Estamos en el acuerdo del ICO de hipotecas para jóvenes, ya hemos hecho como 10 millones de euros desde que comenzamos el producto. Estamos encantados de financiar vivienda, es nuestro trabajo”.
Y sobre la oferta de compra de BBVA sobre Sabadell, si está beneficiando a su negocio la responsable de Bankinter ha asegurado que la “OPA, cuando hay oportunidades de negocio, es cuando hay una integración porque cambian de gestor de oficina y eso por ahora no está ocurriendo”. Si puede haber decisiones, ha apuntado, por “grandes corporaciones que ya han sufrido concentración y que pueden buscar una mayor diversificación. Ya veremos si ocurre la OPA si es una oportunidad o no”, ha concluido.
La patronal carga contra el impuesto
Las dos patronales de la banca, AEB y CECA, también han cargado este jueves contra la continuidad del impuesto. “Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para los bancos españoles y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga”, aseguran las dos patronales en un comunicado conjunto.
En su opinión, el impuesto “supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas”. Y creen que “este tipo de gravámenes tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía. La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en España en la capacidad de financiación del sector bancario”.
“Si este impuesto, concebido como extraordinario, se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, dicha justificación ya no tiene vigencia”, argumentan. “Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente. El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales. En concreto, a lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que se ha reflejado en bajadas del euríbor. El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025”.