El BCE alerta de que solo el 12% de las medidas de respuesta a la guerra están destinadas a los hogares más pobres

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado otro toque de atención a los países que comparten el euro sobre la respuesta al impacto de la crisis energética y la guerra en Ucrania. Tras pedir subidas de salarios para compensar la inflación y no aumentar el riesgo de impago de hipotecas, el banco central señala ahora que solo el 12% de las medidas fiscales adoptadas para amortiguar los incrementos de los precios de la energía en 2022 están destinadas a las familias más pobres. Y apenas “un 1% contribuyen a la transición verde”, remata. Mientras que un 54% fomentan el consumo de combustibles fósiles.

“De cara al futuro, en caso de que se requiera apoyo público adicional, los recursos financieros deberían utilizarse de forma eficiente”, concluye la institución que preside Christine Lagarde en un informe reciente, en el que considera que “se deberían intensificar los esfuerzos para que las medidas compensatorias relacionadas con la energía cada vez se destinen más a los hogares más vulnerables”.

“Además, los incentivos deberían dirigirse a reducir el uso de combustibles fósiles y la dependencia energética de Rusia, al tiempo que se mantienen unas finanzas públicas saneadas”, prosigue.

Esta advertencia coincide con la realizada, también en los últimos días, por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomendó a los países europeos que abandonen las políticas destinadas a subsidiar el coste de la energía a nivel general (con medidas como el descuento a los carburantes o las bajadas de impuestos) a cambio de centrarse en ayudar únicamente a los más pobres.

Son llamadas de atención que desde hace meses vienen repitiendo los economistas críticos, que han reclamado y reclaman, como han hecho BCE y FMI, que se atienda a los colectivos vulnerables y se actúe con visión a medio plazo.

El FMI pone cifras a una realidad conocida, aunque relativamente ignorada en los planes de choque de los gobiernos: la inflación, y sobre todo la intensificada por la subida de los precios de la energía, eleva más el coste de la vida a las familias más pobres que a las más ricas. Según calcula, en España esta diferencia es de casi 2 puntos porcentuales, respecto al gasto total de los hogares en este 2022. El golpe para el 20% de los hogares con menos capacidad adquisitiva es del 7%, mientras que para el 20% con más renta es del 5% (ver gráfico).

La razón es que la quinta parte de los hogares de la eurozona con menos renta disponible dedica un 40% de ella solo a energía y alimentación. Se trata de un consumo del que no se puede prescindir y que para los ciudadanos de renta más alta representa escasamente un 10% de sus ingresos totales, según el propio BCE.

Debido a estas diferencias, “los descuentos para todos” han sido duramente cuestionados. Por ejemplo, desde que se anunció en marzo la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, distintos expertos advirtieron de que es una medida regresiva porque no se centra en los más vulnerables. Al contrario, la aprovechan más las familias con más renta, que tienen más vehículos, más grandes y que los usan más. Según un informe de Esade, el 73% de los hogares más pobres no consumen carburantes. En los ricos, esta proporción es el 20%.

Con el paso de las semanas, se observó también que parte de esta bonificación, incluida en el primer Plan de Respuesta a la guerra y a la inflación desde abril y también en su renovación hasta diciembre, la absorben las petroleras.

Ahora, con los números más claros sobre el coste del descuento para el Estado, los expertos avisan de que fiscalmente es la medida más cara y menos autosuficiente. Exige cerca de 5.125 millones de euros, casi un 40% del esfuerzo total aprobado (13.000 millones) para sofocar la inflación. Un Plan de choque que, tras su renovación (sin incluir todavía el coste las medidas de ahorro anunciadas este 1 de agosto), se traducirá en un 1% más de déficit al cierre del año, según calcula la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF).

Además, es la medida menos autosuficiente porque, si el aumento general de la recaudación fiscal en 2022 hasta mayo cubre ya casi todo el coste de los dos decretos contra la inflación, en el caso de la recaudación extra por la subida de los precios de los carburantes apenas serviría para pagar de 7 céntimos a 4,5, según el mes, de los 20 céntimos de descuento por litro aprobados, según estiman los economistas José E. Boscá, José Cano y Javier Ferri en un post de Nada es gratis.

Con perspectiva medioambiental, el BCE observa que “las rebajas de impuestos y las subvenciones a los combustibles fósiles no incentivan un uso eficiente de la energía ni la inversión en tecnologías de ahorro energético. Algunos países han introducido medidas verdes, como las subvenciones al transporte público o reducciones del IVA, así como subvenciones destinadas a fuentes de energía renovable”.

Distribución de las medidas en la eurozona

En su informe, la institución expone la distribución de las iniciativas que se han adaptado en el conjunto de la eurozona. “La mayoría de las medidas aprobadas en 2022 están dirigidas a los hogares (ligeramente por encima del 70% del impacto presupuestario total)”, apunta. “Varios países también han proporcionado apoyo a empresas de los sectores más afectados, pero su impacto fiscal es más limitado”, continúa.

Por nivel de renta, “en términos de su impacto, en torno al 12% de las medidas se destinan a los hogares con rentas bajas (es decir, son medidas que incluyen criterios de renta claramente establecidos). Estas medidas focalizadas adoptan la forma de bonificaciones, bonos de descuento para electricidad o calefacción, y pagos únicos destinados a estos hogares”.

Mientras, “se considera que alrededor del 54% de todas las medidas son ayudas no vinculadas al nivel de renta para hogares, mientras que el 34% restante consiste en transferencias a empresas y otras medidas que generalmente no van dirigidas a un nivel de renta determinado”.

Respecto a las consideraciones ambientales: “Atendiendo a la información disponible hasta ahora y en términos de impacto presupuestario, se estima que algo más del 1% de las medidas adoptadas contribuyen de forma directa a impulsar la transición verde. En torno al 53% podrían categorizarse como medidas de apoyo al consumo de combustibles fósiles a corto plazo, mientras que el otro 46 % son ambientalmente neutras, incluidas aquellas difíciles de clasificar actualmente”, explica el BCE.

Además de las medidas adoptadas para paliar los efectos de los altos precios de la energía, la respuesta fiscal de la eurozona a la guerra consiste principalmente en gasto en defensa y en ayuda a los refugiados.