Blackstone, fondo estadounidense que actualmente es el primer propietario de pisos en alquiler en España, considera que el Real Decreto que el Gobierno prevé volver a aprobar con medidas para este sector “provocará una paralización del mercado y un aumento de la inseguridad jurídica”, según informa Europa Press.
El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un nuevo decreto de alquiler en el que incluirá mejoras en los derechos de los inquilinos respecto al primer texto, que fue derogado con el voto, entre otros, de Unidos Podemos.
Así lo indicó el senior advisor del fondo, Claudio Boada, quien consideró “precipitado” regular en el mercado del alquiler, un sector “muy sensible” para millones de ahorradores, sin el necesario análisis para mejorar su funcionamiento, según su opinión.
Además, Boada considera que este nuevo Decreto del Gobierno implicará “una probable paralización” en el mercado y un aumento de la inseguridad jurídica en un mercado “muy importante para la economía”.
“El pequeño arrendador, que supone el 96% del mercado, paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el Real Decreto Ley”, apuntó.
En este sentido, Boada remarcó que el Decreto se aprobará a escasos días de la disolución de las Cortes y supondrá que, en menos de tres meses, el mercado habrá estado sometido a tres legislaciones diferentes, “lo que genera inseguridad jurídica en todos los operadores del mercado”, la mayor parte pequeños ahorradores“.
Así, asegura que la previsible aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes de un nuevo Decreto Ley para regular el alquiler residencial, mediante el alargamiento de los contratos, ha causado “perplejidad” a los operadores, toda vez que el anterior se rechazó hace menos de un mes.
El primer ejecutivo de Blackstone en España aboga por que toda nueva regulación sobre el mercado del alquiler sea fruto de un “análisis sectorial riguroso” y de un debate entre todos los operadores de mercado. Por ello, cree que, si se quiere modificar el marco normativo del sector, el camino correcto es tramitar un proyecto de Ley una vez que se constituyan las nuevas Cortes Generales.