Ya sea por empresas interpuestas de contratas y subcontratas, filiales o subfiliales. Ya sea por las leyes de protección de datos. El caso es que Bruselas ha detectado problemas a la hora de identificar los destinatarios finales de los fondos europeos cuando estos son empresas extranjeras y sin poderes legales o notariales en el Estado que les adjudica un contrato –en este caso España–. Unos problemas que, según la Comisión Europea, deben resolverse con la futura Plataforma Central Europea, prevista en la directiva contra el lavado de dinero. Eso sí, “una vez que todos los Estados miembros estén conectados a ella”, afirma la Comisión Europea.
¿Y mientras tanto? España, según Bruselas, se ha comprometido a subsanar un problema que, aseguran fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por elDiario.es, “es común a todos los países, pero ha saltado antes en España porque es el país más adelantado” en la recepción y adjudicación de los fondos.
El Gobierno ha acelerado en el último trimestre la adjudicación de los fondos europeos que tenía presupuestada para el año 2021. En las cuentas de este curso incluyó una partida que rondaba los 24.200 millones de euros vinculada al Plan de Recuperación y Resiliencia. De esta cifra, al cierre de la pasada semana tenía ya autorizadas partidas y proyectos que corresponden al 78,6%, unos 19.000 millones de euros (el total de los fondos europeos previstos para 2021, sumando los 9.000 millones de prefinanciación ya entregados y los 10.000 que se esperan “en los próximos días”), según informan fuentes del Ministerio de Hacienda.
El objetivo es que esta cifra sea lo más cercana posible al 100% cuando concluya el año.
En expedientes ya iniciados y, por tanto, comprometidos, son unos 17.300 millones de euros, el 71,2% de lo que se encontraba presupuestado. Las obligaciones reconocidas, un concepto contable que correspondería a grandes rasgos al gasto ya ejecutado, son 14.963 millones de euros. Por último, las comunidades autónomas han recibido 11.247 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
“Control a medida”
El asunto, adelantado por ABC, tiene que ver con que el mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos europeos “requiere un marco de control a medida y adecuado por su naturaleza única como programa de la UE fundamentado en el rendimiento, en la consecución de hitos y objetivos”, explica Bruselas en una respuesta recogida por Nius y a la que ha tenido acceso elDiario.es: “Para el mecanismo, por tanto, el sistema de control nacional de los Estados es el principal instrumento para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea”.
Es decir, lo que preocupa a la Comisión es la escrupulosa gestión del dinero europeo, y afirma: “Los Estados miembros se comprometen a cumplir con las normas europeas y nacionales, incluidas las que tienen que ver con la prevención efectiva, la detección y corrección de conflictos de intereses, corrupción, fraude y doble financiación”.
Por tanto, los Estados miembros tienen que explicar los acuerdos relevantes en sus planes de recuperación y resiliencia. A partir de ahí, “la Comisión Europea evalúa si estos sistemas de control proveen suficientes garantías. Si se consideran insuficientes, el plan no puede ser aprobado”. Y en el caso de España fue aprobado con 10 sobresalientes y un notable.
Entre los mecanismos de control necesarios, figura que los Estados miembros deban recopilar los datos sobre los destinatarios finales de los fondos y ponerlos a disposición de quien los pueda solicitar, como el propio Ejecutivo comunitario, que es la fuente del dinero. Y, en este aspecto, la Comisión Europea ha “identificado en sus evaluaciones para la petición del pago del primer tramo ciertas deficiencias en los sistemas informáticos y en las disposiciones relacionadas con ellos para proteger los intereses financieros de la Unión”.
Esa petición de primer pago –de 10.000 millones– se hizo a mediados de noviembre y, un mes después, recibió la aprobación de la Comisión Europea, por lo que ahora corresponde a los Estados, a través del Comité Económico Financiero, dar el visto bueno definitivo. España es el primer país que pide ese primer tramo y también es el primero con el aprobado de la Comisión Europea a él. “Este problema lo ha identificado Bruselas con España por ser el primer país”, explican fuentes de Hacienda: “Es algo que afecta a todos”.
“El primer problema”, dice la Comisión Europea, “tiene que ver con la recopilación y almacenamiento de los datos de los beneficiaros, contratistas, subcontratas y destinatarios finales, de acuerdo con el artículo 22 del reglamento del fondo de recuperación [que versa sobre la protección de los intereses financieros de la Unión]”.
Bruselas explica que España está recopilando estos datos con la ayuda de la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado, incluyendo cuando el contratista –o el beneficiario efectivo– es una empresa extranjera con poderes registrados con un notario en España. “La deficiencia surge cuando la empresa extranjera no tiene poderes legales en España”, dice el Ejecutivo comunitario: “En el futuro, estos datos tienen que estar accesibles a través de la Plataforma Central Europea (creada de acuerdo con la directiva sobre lavado de dinero), una vez que todos los Estados miembros estén conectados a ella. Mientras tanto, España se ha comprometido a obtenerlos directamente de los contratistas y/o de las autoridades del Estado miembro correspondiente”.
El segundo asuntos problemático tiene que ver con el uso de los datos de los beneficiarios efectivos en la fase de implementación de los planes. “Mientras que la información de los beneficiarios reales es accesible en casos de auditoría”, dice la Comisión Europea, “por las normas de protección de datos nacionales no está aún disponible para las autoridades españolas implicadas en la implementación del plan de recuperación y resiliencia”.
Bruselas, en todo caso, afirma que “España se ha comprometido a establecer unidades de control específicas con acceso a los datos relevantes, con la responsabilidad de llevar a cabo los controles ex-ante [previos]. España ha propuesto una hoja de ruta para abordar las deficiencias identificadas en el diálogo con la Comisión”.