La Comisión Europea abre una investigación a Renfe por competencia desleal en la venta de billetes electrónicos. Bruselas sospecha que la compañía pública ha abusado de su posición dominante en el mercado al negarse a proporcionar su contenido y datos en tiempo real a otras plataformas de venta, como páginas web o agencias de viajes online.
“La Comisión teme que Renfe pueda haber restringido la competencia en el mercado español de servicios de venta de billetes ferroviarios en línea al negarse a proporcionar a las plataformas de venta de billetes de terceros: el contenido completo de su gama de billetes, descuentos y opciones; y los datos en tiempo real (previos al viaje, durante el viaje o posteriores al viaje) relacionados con sus servicios de transporte ferroviario de pasajeros.
La Comisión Europea recuerda que Renfe sí da esa información en sus propias páginas web o aplicaciones, pero no se las proporciona a las demás plataformas que ofrecen a los usuarios servicios de búsqueda, comparación, reserva y pago. “Estas plataformas necesitan tener acceso al contenido íntegro de Renfe y a los datos en tiempo real para adaptar sus ofertas a las necesidades de los clientes”, señala la Comisión, que considera que esa situación puede suponer una competencia desleal en detrimento de los consumidores.
La negativa de Renfe a compartir esa información podría suponer una violación del artículo 102 del tratado de la UE, que considera “incompatible con el mercado interior (...) la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo”. El texto legislativo recoge expresamente la imposición de precios de compra-venta, la limitación de la producción, la aplicación a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; o subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto de dichos contratos.
Renfe y las autoridades ya están avisadas del procedimiento, que comienza ahora una andadura que no tiene un plazo legal concreto dado que la “duración de una investigación de defensa de la competencia depende de una serie de factores, entre ellos la complejidad del asunto, la cooperación de las empresas con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa”, según informa la Comisión.