La Comisión Europea ha informado este jueves que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer completamente la directiva comunitaria sobre mercados financieros y de inversión conocida como Mifid II. El organismo ya había advertido previamente a España.
La norma entró en vigor en toda Europa en enero de este año, pero España no ha aplicado de manera completa esta nueva ley en su margo regulatorio. Bruselas considera que estas normas son “elementos cruciales” para el funcionamiento de los mercados de valores y el mercado único europeo. “Si los estados no transponen las normas, los inversores no pueden beneficiarse de la mayor protección que proporciona Mifid II”, apunta en un comunicado el ejecutivo comunitario.
La nueva ley comunitaria para este tipo de operaciones incluye una mejora de la gobernanza, venta o comisiones por parte de las entidades financieras a la hora de venta de instrumentos y fondos. Bruselas apunta que la no transposición de esta norma hace que los estados no puedan expedir las autorizaciones competentes para las actividades que no estaban previamente reguladas o lo estaban con normativas diferentes.
La Comisión acusa a España de “perturbar” el mercado único y limitar cuestiones como el “pasaporte” transfronterizo que se aplica a varias actividades y servicios de inversión. Bruselas recuerda que ya en septiembre del año pasado solicitó a varios estados miembros que transpusieran la Mifid II. En enero de este año, se enviaron dictámenes contra los estados que no habían cumplido. Hasta la fecha, Eslovenia no ha notificado ninguna medida relacionada con las Directivas en cuestión y España solo ha notificado la transposición parcial.
El caso de la Mifid II no es único en España. El Gobierno anterior acumulaba un retraso en más de media docena de directivas comunitarias que no había terminado de implantar, como esta que ahora llegará a la justicia comunitaria, la reforma de la ley hipotecaria o los medios de pago. El nuevo ejecutivo ha señalado su intención de acelerar estas normativas.
Ya cuenta con una orden ministerial para terminar de transponer la directiva comunitaria sobre cuentas bancarias básicas. España recibió por esta norma un aviso de sanción de cerca de 50.000 euros diarios hasta que se terminara de aprobar. Esta ley obliga a los bancos a ofrecer cuentas básicas sin vinculación y con unas comisiones limitadas, para evitar la exclusión financiera.