España es de nuevo el primer país en recibir el visto bueno de la Comisión Europea a otro tramo del plan de recuperación y resiliencia. ¿Y qué significa? Pues que Bruselas avala las reformas que ha hecho el Gobierno para recibir el tercer desembolso de los fondos europeos, que asciende a 6.000 millones de euros. Con esa cantidad, que ahora tienen que autorizar formalmente los 27, las arcas públicas españolas habrán recibido 37.036 millones de euros, lo que supone el 53% de las transferencias totales planeadas hasta 2026.
En esta ocasión, Bruselas da por aprobadas las 28 medidas que tenía que poner en marcha España en el primer semestre del pasado año para dar cumplimiento a 24 hitos y cinco objetivos recogidos en el plan de recuperación. Entre las reformas que se exigían estaba la ley concursal, con la que, entre otras cosas, se establece un procedimiento de segunda oportunidad para las empresas; la de Formación Profesional; la reforma para que los autónomos coticen según sus ganancias; medidas de lucha contra el fraude fiscal; avances en proyectos de I+D+i en el sector de la automoción; o el refuerzo en la lucha contra los incendios forestales, además de actuaciones para la mejora de la tasa de acceso al ingreso mínimo vital, proyectos para promover la igualdad en el deporte o el impulso cultural, entre otras.
Además, la Comisión Europea da por zanjado el seguimiento que estaba haciendo al hito 173, correspondiente al establecimiento de un sistema Integrado de Información del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el que cargar el propio plan e información sobre su aplicación y seguimiento de los objetivos, además de cuestiones como el resumen de auditoría y datos sobre beneficiarios de las ayudas. Aquel asunto quedó pendiente con el primer desembolso y la derecha alentó la posibilidad de que se congelaran los fondos europeos para España, algo que la Comisión Europea siempre ha negado. En todo caso, el asunto queda ahora zanjado al recibir la valoración positiva de la institución.
Solo España e Italia habían pedido el tercer desembolso del plan de recuperación. Hay países, como Holanda, Hungría, Bulgaria o Polonia que ni siquiera han recibido la prefinanciación por el retraso a la hora de presentar sus planes. España ha sido en todas las fases el socio más aventajado y el único que tiene el aval para ese tercer pago.
El Gobierno lo solicitó 11 de noviembre y acordó con la Comisión ampliar un mes más el plazo inicialmente previsto para obtener una respuesta con motivo del parón navideño. “Estamos trabajando intensamente, como siempre, con las autoridades españolas. Tienen el privilegio y también el problema de ser los primeros en el proceso del fondo de recuperación y resiliencia porque ya están en la tercera solicitud de pago”, expresó esta semana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la rueda de prensa en la que presentó las previsiones macroeconómicas, que prevén un crecimiento del 1,4% para España en 2023, cuatro décimas por encima de la estimación de hace unos meses y superior al de la media europea.
No obstante, el desembolso no será automático dado que ahora el resto de estados miembros tienen un mes para analizar las reformas. Con este 'ok' de la Comisión, España se convierte el país más avanzado en la ejecución del plan de recuperación que se acordó en 2021 para hacer frente a la pandemia al haber cumplido 121 hitos y objetivos de un total de 416. En términos monetarios, una vez que se desbloquee el pago, España habrá recibido más de la mitad de la cantidad prevista en el plan de recuperación. El PP lleva desde que se puso en marcha el mecanismo cuestionando la actuación del Gobierno con datos retorcidos, a pesar de la buena marcha que van confirmando las instituciones europeas.
“España ha dado otro paso importante en su camino hacia la recuperación”, expresa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que celebra las reformas para avanzar en la transición ecológica y digital: ¡Enhorabuena, España! Continúa con el buen trabajo, la Comisión está a vuestro lado“.
El aval de la Comisión al tercer desembolso se produce unos días antes de que una misión del Parlamento Europeo acuda a España a supervisar su ejecución. La delegación está pilotada por la eurodiputada conservadora alemana Monika Hohlmeier, que ha cuestionado la gestión del Gobierno. “No sé dónde está el dinero”, dijo recientemente la parlamentaria, manchada por la corrupción tras intermediar en favor de una amiga de la infancia que ganó 48 millones con la venta de mascarillas durante la pandemia. El Ejecutivo respondió a la misión en una carta en la que recordaba que el despliegue del Plan de Recuperación ha recibido el visto bueno e incluso la felicitación por parte de la Comisión Europea en varias ocasiones. “Está sujeto a los más altos estándares de auditoría y control”, señalaban la vicepresidenta Nadia Calviño y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la misiva.
Una vez logrado el visto bueno a este desembolso, el Gobierno afronta, eso sí, las reformas para solicitar el cuarto, que se le están resistiendo. Cuando el Gobierno presentó la primera parte de la reforma de pensiones, la Comisión Europea desbloqueó los 12.000 millones del paquete completo, pero expresó dudas sobre la sostenibilidad del sistema y advirtió de que evaluaría el conjunto de los cambios a la hora de para pagar el cuarto tramo: “Sería necesario abordar el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo de las medidas adoptadas”.
Con más de un mes de retraso sobre la fecha prevista, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está negociando a varias bandas -con la Comisión Europea, los grupos parlamentarios y, especialmente, con el socio minoritario; y los agentes sociales- los dos asuntos que quedan pendientes: el periodo de años para calcular la pensión y lo que cotizan los sueldos más altos. En cuanto a la cotización de los que más tienen, el ministro se ha abierto a incluir una “cuota de solidaridad” o “recargo” a los salarios más altos, medida que el Ministerio ha planteado ya en Bruselas, como adelantó El País.
Pero el principal escollo de la negociación está en el cómputo de las pensiones al que el Gobierno se comprometió con Bruselas en el marco del plan de recuperación. Escrivá no ha logrado convencer a los socios parlamentarios del Gobierno (ni tampoco a Unidas Podemos) sobre su propuesta de ampliación de los años para el cálculo de la pensión de los 25 a los 28 años. Tampoco a los sindicatos, que exigen una mayoría política para negociar esta cuestión, que no llega y está bloqueando el cierra de la reforma.
Las dudas de la Comisión Europea estaban en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aprobado en el primer bloque de la reforma, que consiste en una cuota adicional con destino a la hucha de las pensiones. Bruselas ha pedido que se estabilice este instrumento más allá de 2032, fecha en la que el Gobierno quería volver a analizar el estado del sistema de pensiones para acordar su continuidad. La intención es prolongarlo hasta 2050.