Bruselas avala el plan presupuestario español. “En general, la Comisión Europea opina que el Proyecto de Plan Presupuestario para España se ajusta a las orientaciones presupuestarias contenidas en la recomendación del Consejo”, afirma el dictamen del Ejecutivo comunitario sobre el borrador presupuestario español (Draft Budgetary Plan) publicado este martes.
“Según las previsiones de otoño de 2022 de la Comisión, se espera que la economía española crezca un 4,5% en 2022 y un 1% en 2023, mientras que la inflación se prevé en un 8,5% en 2022 y un 4,8% en 2023”, relata el dictamen: “En cuanto a 2022, el Proyecto de Plan Presupuestario muestra una perspectiva equivalente a la previsión de la Comisión (crecimiento real del PIB del 4,4 %), ya que la recuperación del turismo supuso una fuerte contribución al crecimiento de la demanda externa a lo largo del año”.
“En 2023, ambos conjuntos de proyecciones esperan que la demanda interna sea el principal motor del crecimiento”, afirma Bruselas: “Sin embargo, el Proyecto de Plan Presupuestario español proyecta una expansión del PIB notablemente mayor en 2023, del 2,1%, es decir, más de un punto porcentual por encima de las proyecciones de la Comisión Europea, como resultado principalmente de una mayor contribución del consumo privado y la inversión que en la previsión de la Comisión”.
Además, “el Proyecto de Plan Presupuestario, si bien no prevé explícitamente el IPC armonizado, estima que el deflactor del consumo privado aumentará un 7,7% y un 4,1% en 2022 y 2023, respectivamente”. Por contra, “la previsión de la Comisión Europea para el IPC armonizado y el deflactor del consumo privado proyectan niveles superiores en ambos años (8,5% y 4,8%, respectivamente)”.
“En el mercado laboral”, así mismo, “en el Proyecto de Plan Presupuestario se proyecta una fuerte caída de la tasa de desempleo en 2023, mientras que las previsiones de la Comisión prevé que se mantendrá estable”.
“En general”, concluye Bruselas, señalando el optimismo del Gobierno con vistas al próximo año, “los supuestos macroeconómicos que sustentan el Proyecto de Plan Presupuestario español son plausibles para 2022, y marcadamente favorables en 2023”. En todo caso, el Ejecutivo comunitario afirma: “España cumple con el requisito de que el proyecto de presupuesto se basa en previsiones macroeconómicas aprobadas de forma independiente”.
En su dictamen, la Comisión Europea recuerda que “el 12 de julio de 2022, el Consejo de la UE recomendó a España que tomara medidas para garantizar en 2023 una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente primario financiado con fondos nacionales por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo, teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables por las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania”.
“España debería estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación”, advierte.
En este sentido, Bruselas indica que “en 2023, según las previsiones de otoño de 2022 de la Comisión, la orientación fiscal será contractiva (+1% del PIB). Esto sigue a una postura fiscal expansiva en 2022 (-3,4% del PIB)”. Así, “se prevé que el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de nuevas medidas de ingresos) en 2023 proporcione una contribución contractiva de 1,4 puntos porcentuales a la orientación fiscal. Esto incluye la reducción del impacto de las medidas energéticas en un 1,4% del PIB, y las medidas temporales y específicas de apoyo a los hogares y empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía representan el 0,5% del PIB de esta reducción”.
Así mismo, “se prevé que la contribución positiva a la actividad económica del gasto financiado por las transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la UE aumente en 0,3 puntos porcentuales del PIB en 2023 en comparación con 2022. Se prevé que la inversión financiada a nivel nacional proporcione una contribución expansiva a la orientación fiscal de 0,3 puntos porcentuales en 2023”.
“También se recomendó a España que ampliara la inversión pública para las transiciones verde y digital, y para la seguridad energética teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, haciendo uso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos de la Unión”, recuerda: “Para el período más allá de 2023, España debe seguir una política fiscal dirigida a lograr orientaciones fiscales prudentes a medio plazo, y garantizar una reducción de la deuda creíble y gradual y la sostenibilidad fiscal a medio plazo a través de la consolidación gradual, la inversión y las reformas”.
“España, alineada” fiscalmente
“Con respecto a los Estados miembros muy endeudados”, la Comisión afirma que los proyectos de planes presupuestarios de Francia, Grecia y España “se ajustan a las orientaciones presupuestarias contenidas en las Recomendaciones del Consejo de la UE”.
El proyecto de plan presupuestario de Bélgica, por su parte, “se ajusta en parte a la recomendación”, mientras que “el proyecto de plan presupuestario de Portugal corre el riesgo de estar en línea solo parcialmente con la recomendación”.
Po otro lado, “no se prevé que el crecimiento del gasto corriente primario de financiación nacional de Bélgica esté por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo. El crecimiento del gasto por encima del crecimiento potencial tampoco es el resultado de un apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania”.
Para Portugal, “se prevé que el crecimiento del gasto corriente con financiación nacional se acerque al crecimiento del producto potencial a medio plazo, suponiendo la reducción prevista de las medidas en respuesta a los altos precios de la energía, incluido el apoyo temporal y específico a hogares y empresas vulnerables. Por lo tanto, corre el riesgo de no estar en línea con la Recomendación del Consejo”.
Retirada de medidas anticrisis generales
La Comisión Europea reconoce que “España desplegó medidas energéticas como parte de la respuesta política de emergencia a los aumentos excepcionales de los precios de la energía”. Y señala: “Una prolongación de las medidas de apoyo existentes y/o la promulgación de nuevas medidas de apoyo en respuesta a los altos precios de la energía contribuiría a un mayor crecimiento en el gasto corriente neto financiado nacionalmente y a un aumento del déficit y la deuda pública previstos en 2023”.
“Por lo tanto”, concluye Bruselas: “Es importante que los Estados miembros centren mejor dichas medidas en los hogares más vulnerables y las empresas expuestas, para preservar los incentivos para reducir la demanda de energía y retirarlas a medida que disminuya la presión de los precios de la energía”.
En el informe de país de 2023 Bruselas realizará “una descripción completa del progreso realizado con la implementación de las recomendaciones específicas por país en el contexto de las recomendaciones que propondrá la Comisión en la primavera de 2023”.
En todo caso, Bruselas, señala que “se prevé que el crecimiento del gasto corriente de financiación nacional se sitúe por debajo del crecimiento del producto potencial a medio plazo. Por tanto, el crecimiento del gasto corriente primario con financiación nacional está en consonancia con la recomendación del Consejo”. Y añade: “España prevé financiar inversiones adicionales a través del fondo de recuperación y resiliencia y otros fondos de la UE, y también preserva la inversión de financiación nacional. El plan es financiar la inversión pública para las transiciones verde y digital, y para la seguridad energética”.
“En su Proyecto de Plan Presupuestario de 2023”, dice Bruselas, “España prevé que el déficit de las Administraciones Públicas de España disminuya del 5% del PIB en 2022 al 3,9 % del PIB en 2023, principalmente debido a unos ingresos fiscales fuertes y sostenidos que se espera que crezcan por encima del crecimiento del PIB nominal y también debido a la eliminación gradual de la mayoría de las medidas energéticas. Está previsto que la ratio de deuda de las administraciones públicas disminuya del 115,2% del PIB en 2022 al 112,4% del PIB en 2023. Estas proyecciones están en consonancia con las previsiones de otoño de 2022 de la Comisión Europea”.
En todo caso, la Comisión Europea señala que “las perspectivas de las finanzas públicas siguen sujetas a la gran incertidumbre que rodea a las proyecciones macroeconómicas, incluidos los riesgos macroeconómicos relacionados con la invasión rusa de Ucrania, las subidas de los precios de la energía y las continuas perturbaciones en la cadena de suministro”.
Bruselas, “preocupada” por la deuda, las pensiones y el paro
“En España persisten las preocupaciones relacionadas con las ratios de deuda sobre PIB de los hogares y las empresas no financieras, las administraciones públicas y el exterior, aunque retomaron su senda decreciente tras la crisis del COVID-19 con una fuerte caída de la deuda externa y privada en un contexto de fuerte PIB nominal crecimiento”, dice el informe del Mecanismo de Alerta sobre desequilibrios en relación con España: “La relación deuda pública/PIB es muy alta y el déficit fiscal es considerable, a pesar de una leve mejora. La tasa de desempleo, aunque sigue siendo alta, ya está por debajo de los niveles anteriores a la crisis y se espera que se mantenga estable el próximo año”.
“Las preocupaciones sobre la sostenibilidad externa persisten a pesar de algunas mejoras”, afirma el informe del Mecanismo de Alerta: “La posición de inversión internacional neta negativa (PIIN) mejoró sustancialmente, hasta el -71,5 % del PIB en 2021, principalmente debido a los fuertes efectos de valoración positivos y al elevado crecimiento del PIB nominal. La PIIN seguirá mejorando, aunque a un ritmo más lento. Se espera que la fuerte temporada turística mejore la balanza de servicios y compense parcialmente el deterioro de la balanza comercial de bienes, incluida la energía, en 2022”.
La Comisión señala “algunas preocupaciones sobre la competitividad de costes laborales unitarios nominales (CLU), que aumentaron ligeramente en 2021 y se prevé que aumenten aún más con el aumento de la inflación subyacente”.
Bruselas también indica que “las preocupaciones relacionadas con la relación deuda/PIB de las empresas no financieras continúan, aunque se encuentra en una senda decreciente. Disminuyó moderadamente, al 80% en 2021 y continuó disminuyendo en la primera mitad de 2022, pero existen factores de riesgo asociados al entorno macroeconómico. Se mantiene por encima de los puntos de referencia tanto prudenciales como fundamentales y todavía es 8 puntos porcentuales más alto que en 2019. La relación deuda de los hogares/PIB sigue estando por encima, pero cerca de los puntos de referencia prudenciales y basados ​​en los fundamentos, y vuelve a la senda decreciente”.
Así mismo, “las preocupaciones relacionadas con la deuda pública siguen siendo altas. Disminuyó levemente en 2021, alcanzando el 118,3% del PIB, y se prevé que vuelva a disminuir en 2022 y 2023. El déficit público se mantuvo elevado, aunque se redujo al 6,9% en 2021. Se prevé que disminuya aún más en 2022 y 2023”. Así, en cuanto a la sostenibilidad fiscal, “los riesgos son altos a medio plazo y medianos a largo plazo, también en parte debido a los costes relacionados con el envejecimiento de la población”.
Es decir, Bruselas alerta de gastos derivados con las personas mayores, como las pensiones –cuyo sistema de sostenibilidad está pendiente de aprobarse y está vinculado a los fondos europeos– y el gasto social.
El Ejecutivo comunitario también habla de las “debilidades del mercado laboral”, que “siguen siendo motivo de preocupación, a pesar de las notables mejoras”.
“La tasa de desempleo se redujo sustancialmente durante la última década, pero sigue estando entre las más altas de la UE, con un 14,8 % en 2021, especialmente entre los segmentos de jóvenes y trabajadores a largo plazo”, afirma el documento comunitario: “Se pronostica que disminuirá en 2022, pero permanecerá prácticamente sin cambios después. Las tasas de paro juvenil y de larga duración siguen estando entre las más altas de la UE, a pesar de las rápidas caídas recientes. La resiliencia del mercado laboral se beneficia de las reformas emprendidas como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, apoyando el mercado laboral en el contexto de un deterioro de las perspectivas económicas”.
Dudas sobre el impuesto a la banca
De acuerdo con el informe periódico de supervisión posterior al programa de ayuda financiera –al rescate en tiempos de Mariano Rajoy– concedida a España en la pasada crisis, “la economía española continuó expandiéndose en 2022 a pesar de las crecientes perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, pero se espera una rápida desaceleración en 2023 en medio de altas incertidumbres con riesgos crecientes”.
“El déficit público y la deuda en 2022 han mejorado, ayudado por un sólido desempeño de los ingresos, pero el alto déficit subyacente y el elevado nivel de deuda siguen siendo una fuente de vulnerabilidad”, afirma Bruselas: “El sector bancario se ha mantenido resistente, ya que no se han materializado los posibles efectos de riesgo después de la expiración de las medidas de apoyo público implementadas durante el período de la pandemia, pero los efectos de segunda ronda derivados del aumento de los precios de la energía y las tasas de interés requieren una estrecha supervisión”.
La Comisión concluye en los informes de supervisión de Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal que los cinco Estados miembros conservan la capacidad de pagar su deuda.
“El impuesto a la banca temporal, actualmente en discusión en el Parlamento, es probable que afecte negativamente la rentabilidad de los bancos en los próximos años y pueda reducir su capacidad de generar capital orgánicamente”. Así se expresa la Comisión Europea en el informe de supervisión: “Se espera que el gravamen bancario tenga impacto en los beneficios de los bancos, y el potencial para la generación de capital orgánico en el futuro próximo también podría ser más limitado”.
“Es clave que el diseño final de la tasa sea proporcionado y evite injustificadas consecuencias sobre la estabilidad financiera y sobre el sector financiero”, concluye Bruselas.
Recomendaciones para la eurozona
Según Bruselas, los Estados de la zona del euro deberían “seguir coordinando las políticas fiscales para respaldar el regreso de la inflación al objetivo a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo; mantener un alto nivel de inversión pública para fomentar la resiliencia social y económica y apoyar las transiciones ecológica y digital; garantizar que el apoyo brindado a los hogares y las empresas que se encuentran bajo estrés financiero debido a la crisis energética sea rentable, temporal y esté dirigido a los vulnerables, en particular las PYME”.
En ese sentido, las recomendaciones de Bruselas sugieren “establecer un sistema de precios de energía de dos niveles, que asegure incentivos para el ahorro de energía, reemplazando las medidas de precios de base amplia. Bajo este sistema, los consumidores vulnerables podrían beneficiarse de precios regulados”.
Bruselas también recomienda “fomentar la evolución de los salarios para proteger el poder adquisitivo de los asalariados, limitando al mismo tiempo los efectos secundarios sobre la inflación; desarrollar y adaptar el sistema de apoyo social según sea necesario; mejorar aún más las políticas activas del mercado laboral y abordar la escasez de formación”.
La Comisión Europea, así mismo, pide “garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y fortalecer el diálogo social”, así como “mejorar aún más el entorno empresarial y preservar la estabilidad macrofinanciera”.