Las 'black' o cómo el periodismo puede luchar contra la corrupción

Las tarjetas black están vistas para sentencia. Han sido 26 sesiones de agonía judicial para los 65 acusados que culminaron ayer con la última palabra de el exministro socialista Virgilio Zapatero, abogando una vez más por su inocencia. El tribunal presidido por la jueza Ángela Murillo tendrá que decidir ahora sobre uno de los delitos más sencillos que han pasado por las salas de la Audiencia Nacional: apropiación indebida. El florido verbo de los más de 40 letrados de las defensas (flor y nata de los juristas madrileños) ha alargado cuatro meses la duración de un proceso que juzga una forma de hacer las cosas, pero también una época de la historia reciente en España.

Los abogados han empleado en ocasiones casi dos horas para defender la inocencia de clientes tan ilustres como un vicepresidente del Gobierno y director gerente del FMI, Rodrigo Rato, un exministro, Virgilio Zapatero –al que el fiscal ve “próximo a la exculpación”–, dos exsecretarios de Estado, Estanislao Rodríguez Ponga y José Manuel Fernández Norniella, un exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno o un expresidente de la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar. Todos utilizaron una tarjeta de empresa para gastos personales. La formación, los títulos y la responsabilidad de la representación pública no impidieron a los 65 acusados actuar con “rapiña y pillaje”, según las palabras del fiscal Alejandro Luzón, en una de las principales entidades financieras que además acabó en quiebra.

La “actitud primitiva y depredadora” que el fiscal observa en los beneficiarios de las tarjetas black fue posible gracias a una omertà consistente y continuada en el tiempo que se iba traspasando de usuario en usuario. El uso de las tarjetas opacas está acreditado desde 1998, cuando entra como presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, hasta 2012, cuando Rodrigo Rato dimite días antes del rescate de la entidad, ya convertida en Bankia. Muchos acusados, como el propio Rato, se escudaron en “la costumbre” para explicar por qué habían usado y aceptado la tarjeta sin cuestionarse éticamente su existencia.

Todos los que eran alguien en la caja sabían que había unos plásticos que no se declaraban, que se disfrutaban en especies y que en muchos casos engrasaban voluntades. Pero ni unos ni otros (tampoco los que la rechazaron o apenas la usaron) denunciaron el saqueo al que sus consejeros y directivos sometían a la entidad por la vía de quemar los plásticos con el dinero que les habían encomendado administrar. El halo de secreto que caracterizó al uso de estas tarjetas ayudó a este “pillaje”.

Este silencio cómplice hubiera permitido que el rescate bancario enterrase la existencia de las black para siempre. Rato se encargó de que las tarjetas desaparecieran antes del hundimiento de Bankia. Su sistema de doble contabilidad –las tarjetas se imputaban a una cuenta de errores informáticos que prácticamente las hacía desaparecer por el sumidero financiero de la entidad– y el hecho de que no constaban en ningún acta ni registro oficial, conformaban el mecanismo perfecto para que este pequeño desfalco, casi una travesura dentro de un rescate de 20.000 millones de euros, nunca hubiera salido a la luz.

Pero no hay crimen perfecto, ni en las novelas ni en la vida real. La tradición oral con la que se perpetuaban las tarjetas opacas de Caja Madrid dejó de ser suficiente cuando se fue extendiendo su uso entre directivos y miembros de diferentes comisiones de control. Llegó a haber casi un centenar de estas tarjetas, cuya logística implicaba un alto grado de complejidad al dotar a cada usuario de diferentes privilegios: con pin, sin pin, diferente cuantía, créditos anticipados, extensión de la tarjeta y una larga variedad de características que se fueron descubriendo durante el juicio y que desconocían hasta los propios usuarios.

Este intrincando sistema necesitaba al fin y al cabo de algún soporte documental que, como en el caso de un relevo en los órganos de control, dejara constancia de las prebendas que había recibido cada consejero.

“Asunto: Confidencial”

“Me preguntas, a instancias del Presidente, por las remuneraciones en los órganos de gobierno/administración. [...] Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1.350 euros brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora…

Este es parte del texto del correo electrónico que el secretario saliente del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, le escribía a Jesús Rodrigo el 1 de septiembre de 2009 para sellar el traspaso de funciones en Caja Madrid. Un texto poco cordial dentro de la batalla por el control de la entidad, en el que Miguel Blesa aparecía en copia. Una misiva que probablemente en su día consideraron irrelevante y que finalmente terminó siendo la punta del iceberg que permitió descubrir toda la red clientelar tejida alrededor de aquellas tarjetas “black a efectos fiscales”.

El correo llegó a las manos de eldiario.es dentro de la gran investigación periodística de Los Correos de Blesa que este medio lideró en diciembre de 2013, a partir de una filtración de una fuente anónima derivada por el Partido X. La prueba que finalmente ha llevado a Rato y a Blesa al banquillo no salió publicada ni el primer ni en el segundo día de la investigación. No era un correo sencillo de entender ni una noticia fácil de digerir. “Los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas de crédito en negro de hasta 50.000 euros al año” se tituló aquel artículo, fechado un 13 de diciembre y que ni un solo medio en España replicó.

El silencio de los medios estuvo a punto de reproducir la misma omertà que habían disfrutado los usuarios de las black durante años. Los titulares de las tarjetas opacas contuvieron la respiración para que aquella historia durmiera pronto en las hemerotecas. Y por un momento pareció que iba a ser así. Pese a que en la era del periodismo digital las noticias pueden tener una vida mucho más larga que en el papel, aún están a merced de corrientes invisibles que las empujan y que establecen la diferencia entre lo que es viral, lo que marca agenda, y lo que no lo es.

Aquella publicación desde luego no marcó agenda. Lo hicieron los safaris, los vinos y los coches de Miguel Blesa, cuyas impúdicas fotos sobrecargaban sus correos. Las tarjetas en negro lograron algún tuit, un puñado de “me gustas” y cayeron en el olvido. Una vez más, los 65 acusados abrazaban la suerte.

Pero al gabinete del presidente de Bankia llega esta revista, la misma que tiene usted entre sus manos, y la publicación del correo (para que vean si aún resiste la influencia del papel) alarmó en la entidad financiera. Los excesos del presidente de la caja no se habían investigado en un primer momento porque no se habían cargado a la tarjeta de empresa. Era su sueldo y con él Blesa podía hacer, con más o menos gusto, lo que quisiera. Pero utilizar plásticos fraudulentos ya eran palabras mayores. Y la entidad se puso a investigar.

Tirando de aquel hilo, de aquel hallazgo periodístico, se descubrieron muchas otras cosas. Al final resultó que en bastantes ocasiones la caja sí había pagado esos viajes de lujo y fantasía (depredadora) que no estaban cargados a la tarjeta oficial pero sí a este medio de pago en b. La auditoría interna de la entidad constató la capilaridad del uso de las tarjetas y los hechos acabaron en Fiscalía en junio del año siguiente.

86 investigados, 15 millones en gasto

El 1 de octubre de 2014 saltaba la noticia de que el Ministerio Público investigaba a 86 personas por haber gastado 15,5 millones de euros en unas tarjetas no declaradas. Se abrieron telediarios. Se llenaron primeras planas. Los boletines de la radio echaban humo.

Para un medio pequeño (eldiario.es no pertenece a ningún gran grupo ni tenemos inversores institucionales) sentar en el banquillo a personajes del tamaño de Rodrigo Rato o Miguel Blesa es una muesca de especial relieve bajo el lema de nuestra cabecera “periodismo a pesar de todo”. Es gasolina para seguir haciendo periodismo de investigación que detecte las corruptelas, los fraudes y el abuso de poder, no solo político, también empresarial.

Con la investigación más importante que llevamos a cabo en 2016, “Los Papeles de la Castellana”, sucedió algo muy parecido a la publicación de aquel correo. Apenas tuvo repercusión en otros medios y con muchos de los nombres que destapamos, sobre todo de empresarios, de nuevo reinó la ley del silencio. Pero ahora ya tenemos una comunidad muy fuerte que apoya el periodismo independiente y que sin necesidad de alaracas mediáticas ha sabido defender y compartir este trabajo

La lucha contra la corrupción en todas sus vertientes debe tener como aliado al periodismo. Tiene que ser una de nuestras prioridades. Contar lo que no quieren que se publique. El caso de las black es un ejemplo de manual de cómo una investigación periodística puede quebrar hasta el mayor de los secretos.