Ayudas públicas inmediatas a hogares y empresas afectadas por los precios disparados de la factura de la luz a corto plazo. Y, a medio plazo, evaluar la conveniencia de las compras conjuntas de gas y las reservas estratégicas, sendas propuestas del Gobierno español y francés. La Comisión Europea ha presentado este miércoles el conjunto de recomendaciones a los Estados para responder ante la crisis energética, y ha anunciado el estudio de otras nuevas para finales de año. Eso sí, no parece que haya tomado aún decisiones “audaces y contundentes” como las que pedía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al final, Bruselas parece fiar a la inversión en renovables y su mayor peso en el consumo la autonomía energética y la rebaja en los precios.
La próxima semana, los jefes de Estado y de Gobierno abordarán la crisis energética en el Consejo Europeo del 21 y 22 de octubre. De momento, la vicepresidenta de Transición energética, Teresa Ribera, ha afirmado: “Las propuestas no abordan la excepcionalidad de la situación en la que estamos, con medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos por delante”.
En relación con las medidas urgentes –entre las que no se encuentran las peticiones de Madrid y París–, Bruselas señala en su llamada toolbox –caja de herramientas– el margen de los gobiernos para rebajar los impuestos y tasas en la medida de lo posible, así como ayudas de Estado, principalmente para pequeñas y medianas empresas. La toolbox aborda el impacto actual y se centra en las medidas a corto plazo disponibles de forma inmediata.
Y en relación con las segundas, con el medio plazo y con vistas al paquete sobre el gas que se presentará a finales de año, Bruselas anuncia que estudiará medidas –algunas de las propuestas por España– para mejorar “la preparación ante shocks en los precios y suministros”. En este sentido, el Ejecutivo comunitario tiene sobre la mesa acelerar la cuota de las renovables, y en relación con el suministro, “examinar en profundidad las reservas, las compras conjuntas y el mercado eléctrico”.
Bruselas reconoce que el almacenamiento ya se sopesó en el pasado, pero terminó descartándose: “Volveremos sobre ello sin prejuicios con vistas al paquete de gas de diciembre. El marco actual, que es de 2019, está funcionando bien, pero lo analizaremos”.
Sira Rego, portavoz de IU en la Eurocámara, ha dicho: “Son medidas insuficientes para resolver realmente el problema. La Comisión no cuestiona el verdadero problema de que los precios de la luz estén en niveles record. Ese problema se llama modelo de precios marginalista, del que la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha hecho una defensa a ultranza”.
“La solución a largo plazo pasa por repensar nuestro mix energético hacia las renovables. Debemos mejorar las interconexiones que, por ejemplo en España están por debajo del objetivo del 10%, y crear un mercado energético competitivo y con menos barreras de entrada”, ha afirmado la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís.
Francia es uno de los países, junto con España, que más está presionando para reformar el mercado eléctrico, en particular lo que se refiere al sistema marginalista por el que la energía más cara marca el precio final, en este caso el gas. No obstante, Bruselas tiene dudas sobre esa desvinculación, porque defiende que esos “beneficios caídos del cielo” permiten a las renovables acelerar su desarrollo y aumentar la producción y su cuota en el mix energético. España, en todo caso, ya está legislando para repercutir parte de esos beneficios caídos del cielo en rebajas en la factura de la luz.
La Comisión Europea está preocupada por que el debate de la crisis energética no derive en el cuestionamiento de la transición energética, cosa que ya está haciendo Hungría, por ejemplo. Por eso expresa su preocupación por “la transición justa” y ayudar a las familias vulnerables. “Hay medidas verdes que no entran en funcionamiento hasta 2026, por lo que no se les puede culpar de los picos de precio, y la pobreza energética es algo real en estos momentos. Además, los Estados cuentan con 26.300 millones derivados del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS), que aumentará con las nuevas legislaciones europeas”.
En todo caso, la Comisión Europea asegura que “no hay riesgos de falta de gas en este invierno, según las consultas realizadas con los proveedores. Según las previsiones del mercado, a partir de marzo los precios deberían volver a una situación normal”.
Uno de los asuntos que preocupan en la UE es la dependencia de Rusia con el gas. En este sentido la Comisión Europea está hablando con Ucrania, país con buena capacidad de almacenaje de gas. Y señala a Gazprom: “Es una empresa que suele cumplir sus contratos, pero en este momento de crisis no ha aumentado los suministros, quizá por razones del mercado, por el aumento de los precios de Asia, por las necesidades de Rusia... En todo caso, creemos que Gazprom es una empresa de la que se puede esperar un aumento de suministros en un momento como este”.
Medidas a corto plazo
Bruselas concreta un número de medidas que pueden adoptar los Estados de forma inmediata: dar ingresos de emergencia para los consumidores con escasez de energía, por ejemplo, mediante vales o pagos de facturas parciales, que pueden financiarse con los ingresos de ETS; autorizar aplazamientos temporales de pagos de facturas; aplicar salvaguardas para evitar desconexiones de la red; proporcionar reducciones temporales y específicas en las tasas impositivas para los hogares vulnerables; proporcionar ayuda a empresas o industrias, de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales; mejorar el alcance internacional de la energía para garantizar la transparencia, liquidez y flexibilidad de los mercados internacionales; investigar posibles comportamientos anticompetitivos en el mercado de la energía y solicitar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que mejore aún más el seguimiento de la evolución del mercado del carbono; facilitar un acceso más amplio a los acuerdos de compra de energía renovable y apoyarlos mediante medidas complementarias.
“Estas medidas”, dice Bruselas, “podrían financiarse en parte con los ingresos generados por las subastas de derechos, gravámenes e impuestos del ETS sobre los precios de la energía, así como mediante impuestos medioambientales. En el contexto actual, los ingresos del ETS superiores a los esperados pueden utilizarse para financiar las necesidades imprevistas de apoyo social específico. Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión del ETS ascendieron a 26.300 millones de euros”.
Medidas a medio plazo
Entre las medidas que la Comisión Europea sopesa a medio plazo, se encuentran: aumentar las inversiones en energías renovables, renovaciones y eficiencia energética y acelerar subastas de energías renovables y procesos de obtención de permisos; desarrollar la capacidad de almacenamiento de energía para reforzar la participación de las energías renovables en evolución, incluidas las baterías y el hidrógeno; pedir a los reguladores europeos de la energía (ACER) que estudien los beneficios e inconvenientes del diseño del mercado eléctrico existente y propongan recomendaciones a la Comisión Europea cuando sea pertinente; considerar la posibilidad de revisar la regulación de la seguridad del suministro para garantizar un mejor uso y funcionamiento del almacenamiento de gas en Europa; explorar los beneficios potenciales de la adquisición conjunta voluntaria por parte de los Estados miembros de reservas de gas; crear nuevos grupos regionales transfronterizos del gas para analizar los riesgos y asesorar a los Estados miembros sobre el diseño de sus planes nacionales de acción preventiva y de emergencia; impulsar el papel de los consumidores en el mercado de la energía, empoderándolos para elegir y cambiar de proveedor, generar su propia electricidad y unirse a las comunidades energéticas; adoptar un libro de reglas para la ciberseguridad de la electricidad; proponer, en diciembre de 2021, una Recomendación que proporcione más orientación a los Estados miembros sobre la mejor manera de abordar los aspectos sociales y laborales de la transición verde.
“Las medidas tienen como objetivo dar una respuesta al actual aumento de los precios de la energía y contribuirán a lograr una transición energética socialmente justa y sostenible”, afirma la Comisión Europea: “Los Estados miembros pueden actuar y ya están adoptando una serie de medidas relacionadas con la fiscalidad, el apoyo directo a la renta y otras medidas orientadas a proporcionar un alivio a corto plazo a los problemas que el aumento de precios crea para algunos. A escala de la UE, se pueden tomar en el medio plazo una serie de medidas adicionales sobre almacenamiento, integración del mercado y comunidades energéticas para garantizar mercados energéticos más resilientes, mejor preparados para la volatilidad y los desafíos de la transición. Los avances en la eficiencia energética y las medidas para modernizar el sistema energético reducirán las facturas de energía a largo plazo”.