El Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el que fuera director general Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal continuada en relación con sobresueldos en la entidad.
Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, el auto se notificó a las partes hace unos días, aunque las mismas fuentes no han sabido concretar cuándo comenzará el juicio; la SER, que ha adelantado hoy la información, apunta a que será en junio.
El fiscal anticorrupción Conrado Saiz ha pedido cuatro años de cárcel para ambos, además de 8,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a pagar solidariamente, cantidad que deberán ingresar en la cuenta que establezca Bankia o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El abogado del Estado que representa al FROB, personado en la causa, se ha adherido a la solicitud del fiscal.
En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2007 y 2010, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época de Blesa como presidente.
El fiscal atribuye a Blesa y a Barcoj la responsabilidad del aumento irregular de las retribuciones, ya que el consejo de administración les responsabilizó de individualizarlas.
Asimismo, destaca el “conocimiento y consentimiento” de ambos en el modo de fijación de la retribución variable de los altos directivos, el exceso de aportaciones al plan de pensiones como “gratificación extraordinaria”, y los “pagos indebidos en relación con el cese” del que era su secretario, Enrique de la Torre.
Este percibió 2,89 millones de euros al cesar en su cargo, por lo que el fiscal lo considera partícipe a título lucrativo y propone que devuelva ese dinero; en ese caso, Blesa y Barcoj verán aminorada su responsabilidad civil en idéntica cantidad.
En diciembre de 2014 el FROB advirtió sobre las supuestas irregularidades, después de encargar una auditoría forense a la empresa Price Waterhouse Coopers.
Dos años de instrucción han llevado a la Fiscalía a sostener que Blesa incrementó el sueldo de nueve directivos de Caja Madrid un 16 % en 2008 de manera arbitraria, sin tener en cuenta el parecer del consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento de tan sólo un 4,5 %, que en cualquier caso debía ser respaldado por la Comisión de Retribuciones.
Blesa, según el Ministerio Público, no solo incrementó los salarios cuatro veces más de lo pactado, sino que lo hizo sin informar a dicha comisión.
En su escrito, Anticorrupción concluye que Miguel Blesa y el resto del comité de dirección de Caja Madrid percibieron entre 2008 y 2010 un total de 8,5 millones de euros de forma “irregular” mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas que repercutieron en la caja cuando eran computables a los directivos, e indemnizaciones por despido.