La reforma de pensiones afronta su recta final, tras cerrar un nuevo acuerdo con los sindicatos. La legislación contiene varios elementos centrales, como un gran refuerzo de los ingresos del sistema mediante más cotizaciones, sobre todo de los salarios más altos, así como una mejora de las pensiones más bajas y medidas contra la brecha de género. Pero el decreto que el Gobierno aprobará previsiblemente el jueves es más amplio, con letra pequeña que incluye novedades muy relevantes, como la prometida cotización para los becarios y el compromiso de abordar una reforma de la jubilación parcial en los próximos meses, entre otras, según el último borrador al que ha tenido acceso elDiario.es.
Tras un gran retraso de más de un año, todos los becarios cotizarán para la jubilación, ya tengan prácticas remuneradas o no pagadas, como se había comprometido por parte del Gobierno. Se trata de una medida que colea desde hace años y que se legisla finalmente en este cierre de la reforma de pensiones. El llamado Estatuto del Becario, con otros derechos para el colectivo, aún está negociándose en el diálogo social.
La cotización de los becarios, que no incluye aportaciones para la protección por desempleo, el FOGASA ni la formación profesional, entrará en vigor de cara al próximo curso escolar, el próximo 1 de octubre. Tendrá reconocida una elevada bonificación por parte del Estado que cubre prácticamente la totalidad de la aportación a la Seguridad Social. Este año, del 97%, y tras el 31 de diciembre, del 95%. Es decir, que se pagará con dinero público casi toda la aportación de las empresas o centros de estudios, según quien sea responsable de este pago.
Este tiempo como becarios por tanto tendrá efectos de cara a la jubilación y se recoge además la posibilidad de que antiguos becarios que no hayan tenido esta posibilidad paguen un convenio especial a la Seguridad Social para que este periodo sea reconocido como cotizado para el futuro, con un límite de dos años. En el caso de prácticas no remuneradas, la cotización no dará derecho a bajas remuneradas por enfermedad común.
También se creará un “observatorio para el análisis y seguimiento” del funcionamiento de esta nueva cotización, con miembros de los ministerios de Educación y Formación Profesional, de Universidades y de Seguridad Social, además de los agentes sociales
El texto además compromete que en los próximos meses, antes del 30 de junio, el Gobierno abordará “modificaciones normativas” de la jubilación parcial, tras negociar el tema en el seno del diálogo social y haber informado al Pacto de Toledo. Se pone como referencia la legislación de 2011, antes de los recortes del PP en 2013.
La jubilación parcial es una opción para disminuir la jornada al final de la vida laboral de los trabajadores, a partir de los 62 años y cuatro meses en 2023 (o 63 y 8 meses con menos de 33 años cotizados). El empleado sénior reduce su jornada y accede a cobrar parte de su pensión, que se determina en función de la reducción de jornada. En ocasiones, esta modalidad está vinculada a un contrato relevo, por el que otra persona trabajadora queda empleada en sustitución del trabajador sénior, como una manera de renovar plantillas y hacer un traspaso de talento y de experiencia de la persona de avanzada edad.
Los sindicatos CCOO y UGT reclamaban al Gobierno que extendiera el impulso en la jubilación parcial con contrato relevo que ahora solo es más favorable en la industria manufacturera, desde 2018. Aunque este asunto no se ha incluido como uno de los cambios ya acordados, el Ejecutivo se compromete a abordar la reforma en los próximos meses, aunque con el fin de la legislatura muy próximo.
En concreto, en el borrador al que ha tenido acceso este medio se apunta a que las “modificaciones normativas” garanticen “un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión; preserve la calidad del empleo de los relevistas; y equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema”. Se prevé además tener en cuenta “la incidencia” que estas medidas pueden tener en distintos sectores, en especial la industria manufacturera.
El decreto precisa también nuevos criterios para rellenar la llamada “hucha de las pensiones”, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este recibirá el dinero recolectado en la cuota finalista del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), expresamente destinada a este fondo para ampliar los ingresos de cara a la jubilación de los 'baby boomers'. Además, se regula la concesión de más fondos fruto de “excedentes de ingresos” de la Seguridad Social en varios ámbitos.
La norma también detalla los desembolsos máximos que el Gobierno podrá acordar del dinero de la hucha, que se prevén a partir de 2033 hasta 2053 y que se destinarán exclusivamente a la financiación de pensiones de carácter contributivo, indica el texto. En el último borrador se prevé que el mayor desembolso posible tenga lugar en 2047, de un 0,9% del PIB.
La norma mejora la cobertura de las lagunas o “vacíos” de cotización de las mujeres para reducir la brecha de género, pero además recoge una mejora de la cobertura de excedencias y reducciones de jornada por cuidados. En el primer caso, se considerarán como efectivamente cotizados “los tres primeros años” de excedencias de trabajadores para cuidar familiares hasta segundo grado por razones de edad, enfermedad o discapacidad, que ahora solo cubren un año. Se equipara así con los tres años cubiertos en caso de excedencias por cuidados de hijos.
En cuanto a las reducciones de jornada por cuidado de hijos u otros familiares, se prevé la cobertura de los tres primeros años (ahora son dos y uno, según el caso) en los que la Seguridad Social los computarán al 100%, como si se hubiera trabajado a jornada completa.
La legislación prevé la creación, “en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor” del decreto, de un observatorio con el objetivo de “mejorar la eficacia y cobertura de la prestación por cese de actividad por causas económicas”, el llamado 'paro de los autónomos', así como de la integración de lagunas o “vacíos” de cotización en la carrera laboral de los autónomos que recoge por primera vez esta reforma, para que entre en vigor a partir de 2027.
La reforma de pensiones aún puede recoger algún cambio, con mucha atención al texto que apruebe el Consejo de Ministros, previsiblemente el jueves, y también después fruto de su tramitación parlamentaria. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparece este miércoles por la tarde en el Pacto de Toledo, donde detallará a los grupos políticos el contenido de esta fase final de cambios, sobre la que ha logrado el visto bueno de Bruselas.
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