Primeras consecuencias de la macrorredada de Trabajo a las llamadas 'Big Four'. Aún a la espera de las sanciones que imponga la Inspección, las gigantes de las consultoras (Deloitte, PwC, EY y KPMG) ya han abonado “voluntariamente” más de “700.000 euros” a la Seguridad Social por horas extra irregulares, explican fuentes de Trabajo. También destacan que han implementado “sistemas de registros de jornada”, que hay que recordar que son obligatorios desde mayo de 2019.
Las 'Big Four' de la consultoría, sector conocido por sus excesos de jornadas y horas extra, fueron objeto de una actuación coordinada de la Inspección de Trabajo el pasado 15 de noviembre. De manera simultánea, se llevaron a cabo visitas de inspectores a las sedes de las cuatro grandes consultoras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de jornada de trabajo y de horas extras, incluido el cumplimiento del registro horario obligatorio.
Fuentes de Trabajo explican que “los expedientes siguen abiertos” y, por lo tanto, aún están pendientes las posibles sanciones de la Inspección y las liquidaciones que imponga por las horas de trabajo no declaradas (y no cotizadas a la Seguridad Social).
Pago “voluntario” a la Seguridad Social tras la redada
No obstante, el Ministerio responde a este medio que “hasta la fecha se han registrado avances en materia de liquidación voluntaria de horas extra por más de 700.000 euros”.
Es decir, se trata de una cantidad de dinero que estas empresas no habían pagado a la Seguridad Social y que, de momento, ya han abonado a las arcas públicas a la espera de la resolución de la Inspección.
“Todo ello sin contar posibles infracciones que puedan imponerse una vez finalice la actuación inspectora”, añaden en Trabajo.
Registro de jornada, con cuatro años de retraso
Además, el departamento de Yolanda Díaz destaca que “las cuatro empresas mencionadas han implementado sistemas de registros de jornada a raíz de la actuación inspectora”.
El registro diario de la jornada laboral de todos los trabajadores es obligatorio desde mayo de 2019, por lo que las 'Big Four' estarían acatando el marco legal con cuatro años de retraso.
También “se ha impulsado la firma del convenio colectivo estatal de empresa de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”, añaden desde Trabajo, como otro de los avances laborales posteriores a la actuación coordinada de la autoridad laboral.