La Comisión Europea ha vetado este miércoles la venta de O2, filial británica de Telefónica, a la china Hutchison al considerar que la adquisición provocaría una subida de precios, perjudicaría la innovación en el sector de las comunicaciones móviles y afectaría a las posibilidades de elección de los consumidores de Reino Unido.
El Ejecutivo comunitario anunció en octubre del año pasado una investigación en profundidad de la transacción, que habría combinado O2 y Three, en manos de Hutchison Whampoa. Telefónica había cerrado en marzo un acuerdo con el grupo hongkonés para la venta de su filial por 10.250 millones de libras esterlinas. Con esta operación, la multinacional española pretendía reducir su deuda en unos 15.000 millones de euros.
Bruselas ha determinado tras su análisis de la operación que la venta habría eliminado a un competidor importante del mercado y habría dejado solo a dos operadores de redes móviles (Vodafone y Everything Everywhere, de BT) para competir con la entidad fusionada. Además, la Comisión considera que las contrapartidas ofrecidas por Hutchison no resolvieron las “serias reservas suscitadas por la adquisición”.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha señalado que “permitir que Hutchison adquiriera O2 en las condiciones que proponía habría sido perjudicial para los consumidores del Reino Unido y para el sector de las comunicaciones móviles”.
“Nos preocupaba mucho que los consumidores tuvieran menos posibilidades de elección para encontrar un paquete de telefonía móvil que se ajustara sus necesidades y pagaran más que sin la operación. También habría obstaculizado la innovación y el desarrollo de la infraestructura de red en el Reino Unido, lo que supone un problema grave, especialmente en mercados en rápida transformación”, ha añadido en un comunicado.
Tres reservas
El departamento de Vestager ha argumentado su decisión a través de tres grandes reservas. La primera de ellas, que Three y O2, juntas, habrían sido líderes en el mercado con una cuota superior al 40% y habrían tenido “muchos menos incentivos para competir con Vodafone y EE”, lo que habría reducido las posibilidades de elección y la calidad del servicio para los consumidores británicos.
Además, Bruselas defiende que con la adquisición, los precios de las comunicaciones móviles minoristas habrían sido más elevados para todos los operadores del Reino Unido.
En segundo lugar, la Comisión subraya que la entidad fusionada habría formado parte de dos acuerdos de uso compartido de red (MBNL y Beacon) y que su papel en ambas redes habría debilitado a sus competidores y obstaculizado el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones móviles en Reino Unido, por ejemplo, con respecto al despliegue de tecnología de nueva generación (5G).
Por último, el Ejecutivo comunitario señala que la venta habría reducido el número de operadores móviles dispuestos a albergar a otros operadores en sus redes y que esto habría dejado a los operadores móviles virtuales existentes y potenciales “en una posición de negociación más débil para obtener condiciones de acceso mayoristas favorables”.
Hutchison ofreció contrapartidas para mitigar estas preocupaciones, pero el Ejecutivo comunitario considera que “no resolvían los problemas estructurales creados por la perturbación de los actuales acuerdos de uso compartid de red en el Reino Unido” y que tampoco suplían la competencia debilitada en los mercados de telecomunicaciones móviles minorista y mayorista.
En la misma línea, Bruselas opina que las medidas principalmente de comportamiento suscitaron gran incertidumbre en cuanto a su aplicación y supervisión efectivas, debido a que “era difícil definirlas con precisión y algunas dependían de que se acordaran otras”.
En definitiva, la Comisión concluye que las contrapartidas propuestas “no habrían podido impedir el probable impacto negativo sobre los precios, la calidad del servicio y la innovación de la red en el sector de las comunicaciones móviles en el Reino Unido como resultado de la adquisición”.
Telefónica compró O2 en 2005 por 17.700 millones de libras, unos 26.000 millones de euros al cambio de entonces, en la mayor compra de una empresa española en el extranjero. La desinversión vetada por la Comisión Europea se produce en vísperas del referéndum para la salida de Reino Unido de la UE y habría sido la mayor venta protagonizada por una compañía española en el exterior.