La batalla entre la banca tradicional y las grandes tecnológicas irrumpe en el diseño de una nueva fiscalidad internacional
El proceso de creación de un nuevo sistema impositivo internacional acorde con la realidad digital está en plena ebullición, pese a la resistencia de los actuales gigantes de la economía mundial como Amazon o Google. El Banco Santander ha reclamado tener voz en este proceso, abogando por elevar los impuestos a las tecnológicas. Esta opinión debe contextualizarse en la batalla de las entidades para minimizar los daños de la entrada en el mercado bancario de las plataformas de internet.
La necesidad de gravar de manera adecuada a las grandes multinacionales tecnológicas lleva varios años en la agenda de los gobiernos y las organizaciones supranacionales. La Comisión Independiente la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT por sus siglas en inglés) propone que las multinacionales sean gravadas como empresas unitarias y considera que sus técnicas de elusión son “un ataque a los derechos humanos”. Los análisis sobre el pago de menos impuestos aprovechando el carácter de la nueva economía no se limitan solo a las grandes tecnológicas, ya que al final la inmensa mayoría de las empresas y sectores usan ahora servicios digitales de una manera o de otra.
Esta misma semana los países de la Unión Europea han sido incapaces de acordar un impuesto comunitario a las transacciones digitales debido a la oposición de los “halcones” del euro. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), una institución nada sospechosa de descuidar los intereses empresariales, ha advertido contra las prácticas de elusión fiscal de las multinacionales, principalmente las que operan por internet. En España el Gobierno llegó a aprobar un proyecto de ley para implementar la llamada “tasa Google”, pero la convocatoria anticipada de elecciones ha frenado de momento su puesta en marcha. En paralelo, se aprobaba un impuesto a las transacciones financieras internacionales. Con ambos impuestos pretendían llegar a recaudar 2.000 millones al año.
Una vez que la UE se ha quedado descolgada, la que está llevando el peso de los análisis es la OCDE, que a finales de enero anunció que se disponía a revisar significativamente sus directrices para este tipo de imposición con la idea de que sus recomendaciones estén aprobadas en 2020. No es solo que la necesidad de presencia física para vender un bien o prestar un servicio cada vez sea menor, es que los datos que proporcionan los usuarios y clientes de manera gratuita a las empresas son una fuente de riqueza en sí mismos. Y, además, los activos de las empresas son cada vez más intangibles (desde algoritmos hasta el branding) y por tanto es difícil localizarlos físicamente, de manera que se pueden transferir dentro de una multinacional a cualquiera de sus subsidiarias, como recuerda la economista de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) Lídia Brun.
Hay consenso en que esta nueva fiscalidad debe ser lo más extendida que sea posible para evitar problemas de traslados interesados de sedes. El informe del FMI indica que la salud del sistema internacional de impuestos corporativos se encuentra bajo una “presión sin precedentes” y supone la pérdida de 600.000 millones de dólares (533.000 millones de euros) anuales debido a la elusión fiscal de las multinacionales.
La opinión de Ana Botín ante la OCDE
Dentro del proceso de consultas públicas abierto por la OCDE, Banco de Santander ha enviado su opinión sobre los impuestos que se deben pagar en la economía digital. Ana Botín aboga porque las empresas tecnológicas paguen más y cuanto antes, tal y como ha adelantado el periódico La Información.
El organismo con sede en París empezó planteando propuestas muy ambiciosas que podrían acabar diluidas. Ahora dibuja, básicamente, tres modelos: uno basado en la creación de valor por parte de los usuarios (en referencia a las digitales que viven de recolectar datos de usuarios, vender publicidad u ofrecer servicios en línea en sitios donde apenas tienen presencia física); un segundo en el llamado intangibles de marketing o publicidad, y un tercero, que prefiere con matices Banco Santander, basado en la “presencia económica (y no física) significativa”.
Lo que defiende la OCDE es que debe cambiar el concepto de imposición ligado a la creación de valor y que debería haber una imposición efectiva mínima de los ingresos corporativos. Esto se hace necesario porque las directrices en las que se basa ahora el reparto de impuestos en los beneficios corporativos se han visto desvirtuados de manera creciente en la economía digital, que facilita a las empresas elevar sus bases imposibles en los países donde los impuestos son más bajos y hacer lo contrario donde los impuestos son más altos.
A esto se añaden los acuerdos contra la doble imposición, que establecen que si un ingreso ha sido gravado en un país no puede serlo en otro. Pero se dan cada vez más situaciones en las que se acaba por no pagar impuestos en ningún lugar, recalca Lídia Brun.
Se plantea además repensar estas normas de manera que haya una imposición mínima efectiva a través de retenciones en la fuente, es decir si en España el impuesto es del 15% y hay un flujo que sale de España hacia Irlanda y quiere tributar ahí, donde el impuesto es del 10%, España tendría derecho a retener el diferencial del 5%.
EEUU ya ha decidido mejorar su recaudación siguiendo estos caminos y quiere que el resto de los países le sigan. Donald Trump ha aprobado medidas (GILTI y BEAT) para evitar la elusión fiscal de multinacionales. Se espera que a mediados de este año la OCDE ofrezca una primera tanda de conclusiones sobre este proceso.
