20 años no es nada, decía el tango de Gardel. Antonio Brufau celebra este domingo su vigésimo aniversario como presidente de Repsol en un momento de alta tensión, con la primera petrolera española encabezando la ofensiva del sector para frenar la prórroga al impuesto extraordinario que el Gobierno puso en marcha durante la crisis energética junto con el de la banca y que expira en diciembre.
Tras el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, el Ejecutivo prometió convertir en permanente a partir del año que viene lo que en el sector se denomina “impuestazo”, reformulándolo y eximiendo a las inversiones en tecnologías limpias. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que hasta apenas hace una semana el Ejecutivo tenía negociada toda la reforma fiscal que debe presentar a Bruselas. De hecho, la incluyó en el plan fiscal remitido a la Comisión Europea la semana pasada. Pero esa negociación se ha torcido y el tiempo apremia para el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda ha ganado unos días de margen, hasta el 30 de octubre, para negociar con los grupos enmiendas a un proyecto de ley que debe transponer el tipo mínimo global del Impuesto de Sociedades al 15% y que pretende utilizar para convertir en permanentes los impuestos a banca y energéticas.
El Gobierno enfrenta las fuertes reticencias de dos de sus apoyos parlamentarios clave, el PNV y Junts, fundamentales en sendos territorios muy relevantes para Repsol por su peso industrial allí, Euskadi y Catalunya. En Tarragona, la multinacional tiene pendiente de confirmar una inversión de 1.100 millones de euros un proyecto pionero para convertir residuos urbanos en combustible que ha sugerido que puede acabar llevándose a Portugal. El futuro del tributo, en suma, está en el aire, reconocía el jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y es previsible que, aun en el caso de que continuara en vigor, se quede muy descafeinado.
Repsol, consciente de que el Gobierno no tiene garantizados esos apoyos en el Congreso, ha redoblado en los últimos días su campaña de presión para tumbar el gravamen. En su concepción actual, ha tenido un coste de cerca de 800 millones para la petrolera: 444 millones en 2023 y 335 millones en 2024. La compañía vio como la explosión de precios del crudo que provocó la invasión rusa de Ucrania convertía a su filial de refino en la empresa con más facturación de España en 2022, por delante de Mercadona. Ha sido la más afectada por esta “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”, que se aplica sobre las ventas (no sobre el beneficio) y que tiene recurrida en la Audiencia Nacional como el resto del sector.
Y ha vuelto a desenterrar la amenaza de deslocalizar inversiones multimilllonarias. En una muy poco habitual tribuna publicada simultáneamente en varios medios, el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, arremetía hace unos días contra la “demagogia fiscal” del Ejecutivo. El viernes, se unía al coro Cepsa. La segunda petrolera en España, controlada por el emirato de Abu Dhabi, ha paralizado 3.000 millones de inversión en el conocido como valle andaluz del hidrógeno hasta que el Gobierno aclare si va a mantener o no, y cómo, el impuesto. La víspera, la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que representa a todo el sector del refino, ponía en cuestión 16.000 millones de inversiones en España hasta 2030, un esfuerzo que “un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar”.
En esta guerra de mensajes y amenazas la voz cantante la ha llevado Josu Jon Imaz, con Brufau en segundo plano. El de Mollerusa, que en marzo cumplió 76 años, es uno de los ejecutivos más relevantes de la empresa española de los últimos 25 años. Dejó sus responsabilidades ejecutivas en la multinacional en abril de 2015, tras acceder un año antes a separar los cargos del presidente del consejo y el de primer ejecutivo, que quedó en manos del ex líder del PNV. Una maniobra similar la de otros colegas del Ibex como el presidente de Enagás, Antoni Llardén (nombrado en 2004, como Brufau, y que dejó de ser ejecutivo en marzo de 2022) o Josep Oliú (Banco Sabadell), que lo hizo en 2021.
Brufau llegó a la presidencia de Repsol con 56 años. En aquel momento, España llevaba unos meses gobernada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras el shock del 11-M y las mentiras de José María Aznar sobre los atentados islamistas. El protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático estaba en su fase final de ratificación. Repsol finalizaba los trabajos de extracción del fuel que quedaba en el pecio del Prestige, hundido frente a la costa gallega en noviembre de 2002. Un desastre medioambiental con el que la petrolera no tuvo ninguna relación, y cuya carga contribuyó a sacar “por su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente” y a petición de la Administración española, como recogía su informe anual de aquel año.
En 2004, Repsol era muy diferente a la actual. Su capitalización en Bolsa era de unos 31.800 millones. Era la energética más valiosa de España y una de las mayores compañías del Ibex. Hoy es la decimocuarta compañía del selectivo. Vale unos 14.000 millones, muy por detrás de Iberdrola (88.000 millones) y por debajo de Naturgy (22.500 millones) o Endesa (unos 20.700 millones).
Entonces la petrolera tenía como accionista de referencia a La Caixa, clave en la designación de Brufau, director general de esa entidad desde 1999 hasta 2004. Le nombró consejero de Repsol en julio de 1996 y le aupó a la presidencia de Gas Natural (actual Naturgy) entre 1997 y 2004. Brufau sustituyó en la gasista (que entonces tenía a Repsol como accionista de referencia) a Pere Duran Farell, el histórico empresario que tuvo la visión de diseñar y emprender el gasoducto entre Argelia y España.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Brufau había aterrizado en La Caixa procedente de la auditora Arthur Andersen, la antigua Deloitte, que se fue a pique con el escándalo de la eléctrica estadounidense Enron en 2002. En esta firma (que auditó las cuentas de Repsol hasta que desapareció) inició su trayectoria profesional y acabó siendo socio director de auditoría. Al ilerdense se le consideró un hombre cercano al Partido Socialista Catalán (PSC) cuando llegó a la presidencia de Repsol para sustituir a Alfonso Cortina, que había sido colocado como primer ejecutivo de la compañía por su amigo Aznar tras la privatización de la compañía.
El de Mollerusa es uno de los jefes del Ibex que el año pasado acudió a la fiesta privada que Aznar celebró en el Teatro Real de Madrid para celebrar su 70 cumpleaños. Las ha visto de todos los colores desde su nombramiento como presidente en la petrolera: sobrevivió al asalto de Sacyr al capital (en 2006), al frustrado intento de entrada de la rusa Lukoil (en 2008), a la pinza de la constructora con la mexicana Pemex (en 2011) y a la traumática expropiación de la argentina YPF en 2012. Ha permanecido en Repsol tras la salida de la petrolera de Naturgy en 2018 y tras abandonar Caixabank el accionariado de la petrolera en 2019. Hoy Repsol no tiene accionistas españoles de relevancia. Los únicos paquetes de cierto peso son los del gigante Blackrock (6%) y Norges Bank (5%).
Brufau también salió indemne de su imputación en 2021, junto al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en una de las piezas del caso Villarejo, por los servicios contratados al comisario jubilado para que espiara presuntamente en 2011 y 2012 a Luis del Rivero, entonces máximo responsable de Sacyr. Las diligencias contra los dos ejecutivos se archivaron en 2022. Durante el procedimiento, un informe del área de Compliance de la propia Repsol apuntó a “la intervención de Antonio Brufau en la contratación de Cenyt”, la empresa de Villarejo.
El presidente de Repsol fue reelegido por última vez en la junta de mayo de 2023, con un mandato que vencerá en 2027, cuando tendrá 79 años. En 2019 apuntó a 2023 como la fecha en la que dejaría la presidencia, pero acabó quedándose. En estas dos décadas, ha recibido de Repsol, por todos los conceptos (sueldo, acciones, plan de pensiones y bonus) unos 70 millones de euros. En 2023, su retribución fue de 2,8 millones, un 34% más. Esta cifra le convierte, con amplia diferencia, en el presidente no ejecutivo mejor pagado del Ibex, con una retribución superior a la de muchos ejecutivos. Su mejor año fue 2011, justo antes de la expropiación de YPF, cuando recibió 7 millones.
Cifras que, en cualquier caso, palidecen en comparación con las de, por ejemplo, Ignacio Galán, primer ejecutivo de Iberdrola, que se ha embolsado cerca de 200 millones en sus 23 años al frente de la compañía vasca. Galán y Brufau están entre los primeros espadas del Ibex que más tiempo encadenan en sus puestos en el selectivo, junto al presidente de ACS, Florentino Pérez, Rafael del Pino (Ferrovial), José Manuel Entrecanales (Acciona) y los ya citados Oliú y Llardén.
Repsol tiene un plan estratégico que fija una inversión de entre 16.000 y 19.000 millones netos en cuatro años, destinando más del 35% a iniciativas bajas en carbono. La empresa, con más de 25.000 empleados en 35 países, trata de exprimir su negocio de refino, el pulmón de su cuenta de resultados, aunque los márgenes en España se han desplomado en este tercer trimestre un 70% interanual por la caída del crudo. Todo esto, mientras crece en tecnologías verdes, con aliados de postín como Amancio Ortega, fundador de Inditex.
El grupo cerró el primer semestre con 3.118 MW renovables instalados, un 54,6% más que un año antes. Prevé invertir entre 3.000 y 4.000 millones netos para desarrollar orgánicamente su cartera global de proyectos renovables y alcanzar entre 9.000 MW y 10.000 MW de capacidad instalada en 2027. Ya tiene 2,4 millones de clientes de electricidad y gas en España y Portugal. Es el cuarto operador de este mercado en España.
La multinacional fue la primera gran petrolera que se fijó el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050. Lo hizo coincidiendo con la Cumbre del Clima que acogió Madrid a finales de 2019. Pero, mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proclamaba hace unos días la llegada de la “era de la electricidad”, Brufau se encarga de dejar muy claro en todas sus intervenciones públicas, en las que hace gala de su “pragmatismo”, que los hidrocarburos van a seguir presentes, “nos guste o no nos guste, durante muchísimos años”. “En 2100, en la matriz energética, el petróleo y el gas -no el carbón- continuarán estando ahí”, decía en mayo. También ha negado que en Repsol sean “retardistas ni negacionistas”, en respuesta a las críticas de la todavía ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Muy crítico con la política energética de la UE, también ha arremetido contra los objetivos que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de España. Considera que son “tecnológicamente inviables”. Cree que “hay que aplaudir el liderazgo por reducir emisiones, pero no a cualquier precio”. Y ha cuestionado la prohibición en Europa del fracking, la denominada fractura hidráulica, mientras el continente importa hidrocarburos extraídos con esta técnica en Estados Unidos.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.