Luz verde de Bruselas a la excepción ibérica con la que España y Portugal tienen un tope al precio del gas con el que se produce la electricidad. La Comisión Europea ha aprobado la extensión planteada por los dos países hasta el próximo 31 de diciembre. La medida, activada de forma inédita con la crisis energética del pasado año, supondrá que el precio seguirá una senda lineal desde los 55 euros por megavatio hora hasta lo 65 que alcanzará a final de año. España y Portugal calculan que el mecanismo ibérico ha permitido un ahorro de 5.000 millones de euros entre junio de 2022, cuando se activó, hasta enero de 2023.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, tras una negociación con el gobierno comunitario, establece una subida progresiva del precio de referencia del gas natural, que irá aumentando desde los 56,1 euros de abril a razón de unos 1,1 euros mensuales (salvo en agosto, cuando se incrementaría en 1,2 euros). Bruselas limitó, eso sí, la aplicación del denominado mecanismo ibérico hasta finales de 2023 y no hasta diciembre de 2024, que era la pretensión de Pedro Sánchez, bajo el argumento de que las medidas puestas en marcha con motivo de la guerra en Ucrania vencen cuando acabe este año.
“Con los cambios aprobados hoy, España y Portugal podrán seguir manteniendo los precios de la electricidad asequibles para los consumidores de la Península Ibérica. La medida equilibra la necesidad de abordar los altos precios de la energía debido a la invasión rusa de Ucrania con el deber de proteger la integridad del Mercado Único. Los topes de precios mensuales prolongados y modificados permitirán una salida más suave de la medida, mientras protegen a los consumidores vulnerables”, señala la vicepresidenta a cargo de la política de competencia, Margrethe Vestager.
En un comunicado, la Comisión Europea recuerda que la puesta en marcha de esa medida responde a las particularidades del mercado mayorista eléctrico en la Península Ibérica, concretamente la limitada capacidad de interconexión que hace que los consumidores estén muy expuestos a los precios mayoristas provocando una “perturbación especialmente grave para las economías española y portuguesa”. En un momento en el que Bruselas ha comenzado a pedir a los 27 que vayan eliminando las ayudas expansivas que pusieron en marcha en la pandemia y que mantuvieron tras el estallido de la guerra en Ucrania, el gobierno comunitario recuerda que “temporal” y focalizada a hacer frente a “subidas de precios bruscas en el mercado de la electricidad”. Así, asegura que es “adecuada, necesaria y proporcionada”.
La excepción ibérica estará vigente mientras la UE negocia la reforma del sistema eléctrico, que va a ser una de las batallas de los próximos meses y, especialmente, de la presidencia española. Para el Gobierno, la propuesta de Bruselas, que sigue el planteamiento de las grandes compañías energéticas y satisface a Alemania, es insuficiente. Por ahora, los planes de Bruselas se quedan lejos de la gran reforma que prometió la presidenta, Ursula von der Leyen, el verano pasado, en los peores momentos de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania, cuando aseveró que “este mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo”.
Frente a esa ambición inicial, los técnicos comunitarios han optado por dejar tal y como está el grueso de la fórmula basada en el sistema marginalista (por el que la tecnología más cara marca el precio final), al entender que durante dos décadas ha funcionado bien. Y, tal y como se esperaba, apuestan por incentivar la contratación a largo plazo mediante los acuerdos bilaterales de compra de energía (los conocidos como PPA) y los denominados contratos por diferencias (CFD) para impulsar el despliegue de las energías renovables. También queda fuera la propuesta española de poner un precio fijo a las centrales hidráulicas y nucleares ya existentes mediante los denominados contratos por diferencias, para evitar los beneficios excesivos de estas tecnologías.
La compra conjunta de gas en marcha
Por otro lado, la Comisión Europea ha lanzado formalmente este martes la herramienta para la compra conjunta de gas, que dará servicio a los 27 y también a países como Ucrania, que se ha unido. Bajo el nombre AggregateEU, el nuevo sistema pretende agregar demanda para negociar conjuntamente y, así, abaratar las importaciones de gas de cara al llenado de los almacenes para el próximo invierno. La decisión la tomaron los estados miembros en plena crisis energética.
Ahora, las empresas interesadas tienen hasta el 2 de mayo para registrarse en la convocatoria y a mediados de mes se convocará una licitación para atraer ofertas de proveedores de gas de todo el mundo que satisfagan esta demanda. Por el momento se han interesado unas 70 empresas.
La intención de la Comisión Europea es que los acuerdos de compra lleguen antes del verano, que es cuando se tienen que llenar los almacenes para el próximo invierno, y que después de vayan haciendo licitaciones periódicamente. La UE se ha conjurado para que lo estados miembros tengan un mínimo del 15% de sus objetivos nacionales de almacenamiento de gas.
Este hito forma parte del compromiso de los Estados miembro de participar en la agregación de la demanda para un mínimo del 15% de sus objetivos nacionales de almacenamiento de gas- unos 13.500 millones de metros cúbicos al año- para estar preparados ante posibles crisis energéticas, como la que sufrió Europa el pasado año a raíz de la tensión con Rusia.