España no sale mal parada en el escenario macroeconómico: las cifras apuntan a una salida de la crisis que dejaron la pandemia y la guerra con el objetivo inédito de reducir el déficit por debajo del 3% a partir de 2024. Los deberes se han hecho y eso permite a la Comisión Europea dar al Gobierno un margen para aumentar el gasto primario hasta un 2,6% respecto al año anterior para mantener el ajuste fiscal. Pero cuando se bucea en los datos la imagen es más preocupante. Así lo reconoce la Comisión Europea en su evaluación sobre la economía española correspondiente a la primavera de 2023 en la que alerta de los altos precios de la vivienda y, especialmente, de los alquileres.
“La asequibilidad de la vivienda es una preocupación”, sentencia la Comisión Europea en el informe sobre el Plan de Estabilidad de España en el que usa un conjunto de datos demoledores sobre la situación de ese derecho fundamental. Uno de ellos es el dinero que los españoles tienen que dedicar a la vivienda y que empieza a ser peligroso cuando supera el 40% de los ingresos de la unidad familiar. En el conjunto de la UE ese ratio lo superan el 7,5% de los hogares mientras que la cifra aumenta al 9,9% en el caso español.
La situación es más sangrante en el caso de los inquilinos ya que se duplica: un 40,9% de los arrendatarios en España destinan por encima del 40% de su salario al alquiler frente al 21,2% de la media europea, según los datos que recoge el documento elaborado por el gobierno comunitario.
Los datos coinciden con los del Banco de España, que situó la vivienda como uno de los grandes problemas estructurales de la economía española, y apuntaba a que el 50% de los hogares que residen en viviendas de alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. “Es el porcentaje más elevado de la UE”, advertía la institución pilotada por Pablo Hernández de Cos.
“La creciente inflación y la decreciente asequibilidad de la vivienda –particularmente desafiante en el sector del alquiler de las áreas urbanas– afecta desproporcionadamente a los hogares vulnerables”, avisa la Comisión Europea a lo largo de las 81 páginas de prolijo informe. De hecho, una de las cifras que recoge es que ha aumentado el ratio de privación de vivienda del 1,5% en 2015 al 3,4%, en 2020.
La Comisión Europea advierte a España de que conseguir vivienda asequible es uno de los desafíos que tiene por delante, especialmente para los vulnerables, entre los que menciona a los jóvenes, las familias con hijos y las personas con ingresos bajos. De hecho, la vivienda se coló entre los diez principales problemas de los españoles en el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
En el otro lado de la moneda, el gobierno comunitario alude en varias ocasiones la intención del Gobierno de invertir 2.000 millones de euros para la construcción de 20.000 viviendas de alquiler social bajo el paraguas de los fondos de recuperación así como a la ley estatal de vivienda que aprobó definitivamente el Senado hace una semana. Esa norma, que el PP ya ha anticipado que no aplicará en las comunidades donde gobierna prevé mecanismos para establecer límites a los precios del alquiler en las zonas tensionadas y establece un 3% máximo de subida en 2024.
“En el actual contexto geopolítico incierto, acelerar la transición verde continuará siendo una prioridad clave. Además, se requiere más progreso en la sostenibilidad fiscal, abordar las barreras estructurales al crecimiento y productividad empresariales; afrontar asuntos sociales, como la asequibilidad de la vivienda y la pobreza infantil; la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y la economía circular”, resume la Comisión.
La Comisión da una de cal y una de arena en algunos de los avances sociales de España. Así, apunta a que el sistema de prestaciones ha mejorado pero critica el alcance que ha tenido: “Las transferencias siguen teniendo efectos limitados en la reducción de la desigualdad y la pobreza, la pobreza infantil en particular, que continúan altas en comparación y han empeorado en relación a los niveles de antes de la pandemia”, señala el texto, que argumenta que la mayoría de las políticas de apoyo a hogares vulnerables son “transferencias fiscales no reembolsables” dentro del sistema fiscal y que, a su juicio, “limita la efectividad para reducir la pobreza, en especial de familias con hijos”. Ahí recuerda que la reforma fiscal comprometida en el plan de recuperación “tiene el potencial de tener un impacto positivo en la progresividad fiscal y de apoyar a los hogares y familias con niños más vulnerables”.
“En general, hay margen para que una mejor actuación en política social que consiga el objetivo de España de reducir en 2,8 millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social para 2030 (en comparación con 2019), incluidos 713.000 menores de edad”, concluye el gobierno comunitario.
A pesar de que reconoce que se han tomado medidas para reforzar el sistema público de salud, otra de las advertencias que hace la Comisión es precisamente la falta de inversión sanitaria, que se encuentra por debajo de la media europea
Igualmente, la Comisión Europea menciona en varias ocasiones los frutos de la reforma laboral. “Bajo los resultados positivos de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021, se espera que la tasa de desempleo siga su descenso en 2023 y 2024”, pronostica el texto, que enfatiza la disminución de los contratos temporales en el sector privado. “La tasa de desempleo se redujo al 12,9%, que es la tasa más baja desde 2008”, se hace eco la Comisión antes de apuntar a que, aún así, sigue siendo el doble de la media europea “con bolsas estructurales de vulnerabilidad, incluyendo tasas altas de desempleo a largo plazo, de desempleo juvenil y de contratos fijos en el sector público”.
“España ha mejorado particularmente en igualdad de género, calidad de la educación y acción climática. Sin embargo, todavía tiene que ponerse al día con la media de bastantes Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en pobreza, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de desigualdades. Además, da pasos atrás en el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles”, apostilla el informe.
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