Sin acceso a las cuentas bancarias ni uso de tarjetas de crédito. Hacienda se ha sentado hoy con las principales entidades bancarias de España a explicarles cómo deben aplicar la orden publicada por el BOE el sábado para arrebatar el control financiero a Catalunya y que entra en vigor el martes 19 de septiembre.
El martes, cuando pasen 48 horas hábiles desde la publicación del texto en el BOE, la Generalitat deberá remitir al Ministerio de Hacienda un listado con todos los pagos pendientes de desembolsar como, por ejemplo, las nóminas de los funcionarios. La Generalitat deberá remitir una extensa información con las cuentas y los proveedores que deben seguir cobrando después de que entre en vigor el que no pueden seguir usando su presupuesto excepto para los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales).
“Si la Generalitat no cumple con los plazos, los pagos no llegarán a tiempo”, recuerdan fuentes de Hacienda. Para que el cerco financiero sea total los bancos son agentes indispensables en toda esta operativa. Así, deberán controlar que no se hagan pagos con las tarjetas de crédito de la Generalitat, cuyo extracto se remitiría después del 1-O, demasiado tarde para escapar del control de Hacienda. Aún no está claro cómo se va a hacer técnicamente este control. Sí es algo más claro que si se pide hacer una transferencia, el banco debe pedir la declaración de la intervención general de que es un abono que valida el Estado ya que no está destinado a pagar ninguna actividad relacionada con el referéndum.
De estas y otras complejidades técnicas debatieron hoy las entidades bancarias con Hacienda en una reunión con las asesorías jurídicas de los bancos. Las entidades más expuestas a esta nueva orden son BBVA y La Caixa que se adjudicaron el servicio de Tesorería de la Generalitat.
Por lo pronto, el martes Hacienda se ha comprometido en enviar a los bancos unos documentos “tipo” de declaración responsable que son los que deben adjuntar este tipo de operaciones. Fuentes financieras aseguran que llevará varios días implementar toda esta complejidad. En el caso de las tarjetas, abogan porque ante la duda de cómo se usan las bloquearán todas.
Según fuentes de una de las entidades catalanas que han asistido a la reunión, el encuentro ha sido de tanteo. Los representantes bancarios han pedido información sobre los certificados, procedimientos y actuaciones que deben poner en marcha para cumplir con una normativa totalmente novedosa y de la que no hay precedentes.
Los bancos se consideran “meros intermediarios” que no pueden más que cumplir la legalidad y con escasa capacidad de movimiento frente a un mandato gubernamental. La entidad catalana consultada por el momento no ha bloqueado ninguna cuenta bancaria relacionada con el proceso.
En general, ayer cundía la sensación de improvisación y de desconocimiento. El Banco de España tendrá que colgar mañana en su web la orden que los bancos deben cumplir, pero el propio supervisor estaba estudiando hoy la norma antes de concluir cuál eran las órdenes que debía trasladar a sus supervisados.
En los departamentos jurídicos de las entidades financieras ha habido suspicacias sobre la obligación de tener que cumplir la orden ya que no tiene rango legal. Fuentes financieras entienden que en realidad Hacienda les está pidiendo “colaboración” pero que deben estudiar detenidamente cómo aplicar un texto que no tiene encaje legal por el momento y que puede llevar a paralizar operaciones de sus clientes.
Consecuencias para empresas y autónomos proveedores
Tampoco está claro qué consecuencias tendrá no cumplir con las advertencias de Hacienda. En el caso de empresas o autónomos que provean de bienes y servicios a la Generalitat para realizar el referéndum, Hacienda dice que trasladará que ha detectado esta actuación a Fiscalía para que determine si existe delito. En el caso de los bancos, Hacienda se ampara en la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que recoge sanciones por infracciones administrativas.
Por su parte, expertos en financiación autonómica consideran “bastante cogido por los pelos” que el Gobierno invoque la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para tomar el control sobre las finanzas catalanas, ya que esta norma fue diseñada para controlar que las comunidades no incumplieran sus objetivos de déficit y deuda. De hecho, sus medidas coercitivas nunca han llegado a ponerse en marcha cuando las CCAA han sobrepasado el límite de gastos y endeudamiento (en el caso de Cataluña, lleva incumpliendo sus objetivos de déficit desde 2003). Sin embargo, el Gobierno ha decidido poner en marcha sus preceptos más extremos en un caso con más carga política que presupuestaria.