La economista Bibiana Medialdea (Madrid, 1977) fue nombrada directora general de Consumo hace apenas tres meses. La suya es una de las dos patas de la cartera que dirige Alberto Garzón, que mantuvo como director general de Juego a Juan Espinosa, nombrado en su momento por el PP.
Medialdea atiende a eldiario.es por teléfono desde su domicilio en Aluche, en Madrid. Desde que empezó la crisis, el Ministerio ha participado en algunas iniciativas gubernamentales, como la prohibición de subir precios a las funerarias y la orden para fijar los precios de las mascarillas, que finalmente se podrán vender a un máximo de 0,96 euros la unidad.
La encargada de decidir ese precio es la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, dependiente de Sanidad y con representantes de Sanidad, Economía y las comunidades autónomas, pero no de Consumo.
¿Qué le parece el precio de 0,96 euros? ¿Está por encima o por debajo de la expectativa del Ministerio?
Nos parece un precio razonable teniendo en cuenta el 'stock' existente y los precios que los mismos productos tienen en países de nuestros entorno. En todo caso, el mecanismo de la Comisión Interministerial tiene la ventaja de que es flexible y puede reaccionar en caso de que se perciban desajustes.
Si la orden para fijar precios la impulsa Consumo, ¿no debería haber formado parte de esa comisión?
Ha sido una cuestión de tiempo. Todavía no ha dado tiempo a actualizar la Comisión Interministerial de Precios a la nueva realidad del gobierno. Cuando surgió la crisis estábamos en el proceso de reordenación de las comisiones interministeriales para ajustar la participación del nuevo Ministerio de Consumo. Estamos en ese proceso, que afecta a varias.
Pongamos que en origen, en China, la mascarilla cuesta el doble de lo que se puede cobrar aquí. ¿Quién pagará esa diferencia?
Primero se detectó la subida del precio de las funerarias y se reguló. En mascarillas y geles teníamos indicios de que había especulación desde el principio. Sin embargo, la regulación no se ha hecho tan rápido para evitar problemas como el que comentas. En un mercado tan complejo, en el que podría haber problemas de oferta, es muy delicado regular el precio cuando no tienes asegurado un 'stock' mínimo. Eso es lo que explica que la regulación no haya sido precipitada y que hayamos dedicado este tiempo a reorientar parte de la producción nacional.
Pedro Sánchez anunció el sábado que se regularían los precios y la publicación de estos no salió hasta tres días después. ¿Es consciente el Ministerio de que se han podido paralizar operaciones de compraventa?
Tenemos informaciones dispersas y de proveedores anónimos. No tenemos indicadores sistemáticos de que esté pasando de forma generalizada. Hemos visto alguna noticia de algún proveedor, que prefiere mantenerse en el anonimato... No nos han notificado que haya habido una interrupción del flujo de abastecimiento, ni por la expectativa de la regulación de precios ni por las condiciones de etiquetado, que ya han entrado en vigor.
Dice que se ha esperado para tener la producción nacional disponible. ¿La fijación de precios podría provocar desabastecimiento? ¿Se compensaría con producción nacional? ¿Hay suficiente?
La producción de mascarillas higiénicas está creciendo muchísimo en España porque nuestra industria textil ha reaccionado muy rápido y está reorientándose. Hasta que no hemos visto que hay un volumen de producción nacional suficiente para no ser tan dependientes del mercado internacional no ha llegado el momento de regular. Y la orden ministerial no plantea un precio fijo, sino un mecanismo de la comisión que se reúne, estudia las condiciones del mercado y establece ese precio.
El mecanismo que se fija es similar al que se utiliza para regular los precios de los medicamentos. En ningún caso en los medicamentos se genera desabastecimiento porque el precio esté regulado. No es un precio fijo que no vaya a moverse pase lo que pase en el mercado, sino una comisión que delibera, tiene en consideración las condiciones del mercado cambiante y fija un precio que garantice el abastecimiento a la vez que impide las prácticas abusivas, que era el objetivo principal. Más allá de los problemas de abastecimiento, había un abultamiento de márgenes y una especulación con un bien de primera necesidad que no podíamos permitir.
¿Dónde se producían estos abusos, en eslabones de la cadena controlables desde España o solo en China? Tengo entendido que los precios altos vienen de allí.los precios altos vienen de allí
Desde el Ministerio, la información que estudiamos de forma sistemática son los precios finales. Acceso a estudios más pormenorizados de toda la cadena de distribución no tengo, así que no me puedo aventurar a dar esa información. Lo que sí observamos es que al consumidor le llegaban precios abusivos en un producto que se está convirtiendo en primera necesidad. Familias trabajadoras y consumidores vulnerables quedaban desprotegidos. Ese ha sido el enfoque para impulsar esta orden.
Dice que la regulación se parecerá a la de los precios de los medicamentos. ¿Puede resumir cómo se fijan los precios de los medicamentos?
No, no es que se vaya a parecer. Es que la comisión interministerial que se reúne para deliberar y tomar la decisión sobre la fijación de precios es la misma comisión que fija los precios de los medicamentos. El procedimiento concreto que van a utilizar lo deliberarán ellos. Y el Ministerio de Consumo no participa.
Varios ministerios colaboraron en un estándar de mascarillas higiénicas. Se publicó el 15 de abril, lo que permitió a muchas fábricas que llevaban un mes paradas empezar a producir. ¿Por qué tardaron tanto?fábricas que llevaban un mes paradas empezar a producir
Hemos trabajado bajo la presión de la urgencia, pero también bajo la responsabilidad de que la normativa tenía que garantizar la calidad de un producto crítico, eficaz frente al contagio. Estamos hablando de empresas que estaban reorientándose y empezando a producir mascarillas. Había que flexibilizar la normativa bajo esa doble presión: lo más rápido posible, pero manteniendo las condiciones de calidad. Por mucha prisa que tengamos, no sería responsable poner a circular mascarillas que no protegen.
Hay que añadir una tercera pata: el elemento informativo. Si vamos a tener que utilizar un recurso al que no estábamos habituados, es importante saber qué tipos de mascarillas van a circular, cuáles son las adecuadas para cada uso... Toda esa parte de etiquetado, de recomendaciones y advertencias, de qué tiene que indicar la mascarilla y qué no puede indicar. La demora tiene que ver con eso. Entraña su complejidad.
Nos han llegado preguntas de lectores sobre los abusos de las funerarias. Por ejemplo: ¿pueden repercutir al cliente el precio de los equipos de protección (EPIs) usados para retirar el cadáver?
No podría responder con certeza, lo tendría que consultar en la normativa. Lo que está claro es que la funeraria no puede repercutir servicios que no haya podido prestar a causa de las recomendaciones de Sanidad. Si en el precio había, por ejemplo, prestaciones que tenían que ver con la reunión de familiares, que no se puede producir, tiene que devolver el dinero. Eso queda claramente estipulado.
Fuentes jurídicas y de la consejería de Sanidad de la que viene este caso tampoco lo tenían claro. Hacían interpretaciones diferentes.
Gran parte del trabajo que hacemos es colaborar en la interpretación y aplicación de la normativa que se genera. Nos encontramos con situaciones imprevistas e inéditas, con lo cual la interpretación y aplicación de la normativa entraña complejidad. Es natural que haya discrepancias sobre cómo se aplica una normativa concreta. Eso se irá afinando.
¿Qué debe saber la gente para que no se la cuelen? Es fácil decir que las funerarias no pueden cobrar por ciertos servicios, pero sus clientes no suelen saber qué les pueden cobrar y qué no.
El trabajo que hacemos en Consumo es que las empresas sean proactivas en respetar la normativa, sobre todo en situaciones delicadas. Que las familias no tengan que estar pendientes de ver si les están cobrando lo que tienen que cobrar o no... Pero si las funerarias, a pesar de que la normativa lo impide, cobran servicios no prestados, lo primero que tendría que hacer es reclamar. Primero a la empresa. Si no, a los servicios de su Comunidad.
¿Han aumentado las reclamaciones de consumidores durante el estado de alarma? ¿En qué sectores?
Hay un patrón irregular. En algunos sectores aumentan mucho: vuelos y viajes. Pero también hay reclamaciones que aún no se están tramitando. Tenemos la certeza de que se realizarán cuando acabe el estado de alarma. No puedo dar un dato concreto, porque cada comunidad las tramita de forma distinta. En cualquier caso, el sector estrella son los viajes y los vuelos.
Si tengo un billete de avión de un viaje cancelado, la aerolínea me ofrece un bono y no lo quiero... ¿Deben devolverme el dinero?
Tienes derecho al reembolso si es un vuelo que ha cancelado la compañía o que se ha cancelado por el estado de alarma. La empresa puede ofrecer un bono, incluso con gratificación. Desde el ministerio animamos a los consumidores a los que les parezca una solución satisfactoria que lo hagan así, porque contribuirán a la reactivación de la economía. Pero en última instancia tienes derecho al reembolso.
Casi ninguna aerolínea da reembolsos ahora mismo.
Estamos en un momento muy inmediato. Las compañías aéreas están reorganizándose, colapsadas de reclamaciones. Sabemos que lo primero que ofrecen son bonos, pero todavía no se gestiona bien ese proceso en el cual debe quedar claro que el bono es una alternativa que se puede elegir o no. El derecho al reembolso está garantizado.
¿Han subido los precios en los supermercados? ¿Qué instrumentos tiene Consumo para vigilarlo? ¿No es competencia de Agricultura?
Los precios de alimentación se vigilan desde muchos sitios. El Ministerio de Agricultura hace un trabajo sistemático, pero las unidades de inspección de vigilancia de mercado de las Comunidades Autónomas también vigilan. Nosotros estamos vigilantes con el sector de la alimentación. Tenemos el foco ahí. Tenemos indicios de algunas subidas de precios, pero aislados. Estamos estudiando y preparados: si identificamos con fundamento que se están llevando a cabo prácticas abusivas, llevaremos adelante una política de regulación.
¿Los indicios son en algún producto concreto?
No. Me llegan informaciones dispersas: estudios que hacen organizaciones de consumidores [tanto la OCU como Facua han publicado informaciones], comunidades que dicen que ciertos frescos aumentan, pero que podría ser porque está acabando la temporada... En comunicación con Comercio hemos detectado que las ofertas que hacían algunas cadenas ahora no se hacen. Sin ser ilegal, repercute en que los precios no bajen. Es un sector complejo y lo estamos estudiando con detalle. No vamos a hacer ninguna actuación precipitada ni irreflexiva. Si encontráramos motivo para intervenir, intervendremos.
Como economista, ¿cómo cree que va a ser la recuperación y cuánto cree que tardará España en recuperarse?
Aunque no formara parte del Gobierno tampoco me atrevería a hacer una previsión. Pero hay cosas evidentes. La crisis sanitaria está generando un parón económico que tendrá repercusiones. La dimensión dependerá, en gran parte, de cómo seamos capaces a nivel europeo de articular la respuesta a este 'shock'. Si Europa es capaz de establecer mecanismos colectivos de defensa, la crisis será menor y la reactivación más rápida.
La otra clave es cómo protegemos a los sectores sociales y económicos más débiles durante el 'shock'. Se están estableciendo muchos paralelismos con la crisis de 2008, pero hay que ver la diferencia. Teníamos una economía funcionando que ha sido impactada. En la medida en que seamos capaces de que las partes más débiles aguanten y tengamos instrumentos, en los que nos tiene que ayudar Europa, podríamos estar en un escenario de salida en forma de V.
Los establecimientos deberán tomar medidas de seguridad para abrir: desinfección, mascarillas... ¿Podrán asumir ese coste?
Es aventurado imaginar un panorama que Sanidad aún no ha dibujado. La hoja de ruta continuará siendo como hasta ahora. Cuando se vayan dando pasos, Sanidad dictará cuáles son las condiciones de seguridad sanitaria que tienen que acompañarlos. Y el Gobierno garantizará que ciudadanía y empresarios tienen medios para llevarlos a cabo.
¿Puede darse la paradoja de que los establecimientos tengan que subir los precios para cubrir esos costes, aunque caiga la demanda? ¿Cómo será el consumo cuando salgamos?
Me parece temerario. Ese fenómeno puede operar, pero también pueden operar otros con un efecto contrario que lo contrarreste. Cómo se va a transformar el mapa económico y social de la normalidad depende de demasiados elementos como para hacer previsiones.
¿Se atrevería a estimar cuántos comercios quedarán por el camino?
No. Y no sólo por prudencia, sino porque todavía no se dan las condiciones para saber cuántos van a ser. Depende de cómo evolucione la crisis sanitaria y de cómo somos capaces de proteger esa hibernación del tejido productivo. Dependerá de eso cuántas actividades económicas se queden por el camino. Estamos todavía en mitad de la película.
¿Qué le diría al propietario de un bar, restaurante u hotel que nos esté leyendo, haya cerrado y aún no sepa cuándo volverá a abrir?
Le transmitiría apoyo y solidaridad. Y la confianza de que desde el Gobierno trabajamos para que la normalidad en esas actividades vuelva lo antes posible y para que el 'mientras tanto' sea lo menos lesivo posible. Por un lado, paciencia y prudencia; por otro, confianza. Cuando se puedan dar los pasos se darán. Mientras tanto, se tratará de garantizar el apoyo necesario para aguantar la travesía.