Bruselas avala el pago de otros 12.000 millones de los fondos europeos con dudas sobre la reforma de las pensiones

Bruselas avala el pago del segundo tramo de los fondos de recuperación: 12.000 millones de euros. El tramo va de la mano de la reforma laboral, y el desembolso se producirá una vez que los 27 ratifiquen la decisión de la Comisión Europea, para lo que disponen de un mes. Pero, al mismo tiempo, en la Comisión Europea cunde la preocupación por el mecanismo de sostenibilidad de las pensiones, que deberá evaluar el próximo año, una vez lo apruebe España a final del presente año. Para avalar el desembolso de este segundo tramo de 12.000 millones, el mayor de todos los que recibirá España, se han tenido en cuenta dos reformas de las pensiones: su indexación con el IPC y los incentivos para alargar la vida laboral y evitar las prejubilaciones. En este sentido, Bruselas considera correctos los cálculos del Gobierno del incremento del gasto (en torno al 2,7% del PIB) pero ve demasiado optimistas y poco realistas los cálculos del ahorro fiscal de las medidas para prolongar la vida laboral (entre el 1,1% y el 1,7% del PIB para 2050).

En todo caso, Bruselas ha dado su evaluación positiva del segundo tramo, si bien avisa al Gobierno español de que hay divergencias en torno al cuarto tramo, y que es necesario el consenso entre Madrid y Bruselas para que se libere ese dinero.

En su evaluación, la Comisión Europea afirma: “Esta reforma [indexación al IPC y prolongación de la vida laboral] es parte de un paquete integral de reformas bajo el componente 30 [reforma de las pensiones] que, entre otros, tiene el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo. Aunque la evaluación de la sostenibilidad fiscal de estas reformas no forma parte de este hito [para el desembolso del segundo tramo], España ha proporcionado información sobre el impacto fiscal de las medidas que ya han sido legisladas”.

Según Bruselas, “el mecanismo de equidad intergeneracional (hito 409) que sustituye al factor de sostenibilidad fue legislado en el marco de la Ley 21/2021. Las autoridades españolas han facilitado estimaciones de que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional sería fiscalmente neutral, mientras que los servicios de la Comisión Europea consideran que es probable que con el tiempo dé lugar a un aumento significativo del gasto público en relación con el PIB”.

“Para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del componente 30”, añade el Ejecutivo comunitario, “sería necesario abordar el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento satisfactorio de los hitos 409 (reemplazo del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional) y 410 (proyecciones actualizadas que muestran cómo las reformas previsionales acometidas en 2021 y 2022 aseguran la sostenibilidad fiscal a largo plazo). La necesidad de lograr el objetivo del componente 30 de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema (que se probará como parte del hito 410) también debe tenerse en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes en el componente 30, entre los que destacan el hito 408 (ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación), el hito n 411 (reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos) y el 415 (aumento de la base máxima de cotización)”.

El Gobierno ve “discrepancias poco significativas”

Fuentes de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones matizaron que “la Comisión Europea, tras analizar el primer bloque de la reforma, respalda absolutamente las medidas tomadas para cumplir los hitos del Componente 30. Ante una reforma de este alcance, la CE únicamente recuerda que quedan hitos por cumplir (que se están abordando) y plantea algunas cuestiones técnicas sobre el impacto futuro de algunas medidas, con discrepancias poco significativas”.

Además, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá explica que “la Comisión reconoce que queda parte del resto de las reformas por abordarse, si bien olvida mencionar que otro de los hitos comprometido, el impulso del segundo pilar a través de los planes de pensiones de empleo, se ha cumplido recientemente y muy pronto se cumplirá el referido a los trabajadores autónomos”.

El Ministerio hace una valoración muy positiva “del respaldo de la Comisión Europea a las medidas adoptadas hasta ahora” e insiste en que “la reforma es fruto del acuerdo social tripartito de 1 de julio de 2021, y da cumplimiento a las principales recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas por el Congreso en noviembre de 2020. La legitimación social y política de las medidas adoptadas se ve ahora reforzada más si cabe”.

El 30 de abril de 2022, la Comisión Europea recibió la segunda solicitud de pago por parte de España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), por valor de 12.000 millones de euros en transferencias. El plan integral de recuperación y resiliencia de España asciende a 69.500 millones de euros en transferencias. Los pagos dependen de que España complete las inversiones y reformas descritas en su Plan de Recuperación y Resiliencia. 

España ya recibió 9.000 millones en prefinanciación el verano pasado, y otros 10.000 millones a finales de 2021. Este segundo tramo corresponde al primer semestre de 2022.

La segunda solicitud de pago de España tiene que ver con los 40 hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo de la UE, que cubren varias reformas e inversiones en las áreas de transición verde y justa, mercado laboral, pensiones, conectividad digital e investigación. 

“Entre las áreas cubiertas se encuentran la sanidad, la educación, el apoyo a colectivos vulnerables, el emprendimiento y las microempresas, la prevención de la evasión fiscal y la fiscalidad verde, así como el gasto público eficiente y sostenible”, explica el Ejecutivo comunitario. 

La Comisión Europea ha dispuesto de dos meses para evaluar la solicitud. A continuación, remitirá al Comité Económico y Financiero (CEE) del Consejo de la UE su valoración preliminar sobre el cumplimiento de España de los hitos y objetivos necesarios para este pago: el Comité dispone de hasta un mes para analizar la evaluación de la Comisión.