Los grupos parlamentarios que integraron el bloque de investidura, salvo el PSOE, respaldan las enmiendas presentadas por 150 organizaciones sociales y sindicatos a la futura Ley de Vivienda, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria. Un respaldo que llega del socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos; además de Más País, ERC, EH-Bildu, CUP, Compromís y BNG.
“La Ley de Vivienda, a día de hoy, no es útil”, ha asegurado la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, a las puertas del Congreso de los Diputados. Una falta de utilidad que se percibe tanto a la hora de bajar los alquileres como al garantizar el derecho a la vivienda“.
En total, las 150 organizaciones sociales, entre las que están los sindicatos de inquilinos, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), el movimiento Nadie sin Hogar, también los sindicatos CCOO, UGT, CGT y organizaciones como el Consejo de la Juventud de España o Facua, entre otras.
Arcarazo ha recalcado que la presencia del conjunto del bloque de investidura, salvo el PSOE, refleja los grupos sin los que no es posible sacar adelante la nueva regulación; aunque no todos harán suyas el conjunto de las 60 enmiendas.
Más medidas para frenar los desahucios
Si las presenta en bloque, las 60, Más País, según ha indicado el diputado y portavoz de la formación, Íñigo Errejón. Mientras, Unidas Podemos se centrará en los cambios ligados a un control de precios efectivo en los alquileres y en incorporar a la ley medidas adicionales para frenar los desahucios, según ha indicado su diputada Pilar Garrido. De esta forma, buscarían acelerar el plazo de hasta 18 meses para elaborar y poner en marcha un índice de precios del alquiler en zonas tensionadas, donde los alquileres están disparados.
La portavoz del Sindicat de Llogateres ha señalado que el actual “brutal encarecimiento de la vida”, desde hace tiempo, ya se percibía en los precios del alquiler y que España es uno de los países europeos donde se tiene que destinar un mayor porcentaje del sueldo al pago de la vivienda.
Se necesita que “se regulen de verdad los alquileres y que se equiparen con los salarios”. También ha señalado que el tope a la subida de precios, del 2%, incluido en el Plan de choque para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania demuestra que sí se pueden incluir medidas adicionales en el control de las rentas.
Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha instado a regular para reconocer el derecho a “reclamar judicialmente el cumplimiento del derecho a la vivienda” y a tomar medidas adicionales en la creación de un escudo social porque, en los dos últimos años, pese a las medidas que tomaron por la pandemia, se han llevado a cabo más de 57.000 desahucios.
“Pedimos al PSOE que negocie con sus socios, trataremos de incorporarlos”, ha indicado respecto a la tramitación de la Ley. Bien “dialogando con ellos”, bien con “movilizaciones”, ha asumido Morote.
Por su parte, Miguel Carrera, portavoz del movimiento Nadie Sin Hogar, ha calificado el proyecto de Ley como “el timo de la estampita”. “No hay garantías, puede haber desahucios sin alternativa habitacional; no baja alquileres y sigue habiendo acuerdos de cesión a grandes tenedores. Es inaceptable”, ha resumido.